La Corte recuperó centralidad con su fallo y ahora tiene el desafío de la coparticipación

La Corte Suprema de Justicia vive una nueva centralidad. Tras el fallo que entendió que era un avance sobre la autonomía porteña el decreto de necesidad y urgencia dictado por el presidente Alberto Fernández para suspender las clases presenciales, a su pesar, recuperó un lugar de mayor lucimiento. Venía siendo objeto de críticas permanentes de uno y otro lado por lo que se interpretaba como cierta pasividad.

Los jueces de la Corte recuperaron el rol de “contrapoder”, aunque ellos prefieren que los reconozcan como uno de los poderes del Estado, en todo caso un poder contramayoritario, garante de la defensa de los derechos de las minorías. La decisión de esta semana los colocó en el medio de un conflicto político.

El presidente Carlos Rosenkrantz, en la audiencia pública del Senado cuando fue elegido describió así su idea: “Los problemas nacionales se resuelven con la política, no con la judicatura” aunque dijo que si hay “conflictos políticos que violan o infringen derechos constitucionales, la Justicia sí debe intervenir”. Peor advirtió: los jueces “no deben gobernar”.

El juez Horacio Rosatti señaló en esa ocasión: “El Poder Judicial, a mi juicio, no debe arrogarse una representatividad que no tiene, ni considerarse un contrapoder”, y señaló: “No puede haber decisiones judiciales tomadas para contrarrestar una decisión política”. En ese sentido también dijo que “está mal que lo que tiene que hacer el político lo haga el juez”. “Las malas decisiones política de un Gobierno no deben ser corregidas por un juez con sus sentencias, sino por el pueblo en las siguientes elecciones”, escribió en una columna en Ambito Financiero en diciembre pasado.

Ricardo Lorenzetti lo dijo en mayo de 2010, hace 11 años en el acto del Bicentenario: “El Poder Judicial tiene que poner límites a los otros poderes, y esa es su función constitucional. Pero no es su función constitucional gobernar” y señaló entonces que el Estado de Derecho significa “el equilibrio, el contrapeso y el control recíproco de los tres poderes del Estado”.

La Corte resolvió un conflicto jurídico, con impacto político. Si bien amortiguaron en parte ese efecto político, firmando la sentencia cuando el DNU que la motivaba ya había caducado, el estruendo fue sonoro: Cristina Kirchner los acusó de dar un golpe institucional, de querer gobernar el país, el kirchnerismo habló de golpe blando y el presidente Alberto Fernández habló de que buscaban favorecer a un candidato, por Horacio Rodríguez Larreta.

El próximo conflicto de impacto político que tiene la Corte en sus manos es la pelea por la quita de fondos coparticipables que sufrió la ciudad de Buenos Aires por un decreto primero y una ley después. La Corte ya encaminó ese conflicto a través del diálogo: convocó a una audiencia de conciliación donde se conversó sobre las bases de la negociación. Se citó a una a nueva audiencia para este miércoles, pero como el Gobierno convocó a la Ciudad a un encuentro de alto nivel entre el ministro del Interior Wado de Pedro, de Economía Martín Guzmán y Rodríguez Larreta, es probable que esta nueva audiencia judicial se postergue hasta que se concrete el encuentro político. El Gobierno porteño aceptó sentarse a la mesa el próximo 18 de mayo, en el marco del diálogo convocado por la Corte Suprema.

La Corte ve con optimismo la posibilidad de que acuerden y que el conflicto tenga una solución política y no judicial. Ese espíritu de fomentar el diálogo que quisieron exponer en el fallo por las clases porteñas con frases como federalismo de concertación o decisiones concurrentes.

Más allá de este caso que vuelve a tensar las relaciones entre la Ciudad y la Nación la Corte no tiene en carpeta a corto plazo ningún fallo de alto impacto político.

En los tribunales, no pasaron inadvertidas las declaraciones de los funcionarios del Gobierno y legisladores que fueron leídas con atención en los despachos del Palacio de Justica, pero la respuesta fue el silencio. Con la recuperación de esta centralidad, regresaron los recelos internos entre los jueces, que habían menguado desde comienzos de año. Ante esta embestida la Corte prefirió el silencio.

Aunque son conscientes de que esta es solo el primer capítulo de una embestida que tendrá a la Corte en la mira. Claro que para que prospere cualquier iniciativa parlamentaria que modifique el funcionamiento o la integración de la corte son necesarias mayorías que el Frente de Todos no tiene en el Congreso. Al menos no con esta conformación, otra cuestión puede ser a partir del 10 de diciembre, tras las elecciones.