Inseguridad en el conurbano: el resbalón político de Kicillof en un área que delegó en su escudero Berni

Los cacheos a los pasajeros del transporte público, al viejo estilo militar, tuvieron su debut el viernes en la zona más picante de La Matanza, donde asesinaron al colectivero Daniel Barrientos, pero fueron desactivados rápidamente el sábado. El ruido político que generó en la administración provincial y en el kirchnerismo esa acción implementada por la Policía bonaerense a cargo de Sergio Berni, hizo que la medida tuviera una vida fugaz. Fue otro más de los movimientos en falso que afectaron esta semana al gobernador Axel Kicillof en medio de una nueva crisis de seguridad en el conurbano.

Si bien desde La Plata aseguraron a LA NACION que los cacheos habían sido reclamados por los choferes de la línea 620 en la reunión que mantuvieron con Berni el jueves, una vez que se calmó la furia que se había expresado con golpes y pedradas sobre la humanidad del ministro de Seguridad provincial, lo cierto es que de ahora en más habrá operativos de control en los colectivos y en las rutas de las distintas empresas de transporte, pero ya no se registrarán imágenes que muestren a policías poniendo de espaldas a pasajeros -la mayoría jóvenes- y con las manos elevadas sobre sus cabezas.

El desconcierto que provocó en los sectores más progresistas del kirchnerismo esa medida de la dupla Kicillof-Berni fue de similar proporción al que generó entre los intendentes del PJ del conurbano la sorpresiva declaración del gobernador en la que mezcló el asesinato del colectivero con un acto político de Patricia Bullrich en La Matanza y el ataque contra Cristina Kirchner en septiembre del año pasado. Ese resbalón discursivo del delfín de la vicepresidenta empezó a ser desandado ayer por fuentes del entorno del gobernador, que buscaron aclarar que “el asesinato fue un hecho de inseguridad, pero la agresión a Berni es lo que nos sigue llamando la atención”.

A tal punto, que hicieron foco en el apellido compartido de dos de los detenidos por la agresión a Berni con uno de los choferes de la línea 620. También apuntaron a una declaración de los delegados gremiales, que hablaron de la existencia de “infiltrados” en la manifestación que terminó en hechos de violencia. Pero lo que no dicen en La Plata es que Berni tuvo una actitud provocadora al descolgarse de un helicóptero en plena General Paz para encarar a los manifestantes, ni tampoco admiten que el nocaut del “sheriff” es también un golpe a Kicillof, que utiliza al ministro como un escudo ante la inseguridad.

De fondo hay, según pudo saber este diario, una discusión conceptual entre Kicillof, Berni y los intendentes por la subejecución del plan para instalar cámaras de seguridad en el interior de los colectivos que transitan por las zonas más peligrosas del conurbano. “No hay que fetichizar la cuestión: la sola existencia de las cámaras en los bondis no va a solucionar un problema estructural para lo cual se viene trabajando hace tres años”, aseguraron cerca del Gobernador.

Pero entre los intendentes de la región -¿y tal vez en Berni?- anida otra percepción: “Axel viene pisando la caja y no tenemos constancias de que los 2.500 millones de pesos de los que él habla que puso en las cámaras, realmente hayan llegado a destino”, dijo en voz baja un jefe comunal peronista. El conflicto contiene otro elemento político: el ministro de Transporte, Jorge D´Onofrio, que el lunes pasado atajó varias piñas que iban dirigidas a Berni, es un massista. Y su jefe político, Sergio Massa, lo instruyó para que si la Provincia no pone lo fondos para las cámaras, entonces que se los pida al ministerio de Transporte nacional, también a cargo de un dirigente del Frente Renovador, Diego Giuliano.

Kicillof llegará a la reunión del lunes con las cámaras empresarias y el gremio UTA con estos problemas internos como telón de fondo, pero aún así buscará “avanzar de forma definitiva y de conjunto en la instalación de cámaras” en los colectivos, aseguraron las fuentes consultadas por este medio. De todos modos, el Gobernador también haría notar -cuando tome la palabra- que su gestión redujo el “delito prevenible” -el que se produce en las calles- un 29% en tres años. “Estamos mejor que antes, estamos muchísimo mejor que zonas como Rosario, estamos infinitamente mejor que los EE.UU, pero cada homicidio nos duele. En la Provincia siguen muriendo aproximadamente dos personas en homicidios dolosos por día”, afirmaron.

La saga que sucedió al doloroso crimen de Barrientos perjudicó a Kicillof, en principio por sus propios errores no forzados, que lo sacaron del sitial de aspirante sin sobresaltos a la reelección este año. De hecho, le otorgaron a la oposición política -especialmente a la nucleada en Juntos por el Cambio, que tiene candidatos dedicados al tema de la seguridad- un flanco para cuestionarlo públicamente. Justo cuando en el oficialismo comienzan a menear su nombre como posible candidato a la Presidencia, en caso de que el Frente de Todos no consiga armar una fórmula competitiva entre sus dirigentes nacionales.

El andar del año electoral también trae aparejadas algunas dudas sobre el futuro de Berni, quien sigue teniendo el objetivo de ser candidato en las boletas del Frente de Todos. Según su esposa, la diputada Agustina Propato, tiene la ambición de postularse a la Presidencia. Y por eso debería renunciar para encarar la campaña. Este fin de semana circularon versiones sobre su alejamiento del cargo, pero desde la Gobernación las desmintieron. Sin embargo, desde el propio Gabinete provincial no faltan quienes evaluaron como un “error político” de Berni haber irrumpido en la protesta de los colectiveros. “Otras veces le salió bien, pero ahora no hizo más que poner en agenda la muerte de un trabajador”, advirtieron.

Por Mariano Spezzapria

• Axel Kicillof

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