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Juicio por Sueños Compartidos: Sergio Schoklender pide que no se lo juzgue por el paso del tiempo
Sus abogados desarrollan su alegato final; el caso juzga desvíos de fondos en un programa de viviendas sociales; se inició hace 15 años y estuvo al borde de la prescripción
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LA NACIONFederico González del Solar
Sergio Schoklender, el exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo que enfrenta una pena de hasta 6 años de prisión, realiza un planteo ante el Tribunal Oral Federal N° 5 para evitar una condena en el juicio oral por Sueños Compartidos, el programa de viviendas sociales que gestionaba la organización y quedó bajo sospecha por el desvío de fondos.
Su defensa desarrolla ese y otros planteos desde las 10 de la mañana, en los alegatos finales del proceso oral, que comenzó en marzo, luego de 15 años de investigación, y está próximo a finalizar.
“Vamos a volver a insistir [...] sobre lo que tiene que ver con la duración del proceso, con la cuestión relativa al plazo razonable. Nosotros consideramos que se encuentra violado”, dijo el defensor oficial Hernán Figueroa, quien ejerce la defensa junto con Alan Swanston.
El caso investiga un presunto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales entre 2008 y 2011. Según la acusación, el Ministerio de Planificación que lideraba Julio de Vido giró más de $748 millones a la Fundación -a cargo de la ejecución del programa- mediante convenios celebrados sin licitación con provincias y municipios.
De ese total, habrían sido desviados más de 200 millones de pesos, es decir, alrededor del 23% de los recursos.
La duración del proceso, iniciado en 2011, ya fue eje de defensa en otros implicados. En la audiencia pasada, el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Claudio Fatala solicitó, a través de su abogado, Lucio Simonetti, la extinción de la acción penal por prescripción.
En sus respectivos alegatos, el fiscal del juicio, Diego Velazco, y la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en el proceso, pidieron las penas máximas previstas para cada uno de los acusados: seis y cuatro años de prisión, según corresponda.
El exministro de Planificación Julio De Vido integra el primer grupo junto con José López y Fatala, además de los hermanos Schoklender, apoderados de la fundación que ejecutó el programa de viviendas.
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