La Corte rechazó un planteo de Diego Lagomarsino, que buscaba evitar un peritaje sobre sus teléfonos

La Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de queja que había presentado el técnico informático Diego Lagomarsino para evitar que sus comunicaciones sean analizadas en la causa donde se investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman. Es decir, los investigadores podrán ahora revisar sus teléfonos y computadoras.

La decisión la tomaron por unanimidad los cinco ministros del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, con el argumento de que la decisión impugnada por Lagomarsino no es una sentencia definitiva, confirmaron fuentes judiciales a LA NACION.

Se trata de una medida de prueba pedida por el fiscal Eduardo Taiano y ordenada por el juez del caso, Julián Ercolini, que buscaban peritar las computadoras, teléfonos y otros aparatos que fueron secuestrados durante el último allanamiento en la casa de Lagomarsino, en 2017. La defensa de Lagomarsino, representada por los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, se oponía a la apertura de este material con el argumento de que el material que hay en sus dispositivos no está relacionado con la causa. El planteo estuvo más de un año en la Corte.

Lagomarsino cuestionó la medida de prueba. Dijo que el celular que la Justicia busca analizar fue utilizado en 2017, y que el celular que tenía en uso cuando ocurrió la muerte de Nisman ya fue entregado a los funcionarios judiciales. Los abogados impugnaron la medida porque dijeron que con el peritaje podría vulnerarse el derecho a la defensa, al analizar las comunicaciones entre ellos y su defendido.

Entre otras cosas, los abogados habían planteado que primero debía acceder el juez Ercolini al material y que luego de discriminar entre las comunicaciones y los archivos personales de Lagomarsino le diera acceso a los peritos. Además del celular de Lagomarsino fueron secuestradas su notebook y la de su hijo. El plateo ya había sido rechazado por la Cámara Federal y la Cámara de Casación, y entonces quedó en manos de la Corte Suprema.

El perito informático está procesado como partícipe necesario de la muerte, por haberle llevado el arma de la que salió la bala que mató al fiscal en su departamento de la Torre Le Parc de Puerto Madero el 18 de enero de 2015. Los cuatro custodios del fiscal fueron procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y dos de ellos por el delito de encubrimiento.

En paralelo, el Tribunal Oral Federal 8 tiene en sus manos una decisión de altísima relevancia política y judicial sobre el futuro del caso por la firma del Memorándum con Irán, originado en la denuncia de Nisman. En contra de los planteos de Cristina Kirchner y los demás acusados en esa causa, el fiscal Marcelo Colombo ya se pronunció a favor de la realización del juicio oral y público de esa causa. Ahora las expectativas de los acusados están en el pronunciamiento de los jueces del TOF 8 Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y Antonio Michilini.

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