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La Cámara de Casación define si Mario Firmenich debe responder por un atentado de 1976
El caso está a su estudio hace un año; es por el ataque de Montoneros al comedor de la Policía Federal, que dejó 24 muertos
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LA NACIONHernán Cappiello
La Cámara Federal de Casación Penal tiene en sus manos desde hace casi un año la causa por la bomba que la agrupación guerrillera Montoneros colocó en el comedor de la Policía Federal, en 1976, y que dejó 24 muertos, donde el principal acusado es Mario Firmenich.
Fuentes del tribunal dijeron a LA NACION que el expediente “está para votar”, pero que “tiene sus bemoles”, por lo que anunciaron una pronta resolución, no exenta de dificultades.
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Alejandro Slokar, debe decidir si la Justicia puede investigar, casi medio siglo después, el ataque que ocurrió el 2 de julio de 1976 en el comedor de la entonces Superintendencia de Seguridad Federal, en Moreno 1431 de la ciudad de Buenos Aires.
La explosión mató a 24 personas y dejó decenas de heridos y mutilados. El caso espera una resolución desde el 12 de diciembre del año pasado, cuando el tribunal hizo la audiencia para escuchar a las partes.
En juego está la orden de citar a indagatoria a Mario Firmenich, jefe de Montoneros, y lo que se discute en el expediente es si el hecho puede investigarse pese al paso del tiempo.
La causa tramita en el Juzgado Federal 1 de María Servini. Su reapertura fue pedida por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, acompañada por otras asociaciones, víctimas del atentado y más de una decena de abogados.
El 18 de noviembre de 2021, Servini rechazó en pocos renglones el pedido de reapertura del caso. Sostuvo que los hechos estaban prescriptos y que se trataba de una cuestión ya resuelta.
Pero el 9 de junio de 2022, la Cámara Federal porteña anuló esa decisión y le ordenó a la jueza dictar un nuevo pronunciamiento.
Le reprochó no haber analizado los planteos de los denunciantes, que pedían determinar si el atentado constituía un delito de lesa humanidad, un crimen de guerra o una grave violación a los derechos humanos, categorías que habilitarían investigar, juzgar y castigar a los responsables pese al paso del tiempo.
El 7 de agosto de 2023, Servini volvió a rechazar el pedido. Concluyó que el hecho no era un delito de lesa humanidad, ni un crimen de guerra, ni un acto de terrorismo, ni una grave violación a los derechos humanos.
Los denunciantes y las víctimas apelaron y el 19 de diciembre de 2024, la Sala I de la Cámara Federal les dio la razón.
El fallo del 19 de diciembre de 2024 lo firmaron los tres jueces de la Sala I de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Además de a Firmenich, la Cámara pidió llamar a otros imputados, entre ellos Horacio Verbitsky. Firmenich no vive en Argentina; en julio pasado, en otra causa por apología del crimen, no se presentó a indagatoria y su hermano declaró su nuevo domicilio en España.
El tribunal declaró que el atentado y la omisión de investigarlo constituyen una grave violación a los derechos humanos y revocó los sobreseimientos dictados por prescripción.
Ordenó además producir pruebas para esclarecer el hecho e identificar a los responsables, y citar a indagatoria a Firmenich, por la “pública y notoria” posición de mando que tenía en la organización que se atribuyó explícitamente el atentado.
Esa resolución fue recurrida por Firmenich, por Patricia Walsh y por la defensa oficial en representación del resto de los imputados. El expediente quedó radicado en la Sala I de Casación, el máximo tribunal penal del país.
Allí se deberá decidir si se confirma el fallo de la Cámara Federal en cuanto a la imprescriptibilidad del delito por tratarse de una “grave violación a los derechos humanos”.
Si la Casación convalida ese criterio, abriría la puerta a investigar hechos atribuidos a organizaciones armadas de los años 70, un debate que la Justicia federal había dado por cerrado. Si lo revoca, la causa volvería a quedar prescripta.
Desde la audiencia de diciembre pasado, las partes esperan la decisión. Pasaron más de diez meses.
El atentado
José María Salgado era el agente infiltrado al que se le atribuye haber colocado la bomba y que da nombre a la causa. Fue asesinado en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Era un joven de clase media alta de Olivos, hijo de un abogado y sobrino de un general, y estudiante de Ingeniería Electrónica en la UBA.
Trabajó en el área de Inteligencia de Montoneros, infiltrado en la policía. Tenía 21 años y había cumplido el servicio militar en la Policía mientras militaba en Montoneros, que ya estaba en la clandestinidad.
El 2 de julio de 1976 entró por el portón de Moreno 1431 de uniforme, con placa policial y una bomba “vietnamita” escondida.
Según la acusación, la bomba tenía 9 kilos de TNT y bolillas de acero; la dejó en una silla tapada con un abrigo y activó el temporizador.
Almorzó en el comedor y se fue minutos antes de la explosión, que fue a las 13.20. Fue el ataque más sangriento de los años 70 y de la historia argentina hasta la AMIA.
Salgado fue torturado y asesinado en la ESMA. Por eso nunca fue juzgado y la causa apunta hoy a la cadena de mando de Montoneros, con Firmenich a la cabeza.
Por Hernán Cappiello
