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Impulsa el Gobierno otra ley de radiodifusión
Busca evitar la concentración de medios en una empresa
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El Gobierno prepara el borrador de un proyecto para modificar la actual ley de radiodifusión, que contempla, entre otras iniciativas, la creación de la figura del ombudsman para vigilar la relación de los medios con los consumidores, la reducción de las licencias de radio y televisión en poder de una persona física o jurídica y una mayor injerencia del Estado en el control de los contenidos.
La iniciativa, impulsada por el presidente Néstor Kirchner, también apunta a contar con un papel más activo de la prensa estatal y una redefinición del “modelo de gestión” periodística, tanto privada como del Estado.
Según confiaron a LA NACION tres fuentes que tienen diálogo directo con el Presidente, el proyecto será girado al Congreso en las próximas semanas. El texto está siendo pulido por el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, que no respondió las reiteradas llamadas que le hizo LA NACION para preguntarle por el tema.
Fuentes de la Casa Rosada y del Congreso se preocuparon por aclarar que la iniciativa no está planteada como una nueva embestida contra la prensa. Lo cierto es que el Gobierno trabaja el tema con sigilo.
El proyecto de la Casa Rosada toma algunos de los puntos de un proyecto de ley que elaboró el diputado oficialista Osvaldo Nemirovsci (Frente para la Victoria-Río Negro). Pero la propuesta del Poder Ejecutivo será mucho más amplia, según dijeron. Sucede que la intención del Gobierno es emitir una clara señal a la ciudadanía de que Kirchner está dispuesto a terminar con la actual ley de radiodifusión que se redactó en 1980 durante la dictadura y desde entonces sufrió muy pocas modificaciones.
El Gobierno avanza con este proyecto en un momento muy conflictivo de su relación con la prensa. Hace menos de una semana la senadora Cristina Fernández de Kirchner realizó una fuerte crítica a ciertos medios y periodistas por la información que dieron en relación a la polémica ley de superpoderes. Pero en la Casa Rosada aclararon que el proyecto de reforma de la ley de radiodifusión se trabaja desde mucho antes que la embestida de Cristina Kirchner.
Uno de los puntos del proyecto que mayor polémica originará sin duda será aquel que plantea una drástica reducción de la propiedad de las licencias de radio y televisión en poder de una persona física o jurídica.
Según las fuentes consultadas, la intención sería evitar la concentración de medios en una misma empresa. La ley actual prevé que una misma persona pueda contar hasta con 24 licencias de radio y televisión. Esta fue una modificación que hizo el gobierno de Carlos Menem. Es que el artículo original preveía sólo 4 licencias para una sóla persona física o jurídica.
"Tener en manos de una sola persona o empresa 24 licencias es un verdadero exceso que atenta contra libertad de opinión de la gente", dijo a LA NACION el diputado Nemirovsci. En la Casa Rosada añaden que "hoy existe un manejo de la realidad que se ejerce por uno o dos dueños de medios".
No está determinada aún la cantidad de licencias que habrá en adelante para una misma empresa. Pero las fuentes consultadas aseguran que será una situación muy lejana a la actual (de lo que se informa por separado).
Otros tiempos
Cuando LA NACION le preguntó al diputado Nemirovsci si esta postura del Gobierno no resultaba contradictoria con la decisión de Kirchner de haber prorrogado por 10 años todas las licencias de radio y televisión contestó: "Eso se hizo en otros tiempos para dar una mayor certeza y garantía al mercado pero hoy hay otra realidad".
En el Gobierno creen, por ejemplo, que buena parte de las protestas públicas por la inseguridad en las calles estuvieron "promovidas por algunos canales de aire y de cable", aunque se niegan a dar nombres.
La decisión del Poder Ejecutivo de reducir la posesión de licencias estará sujeta a un tiempo prudencial. Podría aplicarse sólo en los próximos cinco años. Esto lo estudian los abogados del equipo de Zannini para evitar eventuales juicios contra el Estado.
Otro de los puntos que contemplaría el proyecto oficial es crear la figura del ombudsman de los medios. Se trataría en este caso de una suerte de defensor de los usuarios que buscaría garantizar no sólo los derechos de los consumidores sino también la responsabilidad de quienes emiten la información. Entre las sanciones que este ombudsman aplicaría estará prevista la pérdida de licencia de una empresa.
En relación a la publicidad, el proyecto de ley del Gobierno tomaría la idea de Nemirovsci de establecer una mayor equiparación entre la publicidad que se emite en el cable y la de canales de aire. En relación a este tema se hará un mayor control de los contenidos. Es decir, se buscará que no haya cambios en los contenidos de una programación en función de la publicidad emitida.
"No hay intención de censurar a la prensa ni nada que se le parezca", se atajó una destacada fuente parlamentaria al explicar este punto.
En relación a los contenidos, la propuesta oficial prevé, que en el caso de la televisión y de la radio, se garantice un mínimo de contenidos orientados a los temas nacionales, lo locales y a la industria cultural.
Por último, entre los aspectos centrales de la iniciativa oficial, se establecerá una redefinición del papel del Estado en relación con los medios. Es decir, que se prevé un "nuevo modelo de gestión" que involucre al sector privado sin fines de lucro. En este sentido, el Estado buscará ser garante para que haya una incoporación de cooperativas, sindicatos o mutuales en el mercado periodístico.
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