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La causa Malvinas, un tema relegado en los discursos de Milei desde el estrado de las Naciones Unidas
El conflicto con el Reino Unido no apareció como preocupación central en los últimos mensajes del Presidente ante la Asamblea General; el giro quedará expuesto en su exposición del miércoles
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PARA LA NACIONDaniel Santa Cruz
“Los analistas políticos dicen que impulsamos Malvinas por cuestión de imagen y oportunismo político. Es una estupidez mayúscula”, afirmó el presidente Javier Milei en el canal de streaming Neura, y agregó que la estrategia “se viene preparando desde hace tres años” y que el detonante fue un comentario de Donald Trump sobre la posible revisión de la postura de neutralidad de Estados Unidos en la disputa.
Así, rechazó que la ofensiva por la soberanía de las Islas Malvinas responda a un cálculo electoral frente a los comicios de 2027, en los que buscará la reelección.
Sin embargo, aparecen antecedentes que le dan sustento a quienes acusan de “oportunista” a Milei por tomar la causa Malvinas sin que existan acciones y declaraciones anteriores sobre este tema.
Un informe realizado por la Consultora Synopsis midió la cantidad de veces que el Presidente pronunció la palabra “Malvinas” en discursos oficiales. Antes del discurso por cadena nacional del 3 de septiembre pasado, Milei habló de Malvinas solo 24 veces en 33 meses de gestión, de las cuales 18 fueron en actos conmemoratorios del 2 de abril, mientras que, desde el discurso mencionado, Milei nombró “Malvinas” en 18 oportunidades, solo en 15 días.
“Milei puede cambiar de posición en relación a Malvinas −los anuncios evidenciaron un cambio− pero todo cambio de posición tiene que ser creíble para ser efectivo”, dice a LA NACION Lucas Romero, director de Synopsis.
Y agregó: “Para que sea convincente que no se trata de oportunismo político, tienen que existir razones y fundamentos: acá no hubo ni razones, solo existió un comentario aislado de Trump, que no parece ser razón suficiente, ni fundamentos que lo avalen, ya que sus antecedentes discursivos tienen escasas referencias al tema Malvinas, pero sí referencias contrarias a la política histórica de la Argentina”, concluyó.
Un trabajo reciente de Synopsis, que midió 1257 casos, entre el 8 al 15 de septiembre de 2026, señala que el 58,2% de la población descree en el compromiso de Milei con la cuestión Malvinas. El 13,1% dice que es “poco creíble”, mientras que el 45,1% afirma que es “nada creíble”. En tanto, creen en su compromiso el 38,9%, diferenciados en un 16,9% como “bastante creíble” y un 22% como “totalmente creíble”.
En la ONU
Los discursos oficiales se resumen en las dos presentaciones del presidente argentino en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.
En septiembre de 2024, Milei habló de modo crítico de la Agenda 2030, de la “cultura woke”, nombró varias veces a Trump y citó al Profeta Isaías, pero no habló de las Islas Malvinas, ni siquiera nombró el conflicto de soberanía.
En 2025 sí nombró una vez la cuestión Malvinas sobre el final de su discurso, en el que invitó al Reino Unido “a reanudar las negociaciones bilaterales, de conformidad con la resolución 2065 del organismo y todas las resoluciones posteriores que la acompañan”, pero no marcó nada sobre la explotación de recursos naturales, cuando el proyecto petrolero de Sea Lion en suelo marítimo argentino ya estaba avanzado en su etapa de exploración, con la consecuente depredación pesquera.
Otro dato relevante, y curioso, surge de la plataforma de campaña presentada por La Libertad Avanza en la Cámara Electoral. En sus casi 4000 palabras que componen las 13 páginas, firmadas por sus apoderados, no aparecen las palabras “Malvinas”, “archipiélago” o “islas del Atlántico Sur”. Tampoco surge allí nada concreto sobre la temática Malvinas.
Solo asoman generalidades, como en el artículo 24 del capítulo sobre seguridad y defensa. Allí promete “replantear la política de defensa nacional para coordinar con la política exterior, especialmente en nuestra plataforma submarina, exigiendo una reestructuración de las fuerzas armadas que demande redefinir su misión y despliegue territorial”.
El artículo 29 se compromete a “promover la reafirmación soberana nacional en todas las áreas geográficas en las que se viera amenazada o peligre la supervivencia del Estado, garantizando y manteniendo la seguridad territorial y estilos tradicionales de vida, las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución nacional”.
Dos referencias genéricas y sin precisiones, muy distintas de otras definiciones, en las que se plantean acciones concretas, como en el área de Seguridad Interior, donde se proclama la “tolerancia cero contra la delincuencia” y se llama a “promover una doctrina de seguridad nacional y sus estrategias”, así como la “creación e implementación de una directiva de política de seguridad nacional”, además de otras precisiones sobre seguridad urbana, como la presentación de proyectos para modificar las “leyes y procedimientos que dificulten el accionar policial y otorguen excesivas concesiones a los delincuentes”.
Todo este debate de credibilidad respecto a las intenciones genuinas del Gobierno en torno del reclamo por Malvinas acompaña el debate sobre el tratamiento parlamentario de la ley de defensa de la soberanía nacional, que incluye el controversial Consejo de Seguridad Nacional, presidido por Milei y con facultades para disponer “medidas urgentes” ante una amenaza grave e inminente, como “restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, y restringir el comercio exterior”.
La iniciativa habilita a las Fuerzas Armadas a intervenir en la protección de instalaciones estratégicas. Y uno de los puntos más cuestionados es la jerarquización del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet), a cargo de la Unidad de Información Financiera.
Gran parte de la oposición ya rechazó ambas medidas, pero no la cuestión de fondo sobre soberanía. Y marcaron su preocupación por que la inscripción en el registro “no estará condicionada a la existencia de una acción penal”. Solo bastarán “motivos razonables para sospechar” un vínculo con el terrorismo. Varios bloques ya manifestaron su voto contrario a esos puntos.
Tipo de trabajo:noticia original
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