Creciente malestar entre los gobernadores de JxC porque Milei no da señales para atenuar el aumento de las retenciones

Los diez gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) se congregaron este domingo junto a sus principales espadas legislativas para cohesionar una postura común y definir los pasos a seguir en función de las posibles respuestas del Gobierno frente al proyecto de ley ómnibus. La cumbre se dio por Zoom, junto a legisladores de los bloque de Pro, UCR y Hacemos Coalición Federal, las escisiones parlamentarias que surgieron después del fraccionamiento de la coalición a raíz de la derrota en las últimas elecciones presidenciales.

“Tenemos más incertidumbres que respuestas de si el Gobierno quiere verdaderamente perder la batalla legislativa para tener una épica comunicacional o si pretende lograr lo más importante para poder gobernar bien”, confió uno de los diez líderes provinciales que participó de la reunión en la que se evaluó, entre otras cosas, armar un dictamen propio que contenga los cambios propuestos al texto original.

Según pudo saber LA NACION, una de las principales preocupaciones de los gobernadores de JxC es la ausencia de señales del presidente Javier Milei para atenuar el aumento de las retenciones que propone en la ley ómnibus. Tal como está redactado, subirán los derechos de exportación a la soja (del 31% al 33%), el trigo y el maíz (del 12% al 15%), del girasol (del 7% al 15%) y de la carne (del 9% al 15%).

El viernes pasado, el Gobierno hizo un gesto al quitar de la lista a unas 35 economías regionales. Pero uno de los principales cuestionamientos de los gobernadores tiene que ver con la intención de Milei de subir los derechos de exportación otros productos de las economías regionales a un 15%. Los mandatarios consideran que esta medida atenta contra el crecimiento de esos sectores y afecta su competitividad en el extranjero. Además, no es un impuesto coparticipable. Es decir, perjudica a las provincias y lo recauda el Gobierno nacional sin distribuirlo entre las jurisdicciones.

La que viene será una semana clave para el Gobierno, que intentará llevar al recinto un dictamen de mayoría. Para ello, deberá sacar a relucir su capacidad de negociación para buscar un punto en común con este mosaico de legisladores “dialoguistas”, que condicionan su apoyo a modificaciones concretas -como la morigeración de las retenciones- de las que todavía no han recibido respuesta del Ejecutivo. Se espera, entonces, que el oficialismo envíe el texto final con los cambios a los que accedió, pero que no terminó de precisar, y que se aceleren las tratativas con los tres bloques “de centro”.

Todo esto con la tensión del paro general convocado para el miércoles, donde las centrales gremiales mostrarán su poder de fuego al Presidente. El cronograma ideal para el oficialismo sería que sesione el plenario de comisiones el martes, que emita dictamen, y que la Ley Bases llegue el recinto de la Cámara baja el próximo jueves.

Los gobernadores reclaman además definiciones respecto de su pedido de compensación ante la quita de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, uno de los gravámenes coparticipables que afectan directamente las arcas provinciales. “Es inminente que se empiece a sentir”, consideran entre los diez líderes jurisdiccionales que, ante el mutismo del Poder Ejecutivo, se muestran reacios a acompañar las medidas que, analizan, profundizarán sus restricciones presupuestarias.

En una entrevista con este medio, el presidente del bloque radical, Rodrigo de Loredo, alertó sobre el malestar de los líderes provinciales de Juntos por el Cambio por la falta de respuesta a sus reclamos. “El Gobierno no puede hacer pagar el ajuste a las provincias”, señaló.

Sobre este punto, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mencionó este domingo en declaraciones a Radio Mitre que se encuentra en un “proceso de ida y vuelta” legislativo. Además, señaló que “todos saben cómo piensa el Presidente, que es la persona que más desprecia el tema de los impuestos”.

Esto se suma a la intransigencia del Gobierno en relación con su meta de austeridad, bajo la que se analiza cortar las transferencias discrecionales así como la obra pública. El metamensaje del Poder Ejecutivo es que los mandatarios deberán conformarse con lo que se coparticipa directamente por goteo. Sin embargo, los gobernadores ya mostraron los dientes frente a estas primeras medidas y esta mañana definieron acompañar el reclamo de la Ciudad de Buenos Aires ante el fallo de la Corte, por ahora incumplido, que dispuso que el Estado Nacional deberá entregarle al gobierno porteño “el 2,95% de la masa de fondos coparticipables”. Esta disposición afectará las cuentas nacionales así como el objetivo de Milei de llegar al déficit cero.

Tampoco quieren votar las reformas pesqueras del megaproyecto. Si bien tras un encuentro entre el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, reconoció que “habrá temas que serán clarificados” sobre este punto, los líderes territoriales no recibieron garantías al respecto. Los tres puntos que inquietan a los mandatarios provinciales tienen que ver con los cupos de pesca, la supresión de la obligatoriedad de la descarga del producto en puertos argentinos y la eliminación de la obligación de que el 75% del personal embarcado sea de nacionalidad argentina.

“Los veo muy en contra de la ley ómnibus”, consideró a LA NACION un referente parlamentario, quien destacó que a pesar de que algunos de los presentes plantearon que era necesario votar el paquete fiscal para darle gobernabilidad a la administración de Milei -y postular modificaciones para el futuro-, otros se mostraron menos dispuestos a acompañar el proyecto de “Ley de Bases”.

Hay malestar por los tiempos y las formas del Poder Ejecutivo, que se comprometió a dar el viernes una respuesta con el detalle de las modificaciones al texto de la norma y todavía no lo hizo. Consideran desprolijo que eso se dé a la par de manifestaciones públicas de referentes del Gobierno que tildan a los diputados de estirar el tratamiento del proyecto y de no querer colaborar.

Además de los diez gobernadores del espacio –Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Jorge Macri (CABA), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Claudio Poggi (San Luis), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan) y Gustavo Valdés (Corrientes)–, también participaron de la reunión los líderes legislativos de cada bloque: De Loredo por la UCR, Cristian Ritondo, por Pro, y Miguel Pichetto, junto a Nicolás Massot, por Hacemos Coalición Federal.

A la espera de una respuesta del Gobierno, dispusieron volver a juntarse en la semana, una vez recibido el texto con reformas que prometió el Poder Ejecutivo. Su idea es mostrarse como una liga cohesionada, apalancada en el Congreso, para pelear por los intereses propios de sus territorios. Si bien no controlan a todos y cada uno de los legisladores de estos tres bloques claves –que suman 94 diputados–, podrían terciar al menos diez voluntades, lo que complicaría el ya delicado panorama legislativo del oficialismo.

Por Delfina Celichini

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