Kelly Olmos, la funcionaria que asumió sin poder en un ministerio loteado
Las paritarias se digitan desde Economía y la CGT le hizo un vacío en su primera visita oficial a Azopardo; la pelea por el control interno del organismo laboral
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LA NACION
Kelly Olmos asumió sin poder. Las paritarias se digitan desde el despacho de Sergio Massa y los gremialistas y empresarios prefieren reunirse con el jefe de Economía antes que con la ministra de Trabajo. El Consejo del Salario, un ámbito de debate cuyas definiciones fueron alguna vez una referencia clave para la actividad económica, perdió centralidad y se volvió predecible y burocrático.
Olmos visitó el miércoles pasado por primera vez el edificio de la CGT en su rol de ministra. Ni el calor sofocante disimuló la frialdad. El consejo directivo se ausentó casi a pleno y fue recibida solo por Héctor Daer y Cristian Jerónimo. Tuvo con ellos un mano a mano de casi una hora en el despacho del secretario general, en el cuarto piso. Participó también Javier Mouriño, una suerte de asesor político que trabajó para Daniel Scioli en la provincia. Daer justificó las ausencias de los otros dos líderes: dijo que Carlos Acuña tenía “un compromiso personal” y que Pablo Moyano estaba en Sudáfrica en un congreso de transportistas.
En la mini cumbre, Kelly les contó que había estado en la sede de Azopardo cuando era joven, el día que Juan Domingo Perón dio un discurso desde allí, en 1973. Siguió con el revisionismo cuando unos minutos después le tocó subirse al escenario y cerrar un panel sobre las nuevas tecnologías en el salón Felipe Vallese. Evocó al primer peronismo con nostalgia desde el mismo estrado del que había hablado entonces el expresidente. A pesar de la consigna de la convocatoria, que ameritaba referencias a los desafíos del nuevo mundo laboral, la ministra dedicó casi por completo su mensaje al pasado lejano, pero también al más contemporáneo. “Debemos recuperar la capacidad del poder adquisitivo que destruyó el macrismo”, dijo a modo de arenga en su única referencia a la inflación. Hubo aplausos fugaces.
Olmos asumió en octubre del año pasado en reemplazo de Claudio Moroni. Cuando se abrió la vacante, ya con la interna oficialista desatada, hubo gestiones del kirchnerismo y de la CGT para ubicar a un dirigente propio al frente de la cartera laboral. En un rapto de autonomía, Alberto Fernández definió el relevo con su círculo íntimo y apelando a sus viejos laderos del PJ porteño. Así surgió Kelly, una designación que generó sorpresa y hasta malestar en algunas tribus oficialistas que se habían ilusionado con poner un pie en un organismo clave.
La llegada de Olmos, sin embargo, no rompió con los “loteos” que surcan desde siempre al ministerio. Conservó la primera línea de funcionarios que heredó de Moroni como así también a sus asesores, algunos muy vinculados al sector de “los Gordos” de la CGT, como es el caso de Alberto Tomassone, abogado del Sindicato de Comercio y mano derecha de Armando Cavalieri. “Vino para llegar hasta el final del mandato, para no romper la estructura. La pauta salarial no la define ella, se define en otro lado”, reconoció un jerárquico cegetista.
Mucho menos hubo cambios en la estratégica dirección de Asociaciones Sindicales, el área que supervisa todo lo que tiene que ver con la vida interna de los gremios y el cumplimiento de sus respectivos estatutos. Quedó firme allí Mónica Flora Rissotto, exasesora legal del Sindicato de Peones de Taxis, que estuvo liderado durante 37 años por Omar Viviani. Rissotto, que depende directamente de Olmos, fue denunciada en la Justicia el año pasado por haber avalado en tiempo récord una asamblea virtual del gremio de los taxistas que era objetada por la oposición y en la que Jorge García, el secretario general que reemplazó a Viviani, buscaba avales para vender una propiedad de la obra social al Sindicato de los Camioneros, de Hugo Moyano.
A pesar de su cargo y los riesgos de caer en un conflicto de interés, Rissotto no cerró nunca su estudio jurídico, que se dedica, sobre todo, al derecho laboral. Mantendría entre su cartera de clientes a varios sindicatos, no solamente al de los taxistas, según afirmaron fuentes del rubro. Presta los servicios a través de sus hijos Matías Leonel y Darío Ramos. Sucedió así, por ejemplo, cuando en agosto de 2022 le facturó $520.674 a la obra social Serenos de Buque. Tuvo al menos un reparo: pidió a través de un e-mail que la transferencia de los honorarios se realice a la cuenta de uno de sus hijos.
El vínculo comercial de Rissotto con la obra social se cortó cuando Antonio Ivaldi, secretario general de Serenos de Buque, detectó que los hijos de la funcionaria habían urdido una lista opositora para quedarse con el gremio, que tiene 331 afiliados, pero cuyo atractivo está en la prestadora médica, manejada a través de un fideicomiso y con una recaudación millonaria a través de la triangulación de aportes. El jueves hubo elecciones en el gremio e Ivaldi retuvo el mando a pesar de la “intromisión” del Ministerio de Trabajo, como denunció. Rissotto rechazó contestar preguntas a LA NACION sobre este tema.
Un asesor legal de Ivaldi dispuesto a ir contra Rissotto habló de “los kioscos” del ministerio. Algo de lo que sucede en Trabajo, está pasando también en Economía, AFIP y Aduana ante la aparición de gestores que piden dinero a cambio de agilizar los permisos para importar insumos. Una empresa de bebidas energizantes amenazó con cerrar su planta en el país si no le habilitaban el ingreso de las latas. El caso pasó por Economía y llegó hasta un despacho de la Casa Rosada. La compañía no está dispuesta todavía a ir a la Justicia.
Expedientes que no avanzan
“Buscate un padrino para los expedientes”, lo despidieron a Jorge Yabkowski, titular de la Federación de Asociaciones Sindicales de Profesionales de la Salud (Fesprosa), cuando insistía sin éxito para que el Ministerio de Trabajo le habilite el ingreso de su federación a la CTA. Peor es lo que le sucede a Fernanda Boriotti, del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud, quien tiene hace nueve años frenado el trámite de la personería gremial por un presunto planteo del gremio de la Sanidad, cuyo líder a nivel nacional es Daer, uno de los jefes de la CGT. “Sin apoyo político, los expedientes no avanzan”, se resignó Yabkowski. Hasta la Organización Internacional del Trabajo (OIT) le llamó la atención a la Argentina en 2019 y 2021 por la dilación de los trámites en la cartera laboral.
La dirección donde se cocinan esos expedientes es manejada por Rissotto, que espera por estos días un guiño de la justicia laboral para definir la suerte de cinco seccionales de la UTA que ganó la oposición, pero que está en manos de Roberto Fernández producto de un acuerdo preelectoral sellado con su opositor, Miguel Ángel Bustinduy. Esa minúscula pulseada por el control del gremio de los colectiveros fue uno de los motivos por el que ayer hubo un paro sorpresivo en 80 líneas que afectó a millones de pasajeros en el AMBA.
La dirección de Asociaciones Sindicales es un área determinante porque es la que habilita o rechaza la legalidad de un sindicato. En la Argentina hay registrados 3459 gremios: 1691 con personería gremial y 1768 con simple inscripción. Además, hay otros 135 a los que se les rechazó o canceló la inscripción, según informó el Ministerio de Trabajo. Los simplemente inscriptos no poseen la representación colectiva, por lo que no están habilitados a negociar la paritaria ni a retener automáticamente de los salarios el dinero de la cuota sindical. Sin embargo, entre 2008 y 2013, la Corte Suprema les reconoció derechos importantes: elección de delegados, tutela gremial, representación de intereses colectivos y huelga.
Así como en el Ministerio de Trabajo “los Gordos” de la CGT se jactan de tener más influencia que el moyanismo, la pelea por los expedientes también se traslada a la justicia laboral. Hay cuatro líneas gremiales bien identificadas: la kirchnerista, cuyo referente es Héctor Recalde, aunque también ganaron terreno Gustavo Ciampa y Hugo Moyano (h.); la de “los Gordos”, encarnada en Tomassone, Federico West Ocampo y Marta Pujadas; la autónoma, representada por Horacio Meguira, y la trotskista, referenciada en Guillermo Pérez Crespo, asesor, por ejemplo, del Sindicato del Neumático. Entre los abogados laboralistas de empresas también se trazan tribus y modelos, con Daniel Funes de Rioja quizás como el más hegemónico.
La encrucijada de Massa y la oposición
El crecimiento del empleo que precisó Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa es una leve señal de recuperación económica, pero la foto se destiñe por la caída del poder adquisitivo de los salarios. Se lo enrostró hace ocho días Cristina Kirchner, cuando le reconoció el repunte estadístico, pero aclaró: “Es cierto que hay crecimiento, que la economía está creciendo y se generan puestos de trabajo, pero son precarizados, de baja calidad y bajos salarios”.
Ante este panorama, Massa duda en elevar el umbral a partir del cual se aplica el impuesto a las ganancias (hoy en $404.062 de remuneración bruta) o habilitar un bono de compensación por el tributo si es que se negocia en el marco de la paritaria, como lo acordó ayer el gremio de los bancarios. Es decir, transferirle el peso al sector privado por el dinero que recauda el Estado. Para evitar decirlo así, a Massa y a los banqueros se les ocurrió un atajo retórico: decir que es una compensación por la pandemia. A pesar de la dinámica de las paritarias, los coletazos de la sequía y la inflación lo alejan hoy a Massa de una eventual candidatura. Así se lo habría reconocido el jueves a la noche uno de sus colaboradores más estrechos.
En Juntos por el Cambio siguen de cerca el ajedrez oficialista y los calculados movimientos sindicales. Perciben a un sindicalismo “dócil e intrascendente” que no reacciona ante el 100 por ciento de inflación. “Ni un comunicado hicieron”, dijo un dirigente opositor que conserva vínculos con los gremios. Para los temas laborales, Horacio Rodríguez Larreta tiene entre sus colaboradores a Ezequiel Jarvis y Esteban Eseverri, mientras que Patricia Bullrich se acercó a la CGT a través de Dante Sica y Horacio Pitrau. En ambos equipos tienen como hoja de ruta el proyecto de reforma laboral que intentaron aprobar en 2017, cuyos ejes son modificar hacia adelante el cálculo de las indemnizaciones, impulsar un blanqueo laboral y disminuir las multas para no fomentar la industria del juicio. Todavía ni siquiera se definieron las candidaturas, pero un sector de la oposición ya se frota las manos. Octubre está hoy demasiado lejos.
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