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Se negó a declarar Garbellini, figura clave de la presunta estructura de corrupción en la Agencia de Discapacidad
El exfuncionario se presentó ante el juez Casanello; fue expulsado del Gobierno cuando explotó el caso con los audios; según el fiscal, acataba órdenes de Atchabahian, “director para estatal” del organismo
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La ronda de indagatorias en el caso por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) continuó este jueves con Daniel Garbellini, exfuncionario clave del organismo, quien evitó declarar o contestar preguntas del juez o del fiscal durante su paso por los tribunales de Comodoro Py, al igual que hicieron quienes lo precedieron.
El fiscal Franco Picardi acusa a Garbellini de haber recibido y acatado órdenes de personas que no formaban parte del organismo durante el tiempo que él fue uno de los directores de la agencia.
“Permitió que personas ajenas a la estructura formal de la Andis tomaran decisiones de gestión”, dijo el fiscal en el dictamen con el que llamó a indagatoria a 15 personas implicadas en la presunta trama de corrupción.
Según su abogado, Agustín Biancardi, Garbellini no realizó ningún descargo en su indagatoria porque todavía no cuenta con pleno acceso al expediente. “Hay tres legajos que están reservados”, explicó ante los medios al término de la indagatoria.
También se informó desde la defensa del exfuncionario que se presentó un recurso de apelación ante la Cámara Federal para que se habilite el “acceso completo a la causa”.
Garbellini es el cuarto de los 15 acusados llamados a indagatoria por el juez Sebastián Casanello. Hasta el momento, todos optaron por no declarar ni contestar preguntas en la Justicia.
Ayer fue el turno de Diego Spagnuolo, máxima autoridad dentro del organismo investigado y presunto autor de los audios que describen un sistemas de coimas dentro de la agencia e hicieron explotar el caso hace tres meses.
En esos audios se habla de un funcionario, “el más importante de todos”, que “metió” Eduardo “Lule” Menem en la Andis para el “choreo”. Ese funcionario sería indagado Garbellini.
Desde junio de 2024 hasta agosto de este año, Garbellini fue director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis. El Gobierno lo desplazó del organismo de manera “preventiva” junto a Spagnuolo luego de que se hicieran públicas las grabaciones.
A Garbellini se lo acusa de trabajar, en los hechos, para el médico urólogo Pablo Atchabahian, antiguo jefe suyo, quien, sin cargo ni designación oficial, le impartía órdenes para liberar o destrabar pagos y aceptar cotizaciones de empresas, de acuerdo con las pruebas citadas por Picardi.
Atchabahian, que también fue indagado y evitó declarar, ocupó múltiples cargos en la función pública. Fue secretario de Salud del municipio de Pilar y, a nivel nacional, ocupó la misma dirección de la Andis en la que se desempeñó Garbellini hasta que fue despedido.
Durante las últimas décadas, Garbellini se desempeñó en rubros similares: terceras líneas de gobiernos municipales, provinciales y nacionales, siempre en lugares clave por donde pasaron contrataciones para sectores vulnerables y convenios para la compra de medicamentos a laboratorios.
En el allanamiento librado en su domicilio, en Avellaneda, se le secuestró un teléfono celular marca Samsung, del que la Justicia pudo recuperar algunas de las conversaciones por él eliminadas, que darían cuenta de su rol como “ejecutor” dentro de la maniobra.
Entre las evidencias, hay constancias de que Garbellini le facilitó a una empleada de la empresa Roche, Luciana Ferrari -que fue desplazada el lunes y será indagada en la Justicia-, el usuario y la clave de un sistema interno para que pudiera operarlo “desde afuera”.
Se trata del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones con Discapacidad (“SIIPFIS”), que sirve para gestionar las compras de medicamentos y prestaciones de alto costo y baja incidencia (PACBI).
A su vez, Garbellini recibía órdenes “desde afuera”. Atchabahian, su antiguo jefe, le ordenó, por caso, frenarle el pago a una droguería en particular (Dihemo S.A.) por “estar jugando mal” o “invitar” a “20 de Junio” a las cotizaciones, una de las droguerías.
Atchabahian y Garbellini eran dos de los seis integrantes del “Grupo Museo” de WhatsApp, un grupo creado por el propio Garbellini, cuyos integrantes parecen estar a la pesca de negocios con el Estado desde 2022. “Somos familia”, describía en ese chat Atchabahian.
En el periodo investigado, Garbellini también mantuvo comunicaciones constantes con Miguel Ángel Calvete, otro operador externo y proveedor vinculado a las firmas Profarma S.A. e INDECOMM S.R.L., a quien le informaba sobre pagos y la situación de las firmas.
Calvete, que está preso por una condena por proxenetismo, también se negó a declarar cuando fue indagado el martes, día en que su hija, Ornella Calvete, renunció a una dirección de la Secretaría de Industria y Comercio, en el ministerio de Economía.
Patrimonio
El fiscal asegura que Garbellini tiene gastos que no se condicen con su situación patrimonial. Uno de ellos sería las ampliaciones realizadas en su casa, en un barrio privado “El Pato Country Club”, cerca de Berazategui, donde fue multado internamente por excederse en los metros de construcción.
Otro ejemplo serían los egresos de sus tarjetas de crédito, que superan los 4 millones de pesos mensuales.
El exfuncionario tiene prohibida la salida del país y debe presentarse ante el juzgado cada 15 días.
Las indagatorias continuarán la semana que viene y se extenderán hasta el 5 de diciembre, si no hay ninguna reprogramación. Finalizada la ronda, el juez Casanello deberá definir la situación procesal de cada uno los indagados.
La Sala II de la Cámara Federal debe pronunciarse sobre el pedido de nulidad de la causa realizado por la defensa de la familia Kovalivker -dueña de la Suizo Argentina- y por el propio Spagnuolo, que sostiene la hipótesis de que los audios que dispararon la investigación fueron obtenidos de manera ilegal.
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