La constructora cobró US$ 60 millones por materiales paralizados en la Aduana

A pesar de la decisión oficial de rescindir el contrato de ampliación de gasoductos troncales, la contratista Odebrecht consiguió cobrar unos US$ 60 millones por la importación de caños y chapas -paralizados desde hace un año en depósitos aduaneros- desde Confab, subsidiaria brasileña de Tenaris. La constructora brasileña ejecutó una garantía estatal que respaldaba la contratación más ambiciosa de las celebradas con esa firma en el país, plan que ahora está bajo la lupa de la Justicia por irregularidades.

Desenredar la maraña contractual construida en los últimos años con Odebrecht no parece cuestión sencilla ni evita al erario seguir afrontando costos extraordinarios, a pesar de que esos acuerdos están objetados por organismos de control y otras dependencias públicas.

En octubre pasado, el Ministerio de Energía dispuso la rescisión del megacontrato que tenía a Odebrecht como beneficiaria para la ampliación de gasoductos troncales denominada open season 2006-2008. El emprendimiento, que hasta el momento demandó más de US$ 2300 millones, ya había sido suspendido antes de esa fecha por otra resolución, a la luz de groseras faltas administrativas y contables.

La determinación oficial se basó en una denuncia que formuló Nación Fideicomiso SA ante la justicia penal para que se investigara la responsabilidad de funcionarios públicos en los contratos que, entre otras consecuencias negativas, obligaron a la caja pública a pagar obras que debían cubrirse con fondo privados.

Con el argumento de que el ministerio no tenía potestad legal para tomar esa decisión, Odebrecht decidió continuar con la importación de los caños y chapas desde Confab resuelta en noviembre de 2014 bajo el rótulo de compra de "materiales críticos". Sin embargo, el cargamento que empezó a llegar a aguas argentinas el 21 de junio pasado a quedó en depósitos aduaneros. Según aseguraron fuentes del Ministerio de Energía a LA NACION, ese material sería destinado a otras obras gasíferas que se licitarán en la modalidad de obra pública tradicional. Pero eso aún no ocurrió. Y de acuerdo con fuentes privadas ligadas al tema, esa estadía en el puerto de Campana generaría un costo diario de "entre 10 y 15.000 dólares", que deberá afrontar el Estado.

Lejos de esos dilemas públicos, Odebrecht ejecutó la garantía y cerró este capítulo haciendo caso omiso de las notas en las que Nafisa -administradora de los recursos para obra que se gastaban con la venia del Enargas- le recriminaba tener "pretensiones injustificadas sobre la base de precios desproporcionados y ajenos a los de mercado". La empresa eludía esas objeciones con el argumento de que esos contratos no están encuadrados bajo el derecho administrativo. "No hay controversia con el Estado. Los contratos fueron firmados con Albanesi y Cammesa y ambos cedidos a los fideicomisos administrados por la Nación", reafirmó ante este diario un vocero de la constructora brasileña.

Una trampa esencial de este sistema intrincado de contratación para ampliar la capacidad de transporte troncal es que la operatoria no se encuadraría bajo la legislación de obra pública, lo que acota la posibilidad de aplicar controles y definir responsabilidades de los funcionarios que intervinieron, cuyo proceder está cuestionado por la AGN y la Sigen.

Las dudas también desgarran a la cartera energética, que para evitar un paso en falso hace meses decidió contratar al consultor Hugo Carranza a fin de que haga un listado de las obras que resultan necesarias.

Otro de los lastres de este open season o Skanska II es la conclusión de la planta compresora de Pichanal, obra pendiente más importante de los contratos para ampliar la capacidad de transporte del país bajo el sistema de fideicomisos ahora en revisión judicial. Con un grado de avance importante, se ejecuta bajo la órbita de Transportadora de Gas del Norte (Techint), que, al igual que TGS (Pampa), fue gerenciadora de los contratos en su jurisdicción, sin competencia formal en la fijación de los precios. Actores privados clave en esa oscura arquitectura jurídica y legal diseñada a mediados de la década pasada, que dificultosamente intenta desmontarse.

La construcción de Pichanal fue adjudicada a Odebrecht y tiene como subcontratista a BTU, firma sindicada como próxima al ex ministro de Planificación Julio De Vido y aventajada por las contrataciones públicas de los últimos años.

En los considerandos de la resolución 224 del 13 de octubre, que dispone rescindir el contrato marco, Juan José Aranguren señaló que concluirla en los términos en que se ejecutó "implicaría la validación de valores contractuales que han sido motivo de cuestionamientos y que forman parte de la denuncia penal" de Nafisa.

Fuentes privadas aseguraron a LA NACION que los valores convalidados para la planta hasta ahora triplican los de mercado. De ahí el afán oficial de terminar el emprendimiento, al margen de las opiniones sobre verdadera utilidad de una obra cuestionada por expertos: si prospera, se encontrará con que el gas de Vaca Muerta o Bolivia no tiene suficiente carburante para exportar al país y así esa planta puede erigirse en un monumento a la dilapidación de fondos públicos. Y se paralizaría definitivamente, también.

Cledis Candelaresi