Interpelaciones, comisión investigadora y presión a Francos: la oposición cerca al Gobierno por el escándalo de los audios
Los bloques críticos activaron pedidos para citar a Karina Milei y Mario Lugones; el martes habrá plenario de Salud y Discapacidad y, el miércoles, el jefe de Gabinete expondrá en el recinto
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La crisis en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) saltó de los audios a la agenda del Congreso y someterá al Gobierno a una semana negra en Diputados. Mientras la Justicia avanza sobre las presuntas coimas reveladas en grabaciones clandestinas atribuidas a Diego Spagnuolo −que señalan a Eduardo “Lule” Menem como articulador y mencionan a Karina Milei como supuesta beneficiaria−, la oposición trazó una ofensiva parlamentaria amplia: interpelaciones a la secretaria General de la Presidencia, al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al ministro de Salud, Mario Lugones; un pedido de informes al Poder Ejecutivo; y la creación de una comisión investigadora con facultades para citar a funcionarios y requerir documentación a organismos públicos.
La batería de proyectos cayó primero en la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Nicolás Mayoraz. Allí, el oficialismo intentará ganar tiempo. La respuesta opositora, ya ensayada en otras discusiones, será el emplazamiento: forzar en el recinto que las comisiones se abran a tratar los expedientes en plazos acotados. Con firmas repartidas en casi todo el arco opositor, no se vislumbran dificultades para sortear el freezer oficialista.
Los nombres detrás de cada iniciativa hablan de un nutrido apoyo. Unión por la Patria (UP) presentó tres proyectos: Victoria Tolosa Paz pidió interpelar al ya desplazado titular de Andis Diego Spagnuolo; Sabrina Selva propuso citar a Lugones y a Karina Milei; y Andrea Freites elevó un pedido de informes que pone la lupa sobre las contrataciones de la agencia con Suizo Argentina, el registro de proveedores y las declaraciones del exfuncionario sobre retornos.
Desde el socialismo, Esteban Paulón y Mónica Fein, con la firma de Margarita Stolbizer, empujan la interpelación a la secretaria General y la creación de una comisión investigadora.
En Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño reclamó la presencia de Lugones y Francos. La coincidencia es transversal: todos los textos orbitan alrededor de los audios y del presunto esquema de corrupción en Discapacidad.
El primer round llegará el martes al mediodía. Un plenario de las comisiones de Salud y Discapacidad -convocado por los peronistas Pablo Yedlin y Daniel Arroyo- invitó a Lugones y al interventor de Andis, Alejandro Vilches, “a los fines de que informen sobre diversas cuestiones relacionadas a las denuncias”. Hasta última hora, ninguno había confirmado. En los pasillos descuentan que no aparecerán. Aun así, la reunión funcionará como el puntapié inicial: servirá para instalar el tema, ordenar prioridades y coordinar el paso siguiente.
Dos horas más tarde, la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, a cargo de Silvia Lospennato (Pro), debatirá la creación de una comisión investigadora por las muertes por fentanilo adulterado. Allí ya se cocina la posibilidad de replicar el modelo para el caso Andis la semana próxima.
El miércoles el foco volverá al recinto. Francos deberá presentar su informe mensual, con economía y gestión en agenda, pero con la crisis de Discapacidad como sombra inevitable. Hasta ahora, el único mensaje político del oficialismo lo dio él: habló de “tranquilidad” en la administración libertaria y sugirió que se trata de una “operación” en temporada electoral. Javier Milei y su hermana permanecen en silencio público ¿Podría haber un viraje en el discurso y pasar del mutismo a la defensa institucional?
Todas las miradas recaen sobre Lugones, hoy la autoridad máxima en materia sanitaria. En la oposición lo imaginan como el fusible para contener el daño y evitar que la crisis roce de lleno a la Secretaría General. Un dato político agrega tensión: el ministro responde al asesor presidencial Santiago Caputo, con quien Karina Milei mantiene una guerra fría dentro del oficialismo.
Si bien las interpelaciones son una facultad constitucional, el antecedente inmediato no favorece al Congreso. Ya hubo interpelaciones aprobadas que se diluyeron: Luis “Toto” Caputo (Economía) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia) faltaron a la cita para dar explicaciones sobre el caso $LIBRA con el argumento de “cuestiones de agenda impostergables”.
La oposición no apretó el acelerador. Esta vez, prometen otra cosa. “No van a venir, pero no vamos a resignar nuestras prerrogativas”, sintetizó un referente del ala crítica. Van a obligar al oficialismo a pagar costo político si vuelve a ausentarse.
En paralelo, la causa judicial -iniciada por la denuncia del abogado Gregorio Dalbón, a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi- ya dejó una postal de velocidad y volumen: 15 allanamientos en sedes públicas y domicilios privados donde secuestraron teléfonos y más de 200.000 dólares en poder del empresario Emmanuel Kovalivker (Suizo Argentina). La oposición admite que el pulso de su ofensiva estará atado a ese plano. La política leerá sus tiempos y los traducirá en pedidos, citaciones y, si prospera, en una pesquisa propia.
Del otro lado, el oficialismo ensaya la contención. Mayoraz oficia de dique en Asuntos Constitucionales; Lospennato calibra su comisión ante la presión por multiplicar mesas investigadoras; y Francos promete dar la cara en el recinto con un discurso que intente anclar el escándalo durante la campaña.
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