Imputan a Cristina Kirchner por cohecho por Los Sauces

Cristina Kirchner fue imputada por el fiscal Carlos Rívolo en una causa en la que se investiga si recibió sobornos de Lázaro Báez y Cristóbal López, luego de favorecerlos con negocios al amparo del Estado y la obra pública. Los dos empresarios también quedaron imputados.

En rigor, se trata de una ampliación de la imputación sobre la ex presidenta en la causa Los Sauces, donde junto con su hijo Máximo Kirchner ya era investigada por el juez Claudio Bonadio por inconsistencias en sus declaraciones juradas de bienes, falsificación de documentos y por los alquileres que percibió de manos de Báez y López.

Baéz está preso desde hace un mes y medio acusado de lavado de dinero y López es investigado, además, por el juez Julián Ercolini por retener indebidamente el pago de impuestos a los combustibles por $ 8000 millones.

La diputada Margarita Stolbizer, que había denunciado a Cristina Kirchner por esos hechos, amplió la semana pasada la denuncia, lo que motivó que el lunes el fiscal Carlos Rívolo ampliara la imputación. Rívolo entendió que es verosímil que los alquileres que pagaban Báez y López a la empresa Los Sauces constituyan, en verdad, el retorno que abonaban a la ex presidenta por los beneficios que obtuvieron de los negocios que realizaron al amparo del Estado.

Así, el fiscal pidió realizar un análisis de la empresa y sus ingresos y acceder a documentación contable de Los Sauces y de los empresarios Báez y López para comprobar los extremos de la denuncia, entre otras medidas de prueba. También pidió establecer si los inmuebles alquilados a Báez y a López estuvieron ocupados por los períodos mencionados en los balances y las declaraciones juradas o se trató todo de una ocupación ficticia para justificar los giros de dinero de los empresarios a la sociedad de la ex presidenta. No se conocieron otros detalles porque el juez Bonadio mantiene la causa en secreto.

Margarita Stolbizer denunció que las empresas Inversora Mas y Alcalis de la Patagonia, de Cristóbal López, y Valle Mitre; Loscalzo y del Curto, y Kank y Costilla, de Lázaro Báez, pagaban alquileres simulados. El viernes pasado, Bonadio ordenó una serie de allanamientos a los consorcios que administraban propiedades de la ex presidenta, entre ellos, un departamento en el emblemático edificio Madero Center, donde también funcionaba la financiera La Rosadita.

En su ampliación de denuncia, Stolbizer acompañó fotografías y documentos que "dan cuenta del modo irregular en el que se adjudicaba la obra pública a las empresas de Lázaro Báez y cómo, en forma paralela, Cristina Kirchner recibía dinero mediante un acuerdo que tenía la apariencia de un vínculo comercial, pero encubría una promesa, en su condición de funcionario público, para otorgar más obra pública y omitir todo tipo de controles por parte del Estado".

Para la diputada eso constituye "lisa y llanamente el delito de cohecho en su expresión más burda". Dijo que el "acuerdo consistía en la entrega continua de dinero por parte de un tercero (Báez, a través de sus empresas) a un funcionario público (la presidenta de la Nación, a través de sus empresas) con el fin de lograr que realice una determinada actividad -otorgar obra pública- u omisión funcional, como la carencia de control por parte de organismos públicos que debían hacerlo y que dependían de su competencia, tales como la AFIP, la UIF, o el Banco Nación". Paralelamente, el abogado de la ex presidenta Carlos Beraldi se presentó en esta causa,pero en representación de Romina Mercado, su sobrina y presidenta de Los Sauces.

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