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Juicio por los Cuadernos: un testigo ratificó la intervención del kirchnerismo en una expropiación de Chávez contra Techint
Un directivo de la firma declaró que fue a través de José Olazagasti, mano derecha de De Vido, en una situación de emergencia de los trabajadores en Venezuela; la compañía argentina no forma parte del proceso
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LA NACIONFederico González del Solar
El tumultuoso proceso de expropiación que el fallecido Hugo Chávez puso en marcha en 2008 sobre la empresa siderúrgica Sidor −por entonces en manos de la argentina Techint− abrió un capítulo en la trama de los Cuadernos de las Coimas que hoy volvió a irrumpir en pleno juicio oral.
Al frente de las complejas negociaciones entre el gobierno venezolano y Techint estuvo, entre otros, el ingeniero argentino Pablo Daniel Brizzio, que hasta hoy es empleado de la compañía y fue llamado a testificar por la fiscalía.
Brizzio ratificó este jueves ante el Tribunal Oral 7 lo que dijo en su primera intervención en el expediente, en 2019: que en medio del conflicto que se generó entre la empresa y el gobierno venezolano, que por momentos habría puesto en riesgo el regreso de los trabajadores argentinos al país, fue clave la intermediación de un funcionario del gobierno kirchnerista para destrabar el conflicto.
Se trata de José Olazagasti, secretario privado del exministro de Planificación Julio de Vido. El testigo dijo que el funcionario estuvo al frente de gestiones para encauzar el regreso de trabajadores argentinos de Sidor al país.
La intervención de Olazagasti habría sido en contraprestación a entregas de dinero realizadas por Techint a funcionarios del kirchnerismo, pagos que fueron admitidos por la propia empresa y juzgados en un proceso distinto al de Cuadernos, que acabó con sobreseimientos.
En la audiencia, Brizzio reconoció la intermediación de Olazagasti, pero negó que este le haya exigido pagos.
Con este y otros testimonios previstos para la semana que viene, la fiscal Fabiana León busca consolidar la hipótesis de una matriz extorsiva desplegada por los funcionarios del kirchnerismo involucrados en el caso.
La acusación señala a Roberto Baratta −mano derecha de De Vido y quien habría estado a cargo de gran parte de la presunta recaudación ilegal− de recibir los desembolsos de Techint en la sede que la empresa tiene en Puerto Madero y de llevarlos luego a manos del secretario de Néstor y Cristina Kirchner, Daniel Muñoz.
Uno de los registros de Oscar Centeno, correspondiente al 27 de agosto de 2008, señala que luego de retirar un “paquete” en las oficinas del grupo, el chofer llevó a Baratta a la casa del matrimonio Kirchner, en Uruguay 1306, en Recoleta.
Además, un arrepentido en la causa, el exfuncionario Claudio Uberti, relató que en medio de aquellas negociaciones por la expropiación, De Vido le ordenó transmitirle a un directivo de Techint que “tenía que ponerse” si quería que lo “trataran bien”.
El origen del conflicto
En paralelo a la negociación técnica que llevó el ingeniero Brizzio en el proceso de nacionalización de Sidor, se instaló un clima de gran hostilidad hacia los trabajadores argentinos en Venezuela. “Las manifestaciones eran permanentes. La agresión verbal también era permanente. Esto de ingresar a las oficinas también era, lamentablemente, común”, dijo hoy el testigo Brizzio.
La presión era ejercida por un gremio que pregonaba la expropiación, sostuvo, pero llegó a tomar forma legislativa con la supuesta iniciativa de un diputado venezolano que buscaba impedir la salida del personal argentino del país caribeño, recordó Brizzio.
En ese contexto, se inauguraron distintos canales de diálogo entre los países. “Hubo interacción en las distintas etapas”, aseguró el ingeniero. Los contactos incluyeron reuniones entre altas autoridades del Poder Ejecutivo del país caribeño con la embajada argentina, recordó.
La expropiación
La historia tiene lugar dentro del juicio de los Cuadernos porque altos funcionarios de Techint admitieron haber realizado pagos a funcionarios del gobierno argentino. Alegaron que ellos les prometían encaminar el conflicto, en virtud del aceitado vínculo con Chávez, y garantizar que los trabajadores argentinos pudieran regresar al país.
Por esos pagos estuvieron procesados los directivos de la firma Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, pero la Justicia terminó enmarcando su situación por fuera del caso Cuadernos, al entender que los desembolsos se habían realizado por una situación de urgencia, en un contexto diferente al de la obra pública.
En 2020, el juez Marcelo Martínez de Giorgi revocó los procesamientos de Betnaza y Zabaleta y, más tarde, el juez Julián Ercolini los sobreseyó, lo mismo que al CEO de la empresa, Paolo Rocca.
Ercolini sostuvo que efectivamente el pago se había realizado, pero en medio de un estado de necesidad, para proteger la integridad física de los dependientes del Grupo Techint y lograr su salida de Venezuela. La decisión del juez no fue apelada a tiempo por la UIF, que es querellante, ni por el fiscal que instruyó todo el caso, Carlos Stornelli, quien ya los había apartado del tramo principal basado en que esos pagos se hicieron en un contexto particular.
Betnaza y Zabaleta están citados a declarar como testigos en el juicio de los Cuadernos el próximo martes.
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