"Juicio a los jueces": prisión perpetua para cuatro ex magistrados de la dictadura en Mendoza

Además, se conoció la condena contra ex militares, penitenciarios y policías

26 de julio de 2017
20:16
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Actualizado el 1 de septiembre de 2020

MENDOZA.- Mendoza conoció hoy la histórica sentencia contra la "pata" civil de la última dictadura militar, en el denominado "juicio a los jueces". Se trató de una megacausa por delitos de lesa humanidad que tuvo como imputados a cuatro ex magistrados federales, finalmente condenados a prisión perpetua por ser cómplices del sistema represor durante los años negros del país.

Esta tarde, la instancia judicial llegó a su fin con el veredicto contra los ex jueces Otilio Ireneo Roque Romano, Luis Francisco Miret Clapés, Guillermo Max Petra Recabarren y Rolando Evaristo Carrizo Elst, dispuesto por el tribunal federal compuesto por Alejandro Waldo Piña (presidente), Juan Antonio González Macías y Raúl Alberto Fourcade. Asimismo, se conoció la condena contra ex militares, penitenciarios y policías. Los ex funcionarios judiciales arriesgaban la pena de prisión perpetua, a pedido de la fiscalía, en junio pasado, mientras que la mayoría de los demás acusados, recibieron entre tres y 20 años de cárcel.

En el inicio de la lectura de la sentencia se dejó en claro que se rechazaron los "incidentes y planteos de prescripción y nulidad interpuestos por los defensores". Asimismo, se explicó que los hechos resultan "constitutivo de crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles". En este sentido, durante el informe de las condenas se indicó que la mayoría de los casos se dieron en el contexto de delito internacional de genocidio.

Se trató del cuarto juicio, que llevó más de tres años y más de 200 jornadas de debate, donde estuvieron sentados en el banquillo los ex magistrados titulares de los juzgados federales de la provincia. Todos estaban bajo la mira judicial no sólo por omitir o no investigar denuncias, sino por garantizar la impunidad. Tanto Romano como Miret habían sido destituidos siendo los principales referentes de los tribunales federales de la provincia cuyana. En total fueron 28 los imputados, procesados por detenciones, secuestros, torturas, homicidios, desapariciones forzadas, abusos sexuales y apropiación de una niña, lo que afectó a más de 200 personas.

Entre quienes hicieron uso de sus "últimas palabras" estuvo el ex titular de Inteligencia del Ejército, Paulino Enrique Furió, quien expresó: "No estoy arrepentido; volvería a hacerlo".

Tras la sentencia, en la puerta de tribunales, en calle España de Ciudad, se reunió un centenar de personas, en su mayoría militantes de organizaciones de derechos humanos. Durante los últimos días se esperaba la presencia de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto y del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quienes finalmente no pudieron asistir. En la sala de debate estuvieron además de referentes del sector y de autoridades provinciales, como la vicegobernadora Laura Montero, el ex juez federal Carlos Rozanski.

En diálogo con la prensa, Pablo Salinas, abogado querellante por el Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos (MEDH), calificó este proceso como "histórico" para la provincia del oeste argentino.

Las acusaciones

El fiscal general Dante Vega había solicitado prisión perpetua para 12 imputados, entre ellos los ex magistrados, y otras 16 penas de entre 3 y 22 años de prisión para el resto. Romano estaba acusado como partícipe primario en más de 30 homicidios agravados, en una veintena de casos de privación abusiva de la libertad, en una treintena de hechos de tormentos agravados y un allanamiento ilegal, además de partícipe necesario en hechos de violación y de abuso deshonesto, así como en la omisión de una investigación.

En el caso de Miret, se lo acusaba de partícipe primario en casi una decena de hechos de homicidio agravado, además de secuestros, torturas, robos agravados, un allanamiento ilegal y en un caso de abuso. En tanto, Carrizo estaba señalado como partícipe primario en dos hechos de homicidios agravados, en una docena de secuestros, dos casos de torturas y un allanamiento ilegal, mientras que Petra Recabarren en casi 20 casos de homicidios agravados y en cinco casos de privación abusiva de la libertad.

Las declaraciones de los sobrevivientes de aquellos años oscuros sirvieron para ordenar el rompecabezas de acusaciones contra los imputados. Uno de los testimonios clave fue el de Rosa Gómez, de 67 años, quien pasó casi un año en el centro de detención D2 en medio de tortuas y violaciones, al tiempo que observó como atacaban a sus compañeros; a algunos no los vio nunca más. Hay otras víctimas reconocidas que fueron fundamentales para avanzar en la megacausa, ya que lograron que se considerara la violación como delito de lesa humanidad, logrando la imprescriptibilidad, como en el caso de las torturas. Se trata de Silvia Ontivero y Luz Faingold, actual directora de Derechos Humanos del Gobierno de Mendoza.

Según explicaron las autoridades judiciales, los fundamentos serán a dados a conocer en los próximos días. Antes de dar por cerrado el proceso, se leyeron los nombres de cada unas de las personas que fueron víctimas del aparato represor. Mientras, se espera ahora que peritos de la Corte Suprema analicen el estado de salud de los condenados.