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Juzgan a Sergio Urribarri por el presunto desvío de fondos durante su mandato en Entre Ríos
El exgobernador está imputado por varios delitos; las causas van desde contrataciones oficiales a las imprentas de su excuñado, al pago de avisos de campaña con fondos públicos; piden 8 años de prisión
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PARANÁ.- El juicio contra el embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri, imputado por varios delitos de administración durante el tiempo en que fue gobernador de Entre Ríos, debió postergarse ayer debido a que su abogado defensor, el ex diputado nacional justicialista Raúl Barrandeguy, presentó síntomas respiratorios y quedó aislado bajo los protocolos vigentes por la pandemia de Covid.
El juicio se tramita contra 15 personas y se desarrolla en los tribunales de la capital entrerriana, pero Urribarri declaró en la primera jornada por vía electrónica desde Jerusalén, donde se encuentra radicado por su función diplomática.
En Entre Ríos se habla de megajuicio por la cantidad de enjuiciados, la diversidad de delitos imputados y la relevancia de algunos de sus protagonistas. En el proceso se ventilan cinco causas acumuladas que van desde contrataciones oficiales a las imprentas del ex cuñado de Urribarri y ex secretario de la Cámara de Senadores provinciales, Juan Pablo Aguilera, al pago de avisos de campaña con fondos públicos, como así también otras presuntas desviaciones de fondos públicos para acciones proselitistas.
Los que concitan mayor atención pública durante el desarrollo de este juicio son Urribarri y su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, hombre de estrecha relación con el ex mandatario y actual embajador. También el exministro de Turismo provincial Hugo Marsó, que está entre los procesados.
Como muchos juicios, el que tiene en el banquillo al ex gobernador, posee nombres de fantasía con los que la prensa provincial, pero también las partes del proceso, denominan a los distintos tramos de la causa. A uno se lo llama “Causa de la vaca”, porque como prueba de que una serie de carteles ruteros contratados por el gobierno fueron instalados en espacios publicitarios a la vera de las rutas, se enviaban a los organismos de control administrativo fotografías de tales carteles pero donde siempre aparece, de forma casual, una misma vaca. Eso hizo presumir que se trataba de montajes de imágenes y no de una toma fotográfica. También está la causa denominada “Sueño entrerriano”, bautizada con el eslogan de campaña de Urribarri en su fallido intento en la carrera presidencial de 2015.
Menos informal en su nombre, la “Causa Cumbre del Mercosur” se centra en los gastos para la organización del encuentro presidencial que se realizó en Paraná en 2014. Concretamente allí, la fiscalía puso la lupa en la contratación por 28,4 millones de pesos a la firma Nelly Entertainment SA, de Jorge “Corcho” Rodríguez, que supuestamente estaban destinados a financiar cuatro spots publicitarios.
Para la parte acusadora, esa suma “fue aplicada para beneficio personal de Urribarri, a través de la difusión nacional de los cuatro spots publicitarios, con el único propósito de instalar su precandidatura a presidente de la Nación en las elecciones generales del año 2015″, según escribió en el expediente el Ministerio Público Fiscal. De Corcho Rodríguez, que saltó a la fama cuando fue pareja de Susana Giménez, la fiscalía dice que “además de conocer la diversa finalidad de la contratación, contó con información privilegiada que le permitió la presentación de la oferta y hacerse adjudicatario de la misma”.
Entre los procesados aparece el empresario publicitario y exdirector de Contenidos de Fútbol para Todos, Gerardo Caruso, acusado de ser partícipe del desvío de fondos.
La causa incluye un expediente por la instalación de un parador en una playa de Mar del Plata, que le costó a la provincia de Entre Ríos 14 millones de pesos y que era un elemento de campaña para la fiscalía y un parador de promoción turística para los defensores.
El tribunal integrado por los jueces José María Chémez, Carolina Castagno y Elvio Garzón deberá resolver sobre un juicio en el que la fiscalía pide 8 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para el actual embajador, y en la que sus defensores reclamarán la absolución por argumentar inexistencia de delitos. Las audiencias del megajuicio continuarán el jueves de manera mixta, tanto presencial como virtual.
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