Ganar o ganar: las razones del reencuentro de Alberto Fernández y Máximo Kirchner

Alberto Fernández improvisó un gesto de firmeza para anticipar que había convocado al ministro de Economía, Martín Guzmán, para reclamarle que enfocara su gestión en el control de los precios. Máximo Kirchner, Sergio Massa, Santiago Cafiero y Eduardo "Wado" de Pedro lo escuchaban entre milanesas, bifes y ensaladas en un salón de la Casa Rosada. Alguno sintió cierta incredulidad ante la actuación. Al rato, Guzmán atravesó los pasillos del edificio. Transcurría el mediodía del jueves. En el recuperado almuerzo de los jefes del Frente de Todos, la inflación había surgido como el desvelo central, la variable de la fragilidad económica de la Argentina. Pero la prioridad es electoral.

El Gobierno descartó una solución concluyente, estructural, para ordenar la economía. Nadie espere reformas profundas. El camino elegido es ir por sector, buscar atajos para acordar precios, contener las goteras con cacerolas en vez de cambiar el techo.

El motivo es simple: el objetivo que ordena a partir de ahora la estrategia del oficialismo es imponerse en las elecciones legislativas. Ese fue en definitiva el motivo convocante del almuerzo de la Casa Rosada. Y el resultado es el plan posponer para ganar. Las distorsiones de precios internos, la acumulación de subsidios o los desequilibrios fiscales son vistos como males menores frente a la preeminencia electoral.

"Si ganás las elecciones, podés hacer lo que quieras; si perdés, no podés hacer un carajo", resume con crudeza pragmática uno de los comensales del almuerzo. Todo lo demás deberá esperar en la Argentina, aunque los parches amenacen con hacer reventar el neumático en el futuro. Los jefes del Frente de Todos concluyeron que en 2021 la posibilidad de que el oficialismo triunfe en las elecciones se apoya en dos acciones: colocar pesos en los bolsillos y vacunas en los brazos.

El problema para Alberto Fernández y Cristina Kirchner es que los plazos se alargan. Las demoras en la provisión de vacunas alejaron en el horizonte el verano que había soñado el Gobierno. Ahora, la inmunización masiva deberá esperar al otoño, cuando como consecuencia de la estacionalidad acecha el riesgo de ascender en la colina de los contagios. La recuperación del mercado interno se retrasa. La inflación supera las previsiones de Guzmán. Y los bolsillos más pobres comenzaron a sentir el rigor de la falta de los ingresos de emergencia (IFE) y los ATP para las pequeñas empresas. Son los vientos que empujaron la cumbre de Fernández, Kirchner, Massa, De Pedro y Cafiero, y que lleva a disimular desacuerdos, "apretar los dientes" como ilustró uno de los presentes, posponer problemas y la decisión de negociar con la oposición una postergación de los comicios de octubre para ganar tiempo. Así llegar a las urnas con vacunas en los brazos, pisar los aumentos tarifarios y acordar frenos momentáneos en algunos precios para que la voracidad de la inflación se sienta menos en el bolsillo. Tapar las goteras.

A fin de año, el gobierno de Alberto Fernández le había dado a Guzmán el poder para avanzar con el equilibrio del gasto público y ordenar las variables económicas. Duró lo que un suspiro. Después, Cristina Kirchner le informó al Gobierno públicamente que iban a olvidarse de los equilibrios hasta que pasaran las elecciones. Había que alinear salarios y jubilaciones con los precios y las tarifas, postergar aumentos y acordar largos años de gracia para no pagarle al FMI. Se cree más en las amenazas al sector privado como método antiinflacionario, que en darle coherencia a la economía. Si los parches comienzan a reventar después de las urnas, ya no serán un problema para las prioridades políticas. Guzmán acató. El ministro de Economía ahora prepara un plan plurianual para cuando la política deje de marcarle urgencias. Ya se verá que piensa Cristina Kirchner de sus objetivos altruistas.

Los petroleros

La preeminencia electoral que determina los pasos del oficialismo obliga a disimular diferencias. O apretar los dientes, como lo expresan. Pero no fue suficiente para acallar el malestar de un sector del Gobierno con la conducción de La Cámpora en YPF y su autorización de aumentos en los combustibles. "En YPF, los muchachos de La Cámpora actúan como petroleros y después hablan de la revolución", estalló un funcionario la semana pasada. La respuesta desde La Cámpora fue cáustica: "YPF estuvo un año y medio sin aumentar y el primer incremento lo resolvió Guillermo Nielsen, que no era precisamente camporista". ¿El problema de la disputa son los precios o qué sector político controla la empresa? La puja se mantiene abierta. "Mejor que el ministro Martín Kulfas controle a los supermercados", retrucaron desde La Cámpora. Hasta ahora solo ganó la inflación.

La salud de la coalición gobernante no admite una derrota en las próximas elecciones. El peronismo tiene una infinita capacidad de tolerancia mientras le garanticen el triunfo. Por el contrario, ante la derrota se extiende el pánico y la disgregación. Y la principal jefa partidaria, Cristina Fernández, intuye además que una derrota política enviaría señales favorables a la Justicia para avanzar en los procesos por corrupción que la desvelan. Todo lo contrario a sus deseos.

Meses atrás, a los oídos de Cristina Kirchner había llegado el comentario de que la Corte Suprema preparaba un fallo para febrero contrario a su pretensión de anular la investigación sobre las adjudicaciones de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, más conocido como la causa Vialidad Nacional. Era una afrenta para su objetivo de eliminar de las faz de la tierra las causas que la tienen como procesada. De ahí que en los inicios del verano salieran voces del kirchnerismo periférico, como Luis D’Elía y Hebe de Bonafini, a plantear que la Justicia planeaba llevar detenida a Cristina Kirchner en febrero. No era solo la imaginación de los periféricos. Eran también las pesadillas de su jefa. El segundo mes del año llegó y la Corte Suprema se muestra lejos de incomodarla.

Está en la naturaleza: en los alrededores de la vicepresidenta brotan fácilmente las teorías conspirativas. Y los cristinistas no tienen reparos en usarlas como combustible de sus presiones públicas al Gobierno, aunque todos sean miembros de la misma familia política. Hubo un ejemplo reciente. Leopoldo Moreau, quien no escatima en gastos en la búsqueda del reconocimiento de su líder, exigió al Gobierno públicamente una "rápida reglamentación" del impuesto a la riqueza y recordó que se había sancionado el 4 de diciembre. Su intuición percibía una conjura para beneficiar a los ricos en el interior del propio oficialismo. Para llevar paz a su espíritu atribulado le hubiera alcanzado con llamar por teléfono a la Casa Rosada y enterarse que había tres dependencias diferentes, de la AFIP y el Ministerio de Economía, que trabajaban hace semanas en reducir en la letra de la reglamentación las gigantescas chances que tiene la ley de enfrentar una ola de demandas judiciales de los contribuyentes. Los técnicos del Gobierno intentaban salvar el impuesto. Pero comprender la realidad es menos gratificante que inventar enemigos en el universo psicológico del cristinismo.