La Corte creó un cuerpo de peritos especializados en corrupción y lavado

Preocupada por la proliferación de casos de corrupción, la Corte Suprema anunció ayer la creación de un nuevo cuerpo de peritos, que estará especializado en investigar fraudes contra la administración pública, cohecho y operaciones de lavado de dinero.

El nuevo organismo, que funcionará bajo el control de la superintendencia de la Corte, pero que actuará por pedido de cualquier juez de instrucción, estará integrado en un primer momento por diez contadores, abogados e ingenieros que serán elegidos por concurso público.

La creación de este cuerpo de expertos, según los observadores, no puede interpretarse en forma desvinculada de la importancia que en los últimos meses cobraron numerosas causas de corrupción, como el caso Ciccone, que involucra al vicepresidente Amado Boudou, o las que rozan al empresario Lázaro Báez y al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.

Además, falta poco más de un año para que termine el mandato de la presidenta Cristina Kirchner y es probable que los casos de corrupción comiencen a tomar una dinámica mayor. Los jueces federales, cuando vislumbran el final de un mandato y la debilidad de una gestión, se sienten más seguros para investigar y comienzan a ser incisivos.

Sin embargo, los ministros de la Corte prefieren mantenerse al margen de cualquier interpretación política y no vinculan la creación del cuerpo pericial con la corrupción, sino con pedidos concretos que le trasmitieron los jueces de primera instancia.

"Nos interesa agilizar la investigación de los casos de corrupción, como reclama también la presidenta Cristina Kirchner y también atraer a los profesionales más calificados, que tal vez se desempeñan en otros organismos -como la Auditoría General de la Nación o la Sigen- o en el sector privado", dicen cerca del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.

Y agregan: "Queremos crear un cuerpo muy especializado, porque los delitos son cada vez más complejos y los jueces penales necesitan estar mejor asesorados".

La acordada 34/2014 de la Corte lleva las firmas de Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt, los cuatro jueces que seguirán integrando el alto tribunal durante 2015.

En cambio, Raúl Zaffaroni, que anunció que la semana próxima presentará su renuncia para retirarse el 7 de enero, no suscribió la iniciativa.

En el alto tribunal viene funcionando desde hace décadas un cuerpo de peritos, integrado por 13 contadores en actividad y otros diez cargos que serán concursados en breve.

Pero esos profesionales "están saturados de trabajo y no tienen margen para dedicarse a estudiar las causas más complejas que están llegando a los juzgados. Por eso, decidimos crear un nuevo cuerpo pericial, formado por profesionales de distintas disciplinas", dijo una fuente del máximo tribunal.

Por eso, "la Corte invoca el objetivo de afianzar la Justicia", y cita la necesidad de cumplir con dos tratados firmados por la Argentina, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de la Organización de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

En los fundamentos de la acordada, la Corte dejó en claro que "los actos de corrupción comprometen la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia", mientras que el artículo 1° dice que el objetivo de esa convención es "promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir la corrupción".

Según la acordada, los peritos no actuarán en forma autónoma, sino harán auditorías y estudios a pedido de los jueces penales y sus dictámenes servirán para asesorar a los magistrados, pero no serán obligatorios.

"Además, el hecho de que el nuevo cuerpo de peritos esté formado por ingenieros, abogados y contadores permitirá que todos ellos entrecrucen sus conocimientos para desbaratar casos de lavado de dinero o irregularidades en las licitaciones", dicen en Tribunales.

IGJ: el Estado no puede querellar

La jueza María Servini de Cubría rechazó al Ministerio de Justicia como querellante en la causa en la que se investiga la desaparición del expediente de The Old Fund, la empresa que fue utilizada para capitalizar la imprenta Ciccone que imprime papel moneda y evitar su quiebra. Por el caso Ciccone está procesado el vicepresidente Amado Boudou. Ese expediente fue perdido en el ámbito de la Inspección General de Justicia (IGJ), que depende del Ministerio de Justicia. Fue reconstruido, aunque con menos fojas que el original. El ministerio se presentó como víctima para ser querellante, pero la jueza entendió que no podía serlo porque justamente la IGJ, que depende de esa cartera, es sospechosa por la pérdida del archivo.