La Corte reclamó fondos al Gobierno para salarios

La Corte Suprema exigió ayer al Gobierno una "respuesta urgente" al pedido presupuestario que le hizo para cumplir con el aumento del 15 por ciento dispuesto para el Poder Judicial.

Ayer, el malestar en la Corte era palpable y, por eso, en un acuerdo de ministros que duró apenas una hora, el máximo tribunal decidió enviarle al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, un oficio para reclamar el aumento.

En efecto, mediante el oficio 846, que ayer firmaron Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Carlos Fayt y Enrique Petracchi, la Corte le exigió a Capitanich "una respuesta urgente al pedido que hemos solicitado todos los ministros de este alto tribunal el 3 de junio". El juez Raúl Zaffaroni no lo firmó porque está de licencia hasta agosto.

Entre los magistrados entienden que , desde el punto de vista salarial, el reclamo no tiene carácter extraordinario. En marzo, la Corte había dado un aumento del 10% al personal y, en junio, otro del 15%, que todavía no pudo liquidar. El acumulado es inferior al 27% que les fue homologado a muchos gremios. El tribunal tiene los fondos para pagarlo, pero necesita la autorización presupuestaria de Capitanich.

"En los últimos tres años se hizo cada vez más difícil obtener esas autorizaciones, en las gestiones de Juan Manuel Abal Medina y del propio Capitanich. Pero Capitanich es un hombre razonable y nunca llegó a este extremo de condicionar a la Corte", aseguraron quienes conocen los entretelones de lo vivido en las últimas horas.

Pero el reclamo excede lo salarial y busca salir al cruce de otro problema más delicado: "El Gobierno pretende condicionar esa autorización a que la Corte le haga concesiones inadmisibles, que el tribunal no puede tolerar", revelaron en la sede del máximo tribunal.

Fuentes independientes del alto tribunal y, también, algunos integrantes del Consejo de la Magistratura corroboran esta versión.

Dos consejeros de la magistratura, Alejandro Fargossi y Oscar Aguad, coincidieron, en diálogo con LA NACION, en que "la Corte está frente a una extorsión" de los integrantes kirchneristas del Consejo, que lograron que el lunes el jefe de Gabinete frenara la autorización presupuestaria que estaba dispuesto a conceder.

Según las fuentes consultadas, son varios los pedidos que partieron de algunos hombres de La Cámpora y del Gobierno a la Corte Suprema.

El secretario de Justicia y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Julián Álvarez, junto con otros consejeros kirchneristas, vienen reclamando que el alto tribunal disponga la creación del cargo de subadministrador general del Poder Judicial.

Allí, la agrupación se propone nombrar a alguien de su confianza que controlaría a su jefe, Germán Krieger, administrador general del Poder Judicial y hombre que responde a los ministros supremos.

Fargossi confirmó a LA NACION que lo escuchó "en persona decir eso a Álvarez, que hace dos semanas se jactaba públicamente de poder trabar el presupuesto de toda la Justicia si no conseguía ese reclamo". Aguad y el senador radical Mario Cimadevilla corroboraron esa versión. Sin embargo, fuentes cercanas a Álvarez, ante una consulta de LA NACION, negaron que haya hecho planteos para condicionar el envío de fondos.

Otra de las demandas sería que la Corte ayude a convencer a algunos de los miembros no oficialistas del Consejo -Aguad, Cimadevilla, Fargossi, el juez Alejandro Sánchez Freytes, Ricardo Recondo, Daniel Ostropolsky- y al camarista Mario Fera que terminen votando con el kirchnerismo el nombramiento de un juez y la destitución de otros dos magistrados.

Sin esos votos, el Frente para la Victoria no alcanzaría la mayoría necesaria para integrar la terna de candidatos a la Cámara Federal, un tribunal que revisa importantes causas de corrupción y por donde inexorablemente pasará el caso Ciccone. El juez federal Sebastián Casanello podría ser uno de los beneficiados.

Otro pedido que intenta negociar el kirchnerismo también apunta a lograr una intervención de la Corte para que los consejeros avancen contra dos jueces federales.

Las fuentes consultadas en el Consejo dicen que uno de los jueces que el oficialismo tiene en la mira es Claudio Bonadio, quien procesó a Ricardo Jaime y a Guillermo Moreno, y que citó a Amado Boudou a una segunda indagatoria.

El otro juez en la mira sería el camarista Luis Herrero, el magistrado que desde hace años viene votando en favor de los jubilados que piden ajustes previsionales y dándole dolores de cabeza a la Anses. Además, con el caso Badaro y con otros fallos posteriores, la Corte le dio la razón a la Cámara Federal de Previsión Social y viene reclamando al Gobierno que pague los juicios de los jubilados.

"¿Y Ariel Lijo, el juez del caso Ciccone?", preguntó LA NACION. "Por ahora, Lijo está a salvo. Nadie se atrevería a tocarlo cuando ya tomó las indagatorias a Boudou y a otros imputados", dicen en la Justicia.

Los enfrentamientos entre el Gobierno y la Corte llegaron a ser muy fuertes el año último, cuando el Gobierno, en medio del conflicto por la ley de medios y el caso Clarín, hizo aprobar al Congreso seis leyes de reforma judicial, que los jueces y la Corte declararon inaplicables o inconstitucionales. "Ahora, en el último tramo, el Gobierno busca un atajo para llegar al mismo resultado", dicen en el Consejo y en la Corte. ¿Por qué la Corte reaccionó ayer y no otro día? Porque el lunes, al parecer, Capitanich estaba a punto de firmar la autorización, pero La Cámpora se lo impidió.

Posiciones encontradas

La Corte y el Gobierno tensaron la relación por el presupuesto

Ricardo Lorenzetti

Presidente de la CSJN

• Lorenzetti y todos sus colegas firmaron una resolución para reclamar al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, que autorice una partida para darles a los jueces 15 por ciento de aumento.

Jorge Capitanich

Jefe de Gabinete

• Capitanich iba a conceder lo pedido, pero miembros de La Cámpora se opusieron a satisfacer el pedido de la Corte. A cambio, esperan que el tribunal haga concesiones que los jueces no aceptan

Piden acelerar la causa de dos piqueteros

Alberto Santillán, padre de Darío, el militante piquetero muerto en la denominada "Masacre de Avellaneda", reclamó al juez federal Ariel Lijo que "acelere la investigación sobre las complicidades políticas que hubo en el caso", cuando se acerca un nuevo aniversario de esa represión ejecutada en el gobierno de Eduardo Duhalde.

"Lo que pretendemos es que Lijo demuestre en esta causa la misma premura que mostró en otras", sostuvo el padre de Darío Santillán, quien falleció el 26 de junio de 2002 junto con Maximiliano Kosteki en la estación de Avellaneda.