Alberto Fernández y el diálogo como simulacro

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A continuación, la desgrabación de sus principales conceptos:

• El kirchnerismo tiene una concepción del poder y de la vida pública que suele identificarse como "populismo". Esa etiqueta está sometida a un enorme debate por el nivel de imprecisión que tiene. Pero sí podríamos decir que tiene una concepción "antiliberal". Si uno mira los principios básicos del liberalismo, el kircherismo tiene un conflicto muy marcado: en el orden económico, un cuestionamiento al mercado, en algunos sectores más acentuado hacia la propiedad privada; y en el orden político-institucional un conflicto permanente con dos rasgos de la arquitectura institucional de la sociedad y de la política, que constituyen la esencia de la perspectiva liberal. Uno, un entredicho con la prensa independiente; dos, un conflicto con la idea de un Poder Judicial independiente. Este segundo aspecto tiene, por supuesto, toda una carga ideológica. La convicción de que, en realidad, esa independencia del Poder Judicial no es tal, y que la organización jurídica del Estado responde secretamente al interés de la clase dominante, o de los sectores más poderosos. Esa idea se refleja mucho en el comportamiento de Cristina Kirchner. En su obsesión por reformar la Justicia, una y otra vez.
• Para quien mira el país a la distancia, es algo raro. Un país que vive modificando instituciones y reglas que en otras sociedades cambian muy de vez en cuando. Cristina Kirchner, como esposa del entonces presidente Néstor Kirchner, y presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, ella misma llevó adelante un juicio político a la Corte, llamémosle menemista, que estaba tan cargada de críticas y desprestigio. Eso mismo ocultó muchas irregularidades en ese juicio político. Por ejemplo, haber removido algunos jueces por el contenido de sus sentencias.
• Después, la misma Cristina Kirchner, todavía senadora, propuso achicar el número de miembros de la Corte, de nueve a cinco. Luego, modificó el Consejo de la Magistratura, no una, sino dos veces. Es decir, no quedó conforme ni con su propia reforma. La última está en la Corte con un pedido de inconstitucionalidad. La Corte no se expide, sería muy inquietante si lo hiciera, porque si concede el planteo de que es inconstitucional esta conformación del Consejo de la Magistratura, le correspondería presidir el Consejo a Carlos Rosenkrantz. El Consejo controla al Poder Judicial. Muy probablemente, Ricardo Lorenzetti, que tiene un conflicto muy duro con Rosenkrantz, jamás apoyaría eso y esto hace que esté dormido el tema.
• Entonces, Cristina Kirchner cambió la Corte, la achicó, modificó el Consejo de la Magistratura dos veces y, como no le terminaba de cerrar, propuso una democratización de la Justicia, que consistía en atar la suerte del Consejo a las elecciones políticas. Tampoco funcionó.
• Este nuevo gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner parecía llegar con otro criterio. El Presidente, durante la campaña electoral, el 20 de agosto de 2019, dijo: "A la Corte no hay que tocarla". Le preguntaron en una entrevista qué habría que hacer con la Corte Suprema de Justicia y él contestó: "Nada, que la Corte haga de Corte". También dijo que no había que tocar la Constitución Nacional. Hago esta aclaración porque ahora el Presidente impulsa una reforma de la Corte. Habría que esperar que también impulse una reforma de la Constitución. La palabra de Alberto Fernández, en temas tan importantes, no sé si está devaluada. Pero evidentemente está muy condicionada por la concepción de Cristina Kirchner. Prometió no tocar la Corte y ahora lanza una comisión destinada a asesorarlo respecto de cómo debe ser esa reforma.
• Henry Kissinger decía, con todo cinismo, algo que, para quien entienda de política, es real. La política no es el mundo académico, es el del poder. Por lo tanto, decía Kissinger, "nunca haga una pregunta cuya respuesta no sepa de antemano". Bueno, Fernández lleva esta recomendación al extremo. Arma una comisión de asesores para modificar la Corte que, cuando uno la examina, advierte que sin dudas no va a recomendar que la Corte permanezca con este número. Sería rarísimo que lo hiciera. Seguramente va a recomendar la división en salas y ampliar el recurso extraordinario. Es decir, que la Corte tenga que involucrarse en muchos más temas de los litigios comunes de los que se involucra. Que deje de ser un tribunal cuya misión es nada más que ver en los distintos juicios si se cumplió la Constitución y se cumplieron los procedimientos, para empezar a opinar en las cuestiones sustantivas de lo que se está discutiendo. En el tema del juicio, no en las garantías que se respetaron en el transcurso de un pleito.
• El Gobierno quiere ampliar el alcance de ese recurso extraordinario, y esto, por supuesto, está en directa relación con las necesidades procesales que tiene Cristina Kirchner, ya que presentó una enorme cantidad de recursos extraordinarios frente a la Corte. Y la Corte suele ser muy restrictiva en ese sentido, suele decir que no.

• Hoy el Presidente habló con varios de los miembros que él invita a formar parte de esta comisión de once, en la cual cuatro son penalistas. La Corte no es un tribunal de derecho penal. La Corte trata todo tipo de casos siempre relacionados con las garantías constitucionales y procesales. Hay un énfasis en lo penal. Claro, uno sospecha que hay un impulso detrás de esta reforma que tiene más que ver con Cristina Kirchner que con Alberto Fernández, ligado a problemas penales asociados a causas de corrupción que la afectan a ella.
• ¿Será así? Y, si uno mira la composición, puede ser. Porque hay dos penalistas: León Carlos Arslanian y Alberto Beraldi, quienes además de haber sido socios están muy ligados a causas de corrupción, ya que son defensores en procesos que involucran a funcionarios del kirchnerismo en la etapa 2003- 2015. Es verdad que no hay ninguna razón para que deban ser excluidos. ¿Cuál es el motivo por el cual Beraldi, que es el abogado defensor en materia penal de Cristina deba ser excluido de esa comisión? Bueno habrá quienes argumenten que no es una eminencia, un gran académico, pero esa es otra discusión. Ahora, políticamente, que esté el abogado defensor de la exmandataria, ahora vice, en la comisión es todo un detalle que evidentemente el Gobierno no quiere cuidar. O Cristina le pide al Presidente que no lo cuide. Entre los abogados circula un chiste ácido, y es que la vicepresidenta le pide una rebaja de abogados a Beraldi: "Ahora que te pongo los jueces, no me podés cobrar igual que antes..."
• Más allá de quienes están en la comisión, sorprende quienes no lo están. Sobre todo sorprende a cualquiera que conozca el mundo de la academia jurídica. Por ejemplo, no le interesó a Alberto Fernández tener a ningún exministro de la Corte, como por ejemplo, Antonio Boggiano, Augusto Belluscio, Rodolfo Barra, Gustavo Bossert. Ninguno está convocado.
• Incluso hay ejemplos de quienes han escrito mucho sobre la Corte, y sobre el recurso extraordinario específicamente. Pero tampoco ninguno de ellos está convocado. Se podría dar una lista enorme, pero solo voy a enumerar a algunos, sin mencionar injustamente a otros. No está María Angélica Gelli, Antonio María Hernández, Alejandro Carrió, Alberto Binder, Hernán Gullco, Alberto Garay, Aída Kemelmajer, Víctor Abramovich, Néstor Sagües, Alberto Dalla Via. Todos ellos podrían aportar muchísimo porque son autoridades muy destacadas.
• Sin embargo, el rasgo más interesante es que no hay ningún opositor. Esta es una reforma de la Corte que se hace con gente ligada al oficialismo o que está en las inmediaciones del oficialismo, pero no se ha convocado oficialmente a la oposición para que aporte saber técnico a esta comisión. Por eso cuando se dice que Fernández es un hombre de diálogo, aparece allí un signo de interrogación. ¿Diálogo o una ficción de diálogo? Se podría decir que el Presidente dialoga con los gobernadores a quienes les reparte parte de la emisión monetaria, pero con el resto de la oposición lo hace menos, o casi nada. Lo mismo sucede a la hora de analizar si se levanta la cuarentena. Si se llama solo a infectólogos, ellos, sólo por el juramento hipocrático que hicieron, van a inclinarse inevitablemente por el confinamiento. Distinto sería si se matizara la opinión con el análisis de otras disciplinas.
• Hay en Fernández un montaje de diálogo, por lo menos, cínico.
• Este detalle es importante no solo desde el punto de vista de la cultura política y desde lo que el Gobierno dice ofrecer, sino también desde el punto de vista operativo. Porque para designar a nuevos miembros de la Corte, al igual que al Procurador General que es el jefe de los fiscales, se necesitan a dos tercios del Senado.

• Por lo tanto, en los papeles se puede remodelar mil veces la Corte, pero cuando haya que designar a los nuevos miembros va a hacer falta un acuerdo político. Esto probablemente lo esté viendo un inspirador de esta reforma, alguien que viene hablando de esto desde hace mucho tiempo, que es otro exministro de la Corte que tampoco fue convocado, Raúl Zaffaroni. Zaffaroni propone una Corte de 19 miembros. Políticamente esto le permitiría al Gobierno un gran acuerdo con la oposición donde se reparten la Corte. Pero, ¿qué dificultades tendría este acuerdo? Esto lo está analizando mucha gente de la política y, en particular, una: Elisa Carrió. Es muy probable que si el Gobierno invita a la gente más afín que tiene en la oposición, empezando por los gobernadores que dependen de los fondos, y luego al resto, Carrió diga que no participa. Incluso, es muy probable que ella ante esta situación vaya un poco más allá y diga que se va de Juntos por el Cambio si se convalida una reforma judicial.
• Pero quienes leen por debajo del alquitrán especulan con que tal vez habría una forma de convencer a Carrió. ¿Carrió pondría la salida de Lorenzetti como una condición para un acuerdo político con el Gobierno que remodele la Corte? Es una pregunta interesante, porque la descalificación de Lorenzetti es probablemente el único tema en el que coincidan Elisa Carrió y Cristina Kirchner, que también tiene con el expresidente de la Corte viejos conflictos. Sobre todo, desde aquella foto en la que a Lorenzetti se lo vio junto al juez brasileño Sergio Moro y a Claudio Bonadio.
• Quiere decir que es imposible pensar una reforma judicial que toque la Corte sin un acuerdo político. Debería ser imposible pensar toda la reforma judicial sin un acuerdo político. Pero Fernández, que se presenta como un hombre de diálogo, parece que no lo busca o que no lo dejan buscarlo.
• Lo cierto es que hay otro aspecto de todo esto por el que nadie se está preguntando. Habría una ampliación de Comodoro Py, se juntarían los tribunales federales penales con los del fuero penal económico: 23 juzgados. Como cada uno tiene dos secretarías, la idea que empieza a circular es que habría un juzgado por secretaría, es decir, que se pasaría a 46. Y la Corte pasaría a tener, ¿9, 15 o 19 miembros? Aún no se sabe.
• La pregunta elemental es, ¿le están avisando a Martín Guzmán de esta reforma? Porque todo esto sale plata. La expansión del Poder Judicial implica un gasto muy importante en un gobierno que está diciendo que la economía está extenuada. Que hay gente pasando hambre. Y que no se puede gastar un peso más, tal como Martín Guzmán les dijo en un comunicado el sábado pasado a los acreedores. ¿Interviene Guzmán en estos temas? ¿Está monitoreando todo el gasto público o está solo enfocado en el tema de la deuda?

• Si uno habla con ministros del Gobierno, toda la agenda económica está demorada hasta tanto el Gobierno pueda mandar la reforma de la Justicia al Congreso. Y eso demora bastante por conflictos internos dentro del mismo. Es sabido que hay dos visiones: una de Cristina Kirchner y otra de personas que rodean al Presidente como Gustavo Béliz, Vilma Ibarra y Marcela Losardo, ministra de Justicia. Ahora, aparentemente habría 60 medidas que se están elaborando y que no pueden ponerse en vigencia hasta tanto se defina la reforma judicial.
• La demora del Gobierno produjo algo muy importante: hubo un acuerdo entre la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que reúne a los dueños de las principales empresas del país, con la CGT. La cúpula del empresariado nacional firmó con la CGT un acuerdo en el cual se habla de defensa de las empresas privadas; de mejoramiento de la calidad del trabajo, defendiendo los trabajos registrados; también de revisar la presión tributaria sin que eso afecte la salud de las cuentas públicas; de exportar, y de arreglar el problema de la deuda. Lo significativo de todo esto no es solamente el tipo de agenda, que es bastante disonante con algunos discursos del kirchnerismo, sino que es quizás la primera vez, y seguramente la primera vez en un gobierno peronista, en la que empresarios y sindicalistas se juntan sin el gobierno. Es evidente que ahí hay algo que no funciona. No solamente porque parece una desautorización, sino porque sin el Gobierno tampoco van a poder ejecutar esa agenda.
• En la columna que firmó ayer Horacio Verbitsky en El cohete a la luna hay un diálogo muy interesante. Alberto Fernández le dice a Héctor Daer, su amigo en la CGT, casi el único que le queda: "¿Cómo me hacés esto? Te juntás con los empresarios para apretarme. ¿Querés que se enoje Cristina?" Es un diálogo maravilloso, porque da la impresión de que lo que más le preocupa a Fernández no es que se junten sin él, sino que se enoje la vicepresidenta. Que se enoje con él, no con Daer o con los empresarios. Esto es lo que explica que Fernández haya tenido que hacer una reunión con el Movimiento Evita, y hoy otra reunión con la CTA, que es el sector gremial más ligado a la vicepresidenta, para volver de aquel reproche que le hicieron por la reunión del 9 de Julio.
• El documento de AEA recomienda arreglar el problema de la deuda. Martín Guzmán emitió un comunicado el sábado diciendo tres cosas: la oferta económica no se modifica, lo que habla de un planteo político muy firme del Gobierno; lo segundo, como para atarse al mástil y resistir, que el 50% de los niños es pobre y el Gobierno no puede traicionarlos; y por último, que estarían dispuestos a mejorar las condiciones legales. Hay toda una discusión sobre las cláusulas legales que rigen en los bonos por si algún día hay que ir a litigar, lo que constituyen un eje de conflicto. Si se modifican, mejoran el valor del bono. Guzmán dice algo más: dice que no puede ser más generoso. Es decir, admite que hasta ahora fue generoso.
• A este planteo le contesta hoy un grupo importante de acreedores que son los que no han respaldado la oferta del Gobierno. Son quienes han hecho una contraoferta, en la que piden 3 mil millones de dólares más. Fernández y Guzmán de la primera oferta a la última agregaron 15 mil millones de dólares. Este comunicado que lo emiten tres grupos, el Ad Hoc, el grupo de bonos del canje y el Comité de acreedores de la Argentina, le recuerda a Guzmán, en una carta que le debe haber llegado hace minutos al ministro, que de los bonos del canje 32% los tienen ellos; de los bonos globales, 36%. Además de los que firman, dicen, hay otros que no pueden firmar pero que están en su misma posición de no arreglar. Y, en ese caso, pasarían a sumar el 60% de los bonos del canje y el 51% los bonos globales. Si estos números están bien calculados, lo que le están diciendo es que la Argentina tiene que acordar con ellos o se va a mantener en default.
• Hay una novedad en ese comunicado que indica que los acreedores tampoco están tan cómodos con que el país se mantenga en default. Porque el negocio de los fondos no es hacer juicio, es hacer finanzas. El detalle que denota esta incomodidad está en que por primera vez admiten que hay un diálogo con la Argentina, que están comprometidos con eso.
• Todo esto se escribe pensando en un eventual juicio en Nueva York. Por eso Guzmán insiste tanto en su buena fe. Es un ajedrez complejo. También le recuerdan que no olvide que ellos tienen grandes inversiones en la economía real y, por lo tanto, un conflicto con ellos afectaría el nivel de crecimiento, de recuperación, que puede tener la Argentina, que está hundida como todos los países del mundo.
• La deuda sigue siendo central. El Gobierno continúa sin resolver el problema y ahora le aparece otra controversia. Hace poco tiempo, apareció un comunicado redactado no de manera muy feliz por el ministerio de Economía en el que se alentaba a la gente a quedarse en pesos. Pero el comunicado indicaba: "Como hay grandes fondos de inversión, que compraron bonos en pesos y no quieren tenerlos, a ellos les vamos a dar un bono en dólares". Entonces, se propone a la gente que se quede en pesos, pero a los grandes fondos les dan dólares. Esto, que formaba parte de ese comunicado aparece ahora como un conflicto en el Congreso, porque el bloque de Compromiso Federal, sobre todo el diputado Jorge Sarghini, cuestiona que se esté dolarizando para los grandes fondos extranjeros la deuda en pesos. El ahorrista mediano o chico, que tiene pesos, no puede casi ni comprar 200 dólares por mes.