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La Corte Suprema lleva firmadas 2000 sentencias por delitos de lesa humanidad en los últimos 20 años
Fue clave el fallo que declaró la inconstitucionalidad de la ley de obediencia debida, que permitió seguir los juicios; y también el que invalidó los indultos; las idas y vueltas con el caso Muiña
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LA NACION
La Corte Suprema de Justicia lleva dictadas desde 2004 casi 2000 sentencias en causas en las que se investigaron crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. Al cumplirse 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el máximo tribunal de país recordó fallos clave que permitieron seguir adelante con la política de protección de los derechos humanos y castigar los delitos del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.
Entre esos fallos se cuentan el que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, dictados el 14 de junio de 2005. Fue el caso llamado Simón y resultó determinante, pues a partir de esa sentencia se permitió seguir adelante en los últimos 20 años con los juicios por violaciones a los derechos humanos.
Ese fallo de la Corte fue parte de una política de Estado que necesitó de la decisión del Poder Ejecutivo, cuando lo detentaba Néstor Kirchner, y también del avance del Congreso.
Previo al fallo Simón, en 2004, la Corte Suprema también había dictado el fallo Arancibia Clavel, que estableció la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. A su vez, en 2007, en la causa Mazzeo, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de los indultos a los militares.
En la historia de los fallos de la Corte en torno a delitos de lesa humanidad es un capítulo saliente la controversia generada por la sentencia que convalidó la aplicación de la ley del dos por uno en el llamado caso Muiña.
La Corte aplicó en 2017 la Ley 24.390 —que computa doble cada día de prisión preventiva— a Luis Muiña, represor de la última dictadura. Este fallo generó un masivo repudio social y político, y forzó al Congreso a limitar el beneficio para delitos de lesa humanidad.
En mayo de 2017, con los votos de los jueces Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton, la Corte aplicó el principio de “ley más benigna” y permitió reducir penas a represores. Esa ley del “dos por uno” sancionada en 1994 y derogada en 2001, establecía que tras dos años de prisión preventiva sin condena, cada día extra valía doble.
Pero tras el fallo de la Corte hubo marchas masivas en todo el país, bajo la consigna “No a la impunidad”. Fue el 10 de mayo de 2017 cuando se llenó la Plaza de Mayo en repudio a ese fallo de la Corte, que aplicaba la ley vigente en ese momento. El Congreso rápidamente aprobó entonces en menos de 24 horas otra ley, la 27.362, que excluyó explícitamente los delitos de lesa humanidad de la aplicación del dos por uno.
Con la nueva ley y tras la creciente presión social, la Corte Suprema revirtió su postura en el fallo Batalla, de diciembre de 2018, donde rechazó aplicar el beneficio para nuevos casos.
El 4 de diciembre de 2018, el máximo tribunal rechazó la solicitud de salidas transitorias en favor del exagente de inteligencia Rufino Batalla, condenado por los delitos de privación ilegítima de la libertad en perjuicio de más de 100 víctimas y los homicidios de Laura Estela Carlotto y Olga Noemí Casado, en el centro clandestino de detención de La Cacha. Y así aplicó la nueva ley.
De acuerdo a la información surgida de los registros de la Secretaría de Jurisprudencia, de la Secretaría Penal y de la Secretaría Penal Especial -abocada a las causas de lesa humanidad-, la Corte dictó desde 2004 a la actualidad un total de 1907 fallos vinculados a esta materia.
Según los datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de la Procuración General de la Nación, que releva datos de todos los tribunales del país, desde la reapertura de los juicios en 2006 se dictaron 361 sentencias en causas por crímenes de lesa humanidad.
Allí fueron condenadas 1231 personas y fueron absueltas otras 250. Hay en curso doce juicios por crímenes de lesa humanidad y se encuentran en la etapa de investigación preliminar 282 causas, en trámite.
El año pasado, la Corte Suprema homenajeó a los jueces que en 1985 llevaron adelante el Juicio a las Juntas Militares y que, a través de la Causa 13, condenaron a los principales responsables de los crímenes del terrorismo de Estado de la dictadura que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983.
En aquella oportunidad, al cumplirse 40 años de esa sentencia, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, destacó allí la valentía de llevar adelante, en un “contexto complejo, cargado de amenazas y riesgos para la institucionalidad”. Dijo que fue un “auténtico juicio justo” que, lejos de resultar “una venganza encubierta con formas relativamente civilizadas”, se caracterizó por un profundo apego a la ley.
El vicepresidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, destacó que esos jueces “dieron al país algo que parecía impensable: una respuesta jurídicamente impecable a crímenes atroces”. Y su colega Ricardo Lorenzetti subrayó que “la política de memoria y justicia ya forma parte del contrato social de los argentinos”.
LA NACION
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