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Jorge Lanata denunció “el negocio multimillonario de las fotomultas” que involucra funcionarios públicos
Según una investigación del periodista, la Cámara de Empresas de Control y Administraciones de Infracciones de Tránsito reparte ganancias y tiene miembros que también trabajan en el Estado
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LA NACION
La Cámara de Empresas de Control y Administraciones de Infracciones de Tránsito (Cecaitra) es la institución que agrupa a las empresas de control de tránsito, que proveen al Estado las cámaras, los radares y el software. Según un investigación de Jorge Lanata, si bien figura como una asociación civil sin fines de lucro, reparte millones de pesos en ganancias. Además de lo que le paga el Estado por prestar el servicio, la entidad se queda con una parte de la recaudación por las infracciones.
Siempre según la denuncia de Lanata, de las 16 empresas que la integran, la mayoría tienen nombres repetidos en sus directorios. Uno es Bernardino García, presidente de Cecaitra, y Mariano García, su hijo y vicepresidente del mismo organismo.
El Estado no solo estaría asociado por recibir un arreglo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para colocar radares en rutas nacionales y asesoramiento en cuestiones tecnológicas. En Periodismo para todos, Lanata advirtió que hay funcionarios que participan del acuerdo y están vinculados a la Cecaitra.
En primer lugar, el periodista señaló al director interjurisdiccional de la ANSV, Martín El Tahham, quien hasta el 31 de diciembre de 2019 trabajó en relación de dependencia con la cámara. También estaría involucrado el director ejecutivo de la misma agencia, Pablo Martínez Carignano. Si bien no trabajó en relación de dependencia, le facturó en reiteradas oportunidades. Incluso era columnista en programas de radio donde la entidad era auspiciante, según sostuvo Lanata.
Conforme a los expresado en Periodismo para Todos, hay una contratación de mediados de 2020 entre la ANSV y la empresa Detectra, que pertenece a Mariano García y es una de las 16 que conforman Cecaitra. En efecto, la relación laboral se basó la compra por radares de 42 millones de pesos.
La Oficina Anticorrupción (OA) emitió un dictamen el pasado 16 de julio, según el cual El Tahham, a partir de su reciente relación laboral con la cámara, debió haberse abstenido de firmar dicho convenio. No se pronunciaron respecto a Martínez Carignano, dado que el funcionario no presentó las facturas emitidas en 2019 para la cámara ante la OA.
Cecaitra ya había sido denunciado en otras oportunidades por estos manejos. En efecto, están investigados en la justicia federal de Morón por un caso similar. En ese caso, tenían vínculos con municipios que estaban “tercerizados” a través de otro organismo estatal, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Así, ellos eran contratados por diferentes municipios para dar su servicio. Como los montos no permitían que las contrataciones se hicieran de manera directo con un ente privado, aparecía la UTN, pero era la Cecaitra la que prestaba el servicio. Felipe Yanaduoni, directivo de la cámara, figuraba como responsable.
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