La comisión Beraldi

Era muy previsible que Cristina Kirchner ejercería una gran influencia en las iniciativas institucionales de la presidencia de Alberto Fernández. Sobre todo, las del campo judicial, donde ella experimenta sus grandes pesadillas. La presencia de Alberto Beraldi, su abogado defensor, en la comisión asesora para la reforma de los tribunales que se inauguró ayer, es nada más que la manifestación simbólica de esa gravitación. Sobre todo, porque esa participación es innecesaria. Beraldi ya asesoró todo lo que tenía que asesorar.

El Presidente presentó su reforma judicial en un acto al que la vicepresidenta no concurrió. Lo hizo con un discurso escrito. No está claro si para no olvidar algunos datos y conceptos, o para estar seguro de que los olvidaba. Porque la semblanza que presentó de la Justicia y sus deformaciones no podía ser más capciosa. La reconstrucción histórica se fue sesgando a medida que avanzaba hasta el presente. Suele ocurrir. Fernández comenzó condenando, y hay que aplaudirlo, a la dictadura y sus estatutos, por los que juraron como magistrados algunos de los abogados que eligió como asesores. Siguió con un elogio de Raúl Alfonsín, sobre todo por el juicio a las Juntas. Cuando llegó a la gestión de Carlos Menem, que él integró, retomó el sentido crítico. Pero lo más notorio es que sobrevoló los 12 años de kirchnerismo sin siquiera mencionarlos. Es una omisión estratégica. Durante ese período, que él protagonizó a lo largo de un lustro, se removió una Corte completa con procedimientos discutibles. Se reformó dos veces el Consejo de la Magistratura. Y se intentó atar el destino de los tribunales al vaivén de las elecciones, con la coartada de una democratización. Nada de eso es lo que requirió el mayor esfuerzo amnésico. Durante esos años, se manipularon causas penales, en especial durante las campañas proselitistas, y, sobre todo, se llevó la intervención del espionaje en los tribunales a niveles nunca antes conocidos. Al ignorar esas patologías, el Presidente no solo traicionó la historia. Se traicionó a sí mismo. Porque entre los múltiples Fernández que la sociedad va conociendo, hubo uno que recorría los canales de televisión para criticar esas miserias. Traicionó también a Cristina Kirchner. Porque el avance de los jueces sobre su gestión, que ella denuncia como lawfare, se inició durante su presidencia. Y fue estimulado por la interna peronista. En especial desde que Sergio Massa decidió separarse del oficialismo. La expresidenta, como en tantos otros temas, fue víctima del monstruo que su esposo había creado.

Fernández recuperó la memoria al mencionar la gestión de Mauricio Macri. Censuró, con razón, la disposición indiscriminada de prisiones preventivas. Y el uso de los servicios de inteligencia para montar operaciones judiciales. Prácticas que van saliendo a la luz en numerosas investigaciones, y por las que Macri paga el costo de haberse asociado a los mismos actores que ya habían servido a Kirchner, a destajo, para alcanzar los mismos fines.

Más allá de las gravísimas imperfecciones de la narrativa de Fernández, hubo también una llamativa rareza en el núcleo de su iniciativa. Primero expuso una reforma general de la Justicia. Y después presentó la comisión que debe asesorarlo para esa reforma. Es un engaño para pocos. Ese equipo de sabios tiene como misión convalidar una remodelación de la Corte que ya está decidida. Pero esa remodelación, en el planteo del Presidente, está en segundo plano. Es un tributo a la vicepresidenta, que necesita que el máximo tribunal esté integrado por otros miembros, y aplique otros procedimientos, para cerrar sus problemas penales.

Sobre las calidades de los integrantes de ese equipo no caben los reproches. Fernández los seleccionó siguiendo aquel criterio de Proust del que todo ser humano es víctima: "Llamamos claras a las ideas que se hallan en el mismo grado de confusión que las nuestras". Es cierto que, si se revisa la bibliografía, hay pocos especialistas sobre tribunales superiores. O que hayan escrito sobre el alcance del recurso extraordinario. En cambio, sobresale el color político. Por ejemplo, sobre 11 expertos, 4 son penalistas. Y dos de ellos son defensores de figuras encumbradas del oficialismo en casos de corrupción. Uno es Carlos Arslanian, un eximio penalista, que patrocina al extitular de la AFIP y asesor permanente de la vicepresidenta, Ricardo Echegaray. Por supuesto, Arslanian no tiene por qué dar explicaciones por su trabajo profesional, que sirve al derecho de defensa. Pero su convocatoria tiene una connotación estética que no pasa inadvertida.

Más complicado es, en el mismo sentido, que Fernández haya elegido como asesor a Alberto Beraldi. Cuando se analizan los antecedentes de este abogado, tan ligado a Arslanian durante toda su carrera, salta a la vista que, si de algo sabe, es de reformas judiciales. Trabajó en las dos más importantes que se hicieron en los últimos 25 años. Pero ese dato queda eclipsado por su rol como abogado de Cristina Kirchner. Es evidente que alguien con la sensibilidad política de Fernández sabe que la presencia de Beraldi debilita a esa comisión. Por eso Beraldi no es solo un indicio de que la reforma puede estar contaminada por las ansias de absolución que desvelan a Cristina Kirchner. Es, además, otra evidencia del dominio de la vicepresidenta sobre el Presidente. Más aún: tal vez para ella sea más importante dejar en claro lo segundo que garantizarse lo primero.

Hay otro pormenor significativo en el trabajo de Beraldi: también es abogado de Cristóbal López, acaso el empresario más gravitante sobre la Casa Rosada, como demuestra la nueva moratoria impositiva.

El consejo presentado ayer tiene otras peculiaridades interesantes. Ha habido una exclusión, que para muchos kirchneristas ortodoxos es injusta: la de Gregorio Dalbón, el otro defensor de la vicepresidenta. En cambio, está Andrés Gil Domínguez, a quien ella suele recurrir cuando las sugerencias de sus letrados no la terminan de convencer.

Fernández tiene derecho a quejarse de que algunos de los expertos convocados lo estén cuidando poco. Por ejemplo, ¿hacía falta que Claudia Sdbar, la jueza del máximo tribunal tucumano, admita que su hija, Lucila Bercovich, sea designada relatora de un colega de esa corte? ¿Justo ahora? Se dirá que es un dato despreciable. Elena Highton hizo lo mismo con su hija. A propósito: ayer las dos concurrieron a la Casa Rosada. Para Fernández fue un gesto inapreciable. Una ministra de la Corte, la que él había designado, convalidó la remodelación que pretende hacer. O que la vicepresidenta le impone que haga, en contra de sus opiniones de hace cuatro años, desde ayer viralizadas en las redes.

Sin embargo, el servicio más catastrófico para el Presidente lo está prestando Omar Palermo, otro invitado a asesorar, a instancias de la senadora Anabel Fernández Sagasti. Palermo es juez del máximo tribunal de Mendoza y está protagonizando un escándalo en esa provincia. Allí el gobernador radical, Rodolfo Suárez, designó como jueza de la Corte, con acuerdo de la Legislatura, a María Teresa Day. Como no aprueba el perfil ideológico de esa abogada, el PJ objetó la designación con el argumento de que no ejerció la profesión durante 8 años, como es obligatorio. Day no fue litigante, porque estuvo trabajando en la Justicia. Palermo, que controla una de las salas de la Corte provincial, encabeza un bullicioso intento de destitución de la jueza, sin destino institucional a la vista. Su designación en la comisión asesora parece una convalidación de esa turbulencia. La situación de Mendoza podría ser un espejo que adelanta.

Sobre la cantidad de miembros de la Corte, su división en salas, y los casos en que debe intervenir, existe un debate académico interminable. Uno de los máximos expertos en el tema es Mario Kaminker, para quien las ampliaciones suelen estar contaminadas por la manipulación política. Es curioso que Fernández no quiera consultarlo, porque ha sido el gran procesalista del estudio Arslanian-Beraldi. Una ironía, claro. La comisión que se presentó ayer debe dictaminar a favor de la ampliación de la Corte, su división en salas y el mayor alcance del recurso extraordinario. La esencia del programa fue sintetizada por el impetuoso Alejandro Rúa, otro abogado de la vicepresidenta, con un tuit: "Toda la Corte macrista se tiene que ir".

La discusión parece ociosa. El Gobierno está en condiciones de aprobar una ley de reforma de la Corte. Pero para designar los nuevos miembros necesita de dos tercios que la oposición no está dispuesta a facilitar. Fernández incorporó a su comité de sabios a Inés Weinberg de Roca, ministra del máximo tribunal porteño y frustrada candidata de Macri para la Procuradoría General de la Nación. Esa invitación irritó más a la dirigencia de Juntos por el Cambio. Allí se oponen tanto a la avanzada judicial sobre la Corte que hasta Horacio Rodríguez Larreta fue tratado con sarcasmo por haberle dado al Presidente el teléfono de Weinberg. Las chicanas pasaron a un segundo plano cuando alguien preguntó: "¿Y si para completar la Corte sin nosotros repiten el decreto que usó Macri?". Nadie en el oficialismo contempla esa alternativa. Por lo tanto, la comisión de sabios puede correr la suerte de aquel Consejo del Hambre, que integraban desde Marcelo Tinelli hasta Estela de Carlotto. Porque, se supone, para la señora de Kirchner el hambre de miles de argentinos es más urgente que el cierre de sus causas penales.

Fernández disimuló la discusión sobre la Corte. Y se detuvo en el envoltorio: la ampliación del fuero federal a 46 juzgados en la Capital, a los que se agregarán otros en el interior. A propósito: ¿Martín Guzmán ya explicó a los acreedores cómo es que no tiene un dólar más para ellos, porque el 50% de los niños se sumerge en la pobreza, pero sí lo tiene para financiar esta burocracia gigantesca?

La expansión del fuero federal es una oportunidad fantástica para armar otra Justicia, sobre todo si se reforma el sistema de concursos del Consejo de la Magistratura, una de las propuestas más interesantes de las conocidas ayer. Como ese proceso puede durar años, en el mismo Consejo se avanza a toda velocidad para satisfacer lo que la vicepresidenta exige de inmediato: la anulación de los traslados de jueces que han participado en sus infortunios judiciales. El representante del Poder Ejecutivo en ese órgano, Gerónimo Ustarroz, ya hizo una propuesta. Y el representante de los académicos Diego Molea, que militaba junto a Massa mientras Margarita Stolbizer escribía sus libros sobre Cristina Kirchner y crecía la ola del supuesto lawfare, se apresuró a convalidarla. Los jueces que resistan estas disposiciones deberán litigar en el fuero contencioso administrativo. Es el reino del camarista Sergio Fernández. En el kirchnerismo aseguran: "Con él ya está todo hablado". Sergio es el hermano del controvertido auditor Javier Fernández, a quien el tabacalero Antonio Stiuso presentó como uno de sus hombres. Fernández, con su antiguo amigo Darío Richarte, estarán de parabienes: su gran influencia en el fuero penal económico se verá potenciada con la nueva reforma. Richarte ha sido el cerebro de Daniel Angelici en las operaciones judiciales que ejecutaba Juan Sebastián De Stefano en la AFI de Macri. Desde hace semanas todos se volvieron "consultores".

A propósito de Angelici, el otro triunfador de esta reforma es el sagaz Juan Manuel Olmos, jefe del gabinete de asesores de Fernández. De los verdaderos asesores. Olmos administra con Angelici desde hace años la Justicia de la Ciudad, que ahora se verá potenciada por la transferencia de los tribunales ordinarios. Ayer se lo veía exultante, al lado de la hija de Highton.

El Presidente está en apuros. Quiere satisfacer la demanda de regeneración institucional de un sector de la ciudadanía. Pero está obligado a hacer todo lo que esté a su alcance para cerrar las causas judiciales de su vice, que es su jefa. La contradicción entre estos objetivos se dispara en un detalle: Beraldi.

A Fernández no le sobra cinismo. Le falta astucia. Solo a alguien muy desprevenido, si tiene a su lado a una figura tan complicada en tribunales como Cristina Kirchner, se le ocurre convertir a las cuestiones judiciales en un eje central de su política. No hay consejo asesor que alcance para disimular ese problema. Porque la sociedad no pide una reforma. Pide justicia.