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Una disyuntiva jurídica postergó el juicio a Cristina Kirchner por el caso Vialidad
Varios empresarios que fueron citados como testigos ya declararon como arrepentidos en la causa Cuadernos y se ven incómodos ante el deber de declarar bajo juramento en otro caso
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LA NACIONCandela Ini
El juicio " class="com-link break-word" data-mrf-recirculation="n_link_parrafo">juicio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por la causa Vialidad, que ya lleva más de dos años en curso e involucra a más de una decena de acusados, hoy sufrió otra postergación. Estaba previsto que esta mañana declarase en calidad de testigo el empresario Juan Chediak, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), pero la audiencia quedó suspendida porque, a través de su abogado, Pablo Lanusse, el empresario pidió la postergación del interrogatorio. El testimonio de Chediack iba a dar inicio a una tanda de declaraciones de actores de peso en el mundo de la construcción, varias de ellas pedidas por la vicepresidenta.
Chediak había sido uno de los testigos que propuso la Oficina Anticorrupción (OA) y la defensa de Lázaro Báez, pero es, además, uno de los 31 arrepentidos del caso Cuadernos. Y las declaraciones testimoniales (bajo juramento de decir verdad) de quienes declararon como imputados colaboradores en otros casos (ajenos al caso Vialidad) constituyen una fuente de preocupaciones para algunas defensas del caso, e incluso para los propios arrepentidos, que alegaron la prohibición de autoincriminación.
En la víspera de la audiencia, Lanusse pidió que la declaración de Chediak fuera postergada porque corría riesgo de autoincriminación. “En mi calidad de colaborador conforme ley 27.304 en el marco de las actuaciones 9608/2018 [Cuadernos] he brindado toda la información que resulta de mi conocimiento respecto de los extremos y situaciones que rodearon a la obra pública en el período objeto de este juicio 2003-2015. Información que de considerarla de interés, podrá ser solicitada al Tribunal interviniente para su debida incorporación al presente”, planteó Chediak.
Y agregó: “toda resolución contraria a lo aquí peticionado no haría menos que poner en trance la debida interpretación y aplicación de las garantías mínimas emanadas de los Tratados Internacionales incorporados a nuestra Carta Magna (...), derecho a ser oído, principio de inocencia, debido proceso, defensa en juicio, prohibición de autoincriminación (...)”.
En calidad de imputado colaborador, Chediak relató frente a Claudio Bonadio cómo funcionaba el esquema de cartelización de obra pública y había dicho que Julio De Vido lo convocó junto al empresario Carlos Wagner para recaudar dinero de los empresarios nucleados en la CAC. Describió que varias de las entregas de dinero que hizo se realizaron en el domicilio de De Vido, en la Avenida del Libertador y Coronel Díaz. En calidad de testigo podría responder preguntas relacionadas exclusivamente con el caso Vialidad.
El fiscal del caso, Diego Luciani, había pedido al tribunal solicitar e incorporar como prueba los legajos de arrepentidos de la causa Cuadernos de Claudio Uberti, José Francisco López, Oscar Centeno, Carlos Wagner, Ernesto Clarens, Enrique Pescarmona, Juan Chediak, Juan Carlos De Goycochea, Aldo Roggio, Francisco Rubén Valenti y Alberto Tasselli.
Ese planteo fue rechazado por las defensas, que cuestionaron, por un lado, la metodología y registros de las declaraciones, y la imposibilidad de utilizarlas en procesos judiciales distintos a los que se materializó la colaboración de esos imputados.
También fue rechazado por el Tribunal, que resolvió entonces que los testigos podrán ser interrogados únicamente alrededor del objeto procesal de esta causa, es decir, de la hipótesis de que entre 2003 y 2015 se direccionaron contratos de obra pública vial a favor de las empresas de Lázaro Báez. “Los testigos que concurran serán interrogados únicamente sobre aspectos que conformen la plataforma fáctica y objeto procesal del debate en curso, y no así sobre hechos que eventualmente pudiesen conformar imputaciones en diversas investigaciones judiciales, en miras a resguardar la garantía que veda la autoincriminación compulsiva”, sostuvieron los jueces Gorini, Basso y Giménez Uriburu.
A pedido de las defensas también fueron propuestos como testigos (incluso antes de que algunos de ellos declararan como arrepentidos en cuadernos) el primo de Mauricio Macri y exdueño de Iecsa Ángelo Calcaterra, el dueño de Corporación América, Eduardo Eurnekian y, entre otros, los hermanos Sebastián y Matías Eskenazi. Ellos fueron ofrecidos como testigos por Cristina Kirchner.
Según reconstruyó LA NACION, probablemente algunos empresarios que declararon como arrepentidos en la causa cuadernos y que fueron citados para este juicio busquen ratificar sus dichos como imputados colaboradores. Esto será en parte cuestionado por los imputados políticos.
Los tiempos y la relevancia del juicio
El juicio comenzó en mayo de 2019. Cristina fue indagada en diciembre de ese año, pocos días antes de asumir la vicepresidencia, en una audiencia colmada de tensión. Luego el proceso se vio interrumpido por la pandemia y fue reanudado en agosto de manera remota, con dos audiencias semanales. Los jueces que intervienen son Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso y el fiscal es Diego Luciani.
Este caso es de alta relevancia política. Es el único juicio oral en curso contra la vicepresidenta, mientras que el proceso por Hotesur y Los Sauces -en manos del TOF 5- no tiene un inicio previsto en el corto plazo, ni tampoco el caso cuadernos, que fue elevado a juicio hace más de dos años. En el caso conocido como Memorándum con Irán, que no es un caso de corrupción sino que se investiga el presunto encubrimiento del atentado contra la AMIA, los acusados están a la espera de una definición del Tribunal Oral Federal 8, que debe resolver si realiza el juicio oral o si los planteos de las defensas sobre las visitas a Olivos de dos jueces de la Casación que intervinieron en el expediente constituyen un motivo suficiente para cerrar el caso.
Mientras las defensas señalan que en la causa Vialidad quedó en evidencia la falta de pruebas, los investigadores confían en la solidez de la prueba acumulada en el expediente para formular la acusación.
En este proceso resta que declaren -aproximadamente- unos 70 testigos, incluido el propio Alberto Fernández y los otros jefes de Gabinete, entre ellos el presidente la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el gobernador chaqueño Jorge Capitanich, Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina.
Pero uno de los tramos más calientes del juicio serán las declaraciones testimoniales de los expertos que participaron del estudio pericial realizado sobre cinco de los más de 50 contratos de obras viales adjudicadas a las firmas de Báez, informes que arrojaron conclusiones diferentes y que motivarán interpretaciones diferentes entre los acusadores y las defensas.
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