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Incierto destino judicial del Patacón
La Suprema Corte se excusó de resolver sobre las presentaciones contra los bonos, cuya circulación confirmó el gobierno
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LA PLATA.- La provincia de Buenos Aires parecía ayer una caldera. Mientras el cronograma parcial de pagos a los empleados públicos quedó parcialmente interrumpido, los miembros de la Suprema Corte de Justicia decidieron excusarse de resolver sobre distintas presentaciones en contra del recorte en la provincia y el pago parcial con bonos Patacón.
El caso, que ya fue girado al Tribunal de Casación Penal bonaerense, podría terminar en la Corte Suprema de la Nación si, como se prevé, las distintas instancias provinciales deciden imitar la postura del máximo órgano judicial del distrito. Igualmente, queda la alternativa de convocar a conjueces mediante un sorteo de los abogados de la matrícula provincial.
La decisión de ocho de los nueve integrantes de la Corte (Héctor Negri estuvo ausente por problemas de salud) que ayer se excusaron en forma personal de resolver sobre los recursos de amparo y los pedidos de inconstitucionalidad para la ley 12.727, que habilitó el ajuste provincial, se fundó en entender que el tema los involucra directamente, ya que ellos también cobrarán con letras de tesorería.
Al alto tribunal habían llegado los pedidos de inconstitucionalidad presentados por ATE y por el Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad (Soeme), además de algunos de los amparos presentados en juzgados del conurbano. Trascendió que también hubo una presentación contra las medidas oficiales que surgió de uno de los miembros del Tribunal. Ello no pudo ser confirmado ni desmentido oficialmente.
Ahora será el Tribunal de Casación Penal el que deberá expedirse sobre la legalidad de la medida en forma "urgente", tal como pidieron los miembros de la Corte provincial.
Algunos analistas consideraban que si, como se prevé, este órgano también se excusa, la cuestión pasará a las Cámaras de Apelación y luego a jueces de primera instancia. Así, la resolución finalmente recaería en una corte de conjueces formada por abogados de la matrícula provincial.
Otros juristas opinaron que el tema puede derivar, mediante un recurso extraordinario, en la Corte nacional.
El Patacón va a salir igual. El Estado va a apelar todos los recursos por medio de la Fiscalía de Estado. "Esa es la decisión política por adoptar frente al reclamo judicial", expresó un encumbrado miembro del Ejecutivo bonaerense que fijó, de ese modo, la postura del gobernador, Carlos Ruckauf, que anoche anunció que el martes próximo será el día en que finalmente el certificado empiece a circular.
Si bien el gobierno provincial considera incomprensible la actitud de los magistrados, la directiva de Ruckauf es intentar por todos los medios un acercamiento con la Justicia.
Sin cobrar
Ayer, en otro día de incertidumbre, los agentes de los poderes Legislativo y Judicial no lograron cobrar sus sueldos de hasta 740 pesos en efectivo, según lo previsto por el Gobierno.
El Ministerio de Economía culpó a las administraciones de los dos poderes del Estado por no enviar a tiempo las liquidaciones de los agentes.
En los tribunales de la provincia se paralizó virtualmente la actividad. Los empleados hicieron paro y los magistrados realizaron asambleas en las que denunciaron que las modificaciones sobre sus salarios ponen en peligro la independencia de la Justicia.
Carlos Pagliere, presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia, consideró que "un juez debe preservar su independencia, como la policía y el Servicio Penitenciario. Sería desdichado que quienes tienen que juzgar o detener a un delincuente tengan que pasar por zozobras sobre sus ingresos".
Mientras tanto, el mandatario provincial avanza con su compromiso ante la Nación de reducir 500 millones de pesos de su gasto público.
Ayer entró en vigencia el decreto 2040, que dispone la rescisión de todos los contratos de agentes de la administración pública provincial.
La aspiración de Ruckauf es eliminar, en una primera etapa, unos 2500 contratos de funcionarios políticos que perciben entre 2000 y 5000 pesos.
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