Fuerte protesta contra los despidos en la Cancillería por denuncias de acoso laboral

Pasado el mediodía de ayer, la tranquilidad habitual del edificio anexo del Ministerio de Relaciones Exteriores fue alterada. Cientos de trabajadores afiliados a la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) invadieron el hall con bombos y cubrieron el piso con papelitos y denunciaron el despido de nueve empleados , a través de telegramas enviados el 28 de diciembre.

"No es de peronista dejar a madres de familia en la calle en Navidad", dijo ayer Arturo Fanucci, delegado de UPCN. Con un fuerte discurso contra la gestión del canciller Héctor Timerman, el representante del gremio que dirige Andrés Rodríguez (enrolado en la CGT oficialista) anunció un plan de lucha y advirtió a las autoridades del ministerio: "Esto es sólo el comienzo del conflicto, porque vamos a ir hasta las últimas consecuencias". Y agregó: "El resultado de esta lucha va a definir las relaciones laborales de aquí al final de esta gestión, que puede ser en dos años o en seis meses".

Los despedidos, que siguieron con lágrimas las palabras del delegado de UPCN, recibieron el apoyo y el consuelo de sus compañeros.

El plan de lucha anunciado ayer incluirá el reparto de panfletos en oficinas, envío de cartas para explicar la situación a representaciones extranjeras en la Argentina y una carpa frente al Palacio San Martín. Estas medidas, indicó Fanucci, continuarán "hasta que los compañeros sean reincorporados".

Entre los cesanteados hay personas que habían denunciado acoso laboral. Una práctica que, afirmaron, es parte de una "persecución ideológica" de La Cámpora y personas cercanas al ministro de Economía, Axel Kicillof.

Entre las situaciones denunciadas hubo desplazamiento de funciones y reducciones salariales de hasta el 20 por ciento. Los afectados creen que se buscaba forzar su renuncia por no "estar encolumnados con el Gobierno".

Todos los despedidos tienen nueve o más años de trabajo en la Cancillería, pero con contratos anuales. Por esta razón, la decisión del despido se ejecutó con un telegrama en el que se les indicaba que su contrato no sería renovado.

La movilización sindical de ayer contó con la adhesión de delegados de ATE, el sindicato de trabajadores del Estado que depende de la CTA opositora de Pablo Micheli. Desde el estrado, Fanucci pidió dejar de lado la interna sindical para emprender acciones conjuntas. La delegada de ATE en el ministerio, Eva Farji, dijo a LA NACION que plantearon a UPCN una declaración conjunta y lanzaron un plan de lucha propio. Desde su perspectiva, "la base de la violencia laboral es la precariedad, porque deja a los trabajadores sin derechos que los protejan".

Una " vendetta"

Sin entrar en detalles, Fanucci dijo que los despidos fueron motivados por "capricho y encono personal, porque acá hay vendetta y pases de factura".

En el caso de las personas cesanteadas en el área económica de la Cancillería, hay una lectura clara sobre lo ocurrido: "La decisión fue impulsada por Verónica Ferraris [secretaria de Coordinación y Cooperación Internacional], quien despidió a personas con las mejores calificaciones tras proteger a su marido, que fue sumariado por expresiones racistas y acoso laboral". Hacían referencia a la trama de protección que favoreció a su esposo, Héctor Hugo Merlo, y mostró un ejemplar de LA NACION del 13 de septiembre pasado. A raíz de estas revelaciones, Merlo debió renunciar, por lo que algunos cesanteados entrevén "una venganza".

Según el testimonio de varios empleados, las situaciones de acoso laboral en la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales ocurren desde que la dirección quedó a cargo de allegados a Kicillof. En la secretaría se sucedieron Cecilia Nahón, actual embajadora en Estados Unidos; Augusto Costa, el reemplazante de Guillermo Moreno en Comercio Interior, y el actual titular, Carlos Bianco. Todos ellos responden al ministro de Economía.

Durante sus gestiones hubo denuncias sobre acoso laboral que, indican los damnificados, "no podrían ocurrir sin el apoyo del canciller Timerman". La presunta persecución y acoso laboral de empleados en la Cancillería ya motivó una denuncia penal, impulsada por la diputada Elisa Carrió.