La Ciudad advierte sobre el colapso de detenidos en las comisarías y acusa a la Nación

La escena se registró en las últimas semanas: quince patrulleros que llevaban personas detenidas por haber cometido delitos federales pasaron la madrugada en caravana, para intentar “descargarlas” en comisarías porteñas. Las celdas ya estaban colapsadas. El grupo de detenidos terminó pernoctando en los patrulleros y los camiones de traslado.

El dato, confirmado a LA NACION por fuentes de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, conducida por Marcelo D’Alessandro, exhibe una problemática que va in crescendo: al cierre de esta nota había 640 personas detenidas, muchas de ellas ya condenadas por la Justicia, en calabozos de comisarías porteñas. El número más que duplica el “cupo” habilitado en esas dependencias, que es de 235 plazas como máximo.

Es por eso que fuentes del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ya hablan de una situación de “colapso”, denuncian que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) impide el traslado de los detenidos y que la situación se agravó con la pandemia.

En el SPF, intervenido y conducido por María Laura Garrigós de Rébori, no solo negaron ante la consulta de LA NACION que exista tal rechazo a los detenidos en el territorio porteño, sino que responsabilizaron al estilo “punicionista” de la gestión porteña de Pro por el aumento de detenciones sin “criterios racionales” y el consiguiente colapso en las comisarías.

Se trata de un nuevo frente de conflicto entre la Nación y el distrito porteño, que se suma a la disputa por los fondos coparticipables que ya se discute ante la Corte Suprema, la cesión de terrenos a la ciudad por parte de la presidencia de Mauricio Macri –acelerada tras la derrota en las PASO de 2019– y el debate por la presencialidad escolar en tiempos de pandemia.

Desde la Ciudad advierten que, además de la situación de los detenidos, el nuevo conflicto impacta en el servicio de seguridad: indicaron que entre 1200 y 1500 policías porteños dejaron sus tareas en la calle para abocarse a los trabajos de guardias en las comisarías. Esta situación se precipitó con el inicio de la pandemia, donde antes había, sostienen en la cartera conducida por D’Alessandro, entre 100 y 150 personas detenidas en comisarías y en las alcaidías 28 y 29 de los tribunales penales federales.

Con perspectivas diferentes frente a una realidad visible, las autoridades nacionales y las porteñas reconocen la tensión entre ambas administraciones. Según las fuentes porteñas, el cuadro se debe, en parte, a la dilación en el proceso de transferencia de la justicia nacional a la porteña. Algunas fuentes partidarias de Pro agregan que hay intencionalidad política: “Les sirve la foto de las comisarías porteñas colapsadas, cuestionan que tengamos una política de seguridad como la que tenemos”.

En la Casa Rosada admiten la gravedad del tema. En el Ministerio del Interior, que conduce Eduardo “Wado” de Pedro, el secretario ejecutivo de la Comisión Consultiva del Área Metropolitana de Buenos Aires (Cocamba), Marcos Schiavi, tiene conversaciones al respecto con Diego Santilli, vicejefe de gobierno y ministro de Seguridad porteño. De Pedro también habló con Larreta semanas atrás sobre la finalización del penal de Marcos Paz, cuya obra esta paralizada, y el traslado del penal de Devoto a la órbita de la ciudad.

La transferencia del fuero penal ordinario hacia la ciudad implicaría el traslado de juzgados nacionales a la Capital, y que los jueces porteños intervengan y resuelvan sobre homicidios, robos y delitos de gravedad, como los delitos sexuales y de narcotráfico de estupefacientes. Además de la transferencia de recursos, que ya dividió a la administración nacional de la porteña por la transferencia de la policía federal a la órbita de la Ciudad. Por ahora, solo se concretó el traspaso de los delitos menores -los que tienen penas inferiores a los tres años de cárcel- y la Justicia porteña es competente para perseguir el narcomenudeo, por ejemplo.

El inicio de la pandemia de coronavirus complejizó la situación, por los planteos y decisiones de la justicia a fin de evitar la propagación del virus en las cárceles.

Rechazo del SPF

En el Servicio Penitenciario Federal negaron ante la consulta de LA NACION que exista tal rechazo a los detenidos en el territorio porteño y subrayaron que las afirmaciones son “una mentira”. Se remitieron al último comunicado de Garrigós sobre el tema. “El Servicio Penitenciario Federal ha dado cabal cumplimiento, en la medida de sus posibilidades, a las responsabilidades que le competen”, había comunicado la interventora.

“El gobierno de Mauricio Macri impulsó la reforma a la ley de flagrancia –agregó– sin reforzar las plazas de aislamiento y con el único objetivo de lograr un golpe de efecto con su policía de CABA. Es por ello que detienen a personas sin tener en cuenta criterios razonables de política criminal. Las consecuencias están a la vista: no hay cárceles para alojar tanto efectismo punicionista”.

Además, señalaron que desde abril 2020 hasta mayo de 2021 el SPF recibió 3979 personas y dijeron que, de ellas, 3369 fueron remitidas por la policía porteña. En la ciudad de Buenos Aires, sin embargo, insisten en que la policía local detiene entre 2500 y 3000 personas por mes, de las cuales entre 800 y 1000 permanecen en esa situación.

En junio, Santilli y D’Alessandro denunciaron a Garrigós por no recibir a la totalidad de los presos. La causa recayó en el juzgado federal de Sebastián Casanello, que delegó la investigación en el fiscal Ramiro González, subrogante de la fiscalía que quedó vacante tras la muerte de Jorge Di Lello. Por ahora, González pidió información a las dependencias del SPF sobre las cifras de ingresos y egresos de presos en los últimos dos años y al Ministerio de Justicia, conducido por Martín Soria.

Hay un abanico de consecuencias derivadas de esta problemática. En principio, señalan en el distrito porteño, se incumple el fallo Verbitsky, que obligó en 2005 al gobierno bonaerense a poner fin a las graves condiciones de detención que llevan a la violación permanente de derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. En las comisarías los detenidos no pueden bañarse y tampoco pueden recibir visitas. Algunos duermen en el piso, y pueden llegar a cohabitar hasta ocho personas en una misma celda.

El Ministerio Público de la Defensa porteño presentó el año pasado un recurso de habeas corpus que fue aceptado por la jueza penal porteña Carla Cavaliere, pero que no tuvo, sostienen en la Ciudad, los efectos esperados.