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Jueces federales y nacionales reclamaron al Gobierno que proteja a quienes investigan a los narcos en Rosario
Advirtieron que es necesaria una respuesta del Estado para evitar que el narcotráfico tenga influencia política y control territorial, como en otros países de la región
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LA NACIONHernán Cappiello
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn), que reúne a jueces federales y nacionales de todo el país, reclamó al gobierno nacional por las amenazas narco contra el fiscal provincial de Rosario Matías Edery y los ataques de carteles de la droga contra funcionarios judiciales y autoridades del Servicio Penitenciario. Dijo que es necesaria una respuesta del Estado para evitar que en la Argentina el narcotráfico tenga influencia política y control territorial, como ocurre en otros países de la región.
En un comunicado, la entidad presidida por Marcelo Gallo Tagle señaló su preocupación por las reiteradas amenazas y atentados contra magistrados federales y provinciales santafesinos -que vienen denunciando desde 2014- por sus investigaciones y juicios contra el crimen organizado.
El fiscal adjunto Matías Edery de Rosario fue amenazado durante una audiencia en la que cumplía su función. Al día siguiente fue atacada, una vez más, la sede de Asuntos Internos del Servicio Penitenciario de Santa Fe.
“Exhortamos a las autoridades administrativas y políticas, como así también a los organismos de seguridad, a adoptar todas las medidas indispensables de prevención para salvaguardar la integridad física, personal y familiar de las y los integrantes de los Ministerios Públicos y del Poder Judicial, como así también de las fuerzas que los auxilian, que se encuentran expuestos a acciones delictuosas reiteradas”, escribieron los magistrados.
Desde la Asociación dijeron que se trata de reafirmar los poderes del Estado ante las bandas criminales. “Resulta imprescindible para afirmar la voluntad de todos los poderes del Estado dejar claramente establecido el mensaje de que no se permitirá que se repitan en nuestro país experiencias que han asolado (y continúan haciéndolo) a países de la región, en los cuales el narcotráfico y crimen organizado ha llegado a tener influencia política y control territorial”.
La noche del jueves pasado, cerca de las 22, apareció una amenaza escrita en un cartón contra guardiacárceles. Anteayer, Lorena Verdún, la madre de Luciano Cantero, nuevo líder de Los Monos, lanzó una intimidación contra el fiscal Edery en una audiencia en la que ella y su hijo quedaron detenidos: “Esto no va a quedar así”. Al otro día, el presagio se cumplió. Ayer a la madrugada desde una moto dispararon contra la sede de Asuntos Internos del Servicio Penitenciario de Santa Fe en esta ciudad. Es el cuarto ataque en dos años contra ese edificio. Ese mismo día hubo llamadas al 911 con amenazas de bomba contra sedes gubernamentales.
Según informaron fuentes del Gobierno, ante esta ola de amenazas se reforzaron las custodias de las dependencias policiales y desde el viernes también se sumaron más patrullajes en torno a las cárceles, ante la posibilidad de un ataque externo como se produjo en junio pasado, cuando escaparon siete presos.
En la jefatura de la Unidad Regional II se decidió trabajar con portón cerrado, que haya empleados con chalecos antibala en la puerta y que se revise cada vehículo que ingrese al predio.
A la cadena de episodios amenazantes y violentos se suma otro hecho: anteayer, durante una requisa, cuando Luciano Cantero fue trasladado desde la Oficina de Recepción de Detenidos de Rosario (Order) a la Alcaidía de la Unidad Penal Nº11 de Piñero le secuestraron un smartphone. La sospecha es el joven de 19 años, hijo del asesinado histórico jefe de Los Monos, Claudio Pájaro Cantero, y que está acusado de un homicidio y de acopio de armas, obtuvo el teléfono en la Order o durante el traslado a la cárcel.
El gobierno de Santa Fe dijo que le dará todas las garantías al fiscal Edery para que siga con el desempeño de su función en la Unidad de Criminalidad Organizada, que encabeza junto con Luis Schiappa Pietra. Estos dos investigadores tienen desde hace tiempo una fuerte custodia por el riesgo y las amenazas que enfrentan en su labor en el Ministerio Público de la Acusación.
El repudio a las amenazas fue generalizado en el ambiente político. El Colegio de Magistrados de Santa Fe pidió a las autoridades “extremar las medidas de seguridad” del fiscal Edery “a fin de seguir cumpliendo con sus obligaciones, como así también la formulación de la acción penal pertinente, para que dicho acto merezca la sanción que corresponda”.
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