Fernández planea avanzar con el pacto social durante la transición

De resultar elegido el domingo próximo, Alberto Fernández no esperará al 10 de diciembre para instrumentar sus primeras medidas políticas y económicas. No bien arranque el período de transición -que se extenderá hasta el 10 de diciembre-, impulsará la creación, por ley, del Consejo Económico y Social, el ámbito que el actual candidato del Frente de Todos imagina para la articulación de las políticas más relevantes de su eventual gobierno.

"Todos miran el acuerdo económico y social solo como un acuerdo de precios y salarios, pero va mucho más allá de eso: el desafío que nos planteamos es articular políticas de Estado en torno a cuestiones básicas como endeudamiento, seguridad, educación, ciencia y tecnología, como también plantear normas tributarias a largo plazo. Aspiramos a que estas medidas reciban apoyo más allá del Frente de Todos y que podamos involucrar a [Roberto] Lavagna, al radicalismo, a todos los sectores", anticipa Sergio Massa, primer candidato a diputado del Frente de Todos y futuro presidente de la Cámara de Diputados si Fernández triunfa el próximo domingo.

Massa, uno de los hombres más cercanos e influyentes en el entorno de Fernández, será quien articule desde el primer día después de los comicios los acuerdos con la oposición para la sanción de las normas. Una de ellas sería la del Consejo Económico y Social: Massa imagina a Fernández convocando a los distintos sectores al acuerdo no bien asuma su mandato, si resulta elegido.

Confía en que la propuesta tendrá buena recepción en los demás bloques, incluso en Cambiemos. Emilio Monzó, el actual presidente del cuerpo y su amigo personal, será su enlace. Monzó no recalará por ahora en el Frente de Todos, pero ya hizo saber que propiciará una "oposición responsable y sensata" si el oficialismo es derrotado en las elecciones.

Para Massa, el aporte de Monzó será clave, no solo durante la etapa de transición, sino también a posteriori. El referente de Tigre es un convencido de que aunque el Frente de Todos alcance mayoría en ambas cámaras parlamentarias a partir del 10 de diciembre, esta no será suficiente para afrontar la complejidad económica y social que se viene.

Su obsesión, por ello, será ampliar la base de sustentación política de un eventual gobierno de Fernández, no solo para que las medidas que se adopten adquieran mayor legitimidad, sino también para compensar las eventuales disidencias internas que surjan en el futuro oficialismo.

"Tenemos que construir una coalición más grande y lo que no pudimos construir electoralmente por miedos o desconfianzas de las otras fuerzas políticas lo tenemos que construir desde el gobierno", pregona Massa, quien imagina la sanción de un paquete de reformas pensadas como políticas de Estado -por caso, las tributarias- que tengan validez de largo plazo. "Leyes sancionadas con mayorías agravadas y, por lo tanto, difíciles de ser modificadas", sostiene.

Puentes con la oposición

La convocatoria a sectores de la oposición no se limitaría a lo legislativo. Fuentes del Frente de Todos anticiparon a LA NACION que Fernández estaría dispuesto a convocar a figuras de la oposición a su gabinete o para ocupar algún organismo de control, como la Oficina Anticorrupción.

En efecto, en el documento final que elaboraron los equipos técnicos del Frente de Todos, que coordinan Nicolás Trotta y Virginia García y que será entregado en breve al candidato presidencial, figura la recomendación de que la Oficina Anticorrupción (OA) adquiera autonomía y autarquía financiera; también, que sea conducida por un funcionario independiente del gobierno de turno.

Hoy esta oficina depende del Ministerio de Justicia y su titular, Laura Alonso, responde al presidente Mauricio Macri, lo que despierta críticas no solo en la oposición, sino también entre los organismos no gubernamentales. A Fernández lo seduce la idea de marcar una diferencia con el macrismo en materia de corrupción, el talón de Aquiles de la gestión de Cristina Kirchner.

Algunas versiones periodísticas sugirieron que Ricardo Alfonsín sería el hombre elegido por Fernández para ocupar ese cargo. Alfonsín, un hombre crítico de la gestión de Macri y de la permanencia de su partido dentro de Cambiemos, negó que se le haya ofrecido ese lugar; él no aceptará ningún cargo sin la venia del radicalismo, aclara. Sin embargo, Alfonsín es, dentro del coro de voces de su partido, el que más alienta el diálogo con un eventual gobierno de Fernández, "única forma de afrontar la complejidad que se viene", asevera.

Dirigentes radicales como Martín Lousteau y Alfredo Cornejo coinciden en que de perder las elecciones deberá ejercerse una oposición "moderada y razonable", pero temen la influencia del fundamentalismo kirchnerista en las políticas públicas que se instrumenten.

La Comisión por la Memoria

Massa, en su papel de moderador y articulador de una coalición política más amplia, busca relativizar las acciones del kirchnerismo radicalizado. Así, la semana pasada criticó la actuación de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que encabeza Adolfo Pérez Esquivel, luego de que esta presentara un informe ante el juez Alejo Ramos Padilla en el que vincula a periodistas con "una red de espionaje ilegal utilizada para cometer delitos".

"Nosotros representamos como valor la libertad y la libertad de expresión y no tiene ningún sentido pretender revisar la tarea de los periodistas", enfatizó Massa.

El mismo tono utilizó cuando buscó desvincular un futuro gobierno de Fernández de los abusos cometidos en Venezuela. "La posición nuestra es muy clara -enfatizó Massa en Estados Unidos-. Negar lo que pasa en Venezuela es ser cómplice. En su informe, Bachelet describe una dictadura y cuando Fernández remite al informe de Bachelet describe su pensamiento".

En todo momento, Massa reivindica el liderazgo de Fernández. "Todos en el Frente de Todos tenemos claro que el presidente va a ser Alberto", insiste, como si intentara no solo disipar las dudas ajenas, sino también marcarle los límites al kirchnerismo radicalizado.