Tras dos años presos sin condena, ordenan liberar a Zanola y a su mujer

La Cámara Federal ordenó hoy la excarcelación del secretario general de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, detenido desde hace poco más de dos años en el marco de la causa por la llamada mafia de los medicamentos que tiene a su cargo el juez federal Norberto Oyarbide.

La Sala II del tribunal consideró que corresponde liberar a Zanola y a su mujer, Paula Aballay y a otros procesados en el mismo expediente porque llevan más de dos años detenidos sin condena y sin que el expediente en el que están procesados haya sido elevado a juicio oral.

Según la resolución, firmada por los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, Zanola "deberá recuperar su libertad" una vez que Oyarbide fije el monto de la caución real, es decir, de la fianza a pagar por el gremialista.

Hace dos semanas, Oyarbide había prorrogado la prisión de Zanola por un año. Esa decisión fue la que hoy revocó la Cámara Federal. En el fallo se aclara que la medida en beneficio del sindicalista se toma "sin desconocer la gravedad de las imputaciones que enfrenta Zanola", que seguirá procesado y bajo investigación.

Zanola está preso desde el 30 de noviembre de 2009. Oyarbide dispuso su detención por considerarlo jefe de una asociación ilícita dedicada a la comercialización de medicamentos apócrifos. El juez sospechaba también entonces de maniobras fraudulentas con droguerías para cobrar tratamientos de cáncer a personas que ya habían muerto o que nunca estuvieron enfermas.

El fallo que ordena liberar al matrimonio también beneficia al dueño de la droguería San Javier, Néstor Lorenzo, sospechado de haber liderado la asociación ilícita junto con Zanola, a Susana Fionna, empleada del área administrativa del Policlínico Bancario, que comandaba Aballay y al empresario Esteban Pérez Corradi, procesado por presunto lavado de dinero en la misma causa.

La causa

La causa por la mafia de los medicamentos comenzó a investigarse en 2007, pero la pesquisa se aceleró a fines de 2009, cuando Oyarbide allanó las propiedades de Zanola y el Policlínico Bancario, donde encontró oficinas de la droguería San Javier, que proveía de remedios a la obra social y su clínica. En ese momento el juez detuvo a Lorenzo, que ya había sido denunciado por la ex ministra de Salud Graciela Ocaña, una de las impulsoras de esta investigación.

La situación adquirió un cariz político cuando se conoció que en poder de Lorenzo se decomisaron recibos por casi $ 1.000.000 de aportes a la campaña electoral de 2007, que depositó a Cristina Kirchner en la Presidencia de la Nación.

Entre los aportantes de la campaña estaba Damián Ferrón, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez, asesinado cuando se dedicó a vender efedrina a una banda de narcos mexicanos. Sus empresas aparecen vinculadas con la venta de remedios a Lorenzo.

El juez Oyarbide investiga diversas maniobras: la venta y suministro de remedios apócrifos, la manera en que se constituyó un fideicomiso para enfrentar las deudas que tenía la obra social bancaria con sus acreedores. Ese fideicomiso, donde aparece como garante el Banco Provincia, terminó beneficiando a Lorenzo, pues el dinero que ingresaba en la obra social estaba destinado a pagar la deuda con la droguería. Los pagos se realizaban a través del banco oficial. Ocaña, cuando era funcionaria, se opuso a la constitución de ese fideicomiso, que luego se estableció con el aval de un juez.

Además, el juez investiga el pago de costosos tratamientos realizados por medio del Ministerio de Salud. El sistema funcionaba a través de un fondo constituido por la obras sociales para financiar tratamientos largos o muy caros. Los gremios presentaban ante la Superintendencia de Seguros de Salud los expedientes con las historias clínicas y los troqueles de los medicamentos suministrados y cobraban el reintegro.