La crisis en sus días más cruciales

Nadie lo dijo con más claridad que el Fondo Monetario ni nadie saldó con más diplomacia un debate argentino crucial. ¿El Gobierno tiene o no tiene un plan económico? Después de un rodeo verbal elegante, Gita Gopinath, la jefa de los economistas del organismo, señaló ayer que ellos están esperando un programa “sólido y creíble” de parte del gobierno argentino, que aborde “los desequilibrios que tiene el país”. Es decir, durante dos años el ministro de Economía, Martín Guzmán, parloteó largamente con el Fondo sin llevarle un plan concreto. Algunos le llaman a eso sarasa; otros le dicen sanata. En conclusión, no hay plan. Decepción para los que creían que la administración de Alberto Fernández le había hecho llegar al FMI un esbozo de programa que mantenía oculto aquí. La novedad sucede en las vísperas de vencimientos con el organismo por cerca de 1100 millones de dólares, que sucederán entre el viernes y el martes próximos. El Gobierno no adelantó hasta ahora si pagará esos vencimientos o si comenzará el proceso de default con el Fondo, que podría concluir en marzo, cuando vencerán compromisos por 2600 millones de dólares. Esto ocurrirá si antes el Gobierno no llegara a un acuerdo con el organismo para refinanciar el crédito por 44.000 millones de dólares que tiene pendiente. El acuerdo está lejos en materia de números y metas, según se desprende de las declaraciones de Gita Gopinath.

Hay claramente dos líneas dentro de la administración para enfrentar las negociaciones con el Fondo. Una la lidera el propio Presidente, quien, a pesar de sus discursos aguerridos contra el organismo, prefiere un acuerdo porque sabe que el peor acuerdo (siempre perfectible luego) es mejor que una ruidosa ruptura. “El Presidente quiere llevar serenidad a la economía y a la sociedad y sabe que el acuerdo con el Fondo forma parte esencial de ese proyecto”, dice un funcionario que suele escuchar al jefe del Estado. Conoce, sobre todo, las consecuencias de un default con el organismo. Ningún otro organismo multilateral (Banco Mundial o Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo) le prestarán un dólar más al país. La estructura productiva del país, agropecuaria o industrial, solo podrá comprar insumos en el exterior con el pago previo en efectivo. Esas compras estarán condicionadas, a su vez, por la disponibilidad de dólares del Banco Central, donde recurrirán los empresarios para cambiar sus pesos por dólares. Ninguna empresa extranjera, además, podrá tomar créditos en el exterior para invertirlos en la Argentina. Es probable que el Gobierno deba hacer un ajuste más fuerte sin acuerdo que con acuerdo y que deba, también, decidir una devaluación más importante si se concretara la ruptura final con el Fondo. “Alberto no quiere ser otro De la Rúa”, sintetiza aquel funcionario. Fernando de la Rúa renunció prematuramente a la presidencia, en efecto, pocos días después de que el Fondo decidiera romper la relación con la Argentina. En este caso sería peor: nada indica que el organismo quiera ahora romper con la Argentina; la eventual ruptura sería una decisión del gobierno argentino.

La otra línea la comanda -cuándo no- Cristina Kirchner, obsesionada como está con retener el poder en 2023. Retener el poder es una idea común a todos lo que lo alcanzaron, pero no todos están dispuestos a hundir al país en una sus peores crisis porque creen que de otra manera los aguarda la derrota electoral. En los alrededores del Instituto Patria, se sostiene que es falsa la idea de que existe una buena relación entre la vicepresidenta y Martín Guzmán. “Él va a verla porque Alberto le dice que trate de convencerla, pero Cristina le ha dicho hasta ahora que no quiere un acuerdo en las condiciones que plantea el Fondo”, cuentan los que escuchan a la expresidenta. Les envió algunos mensajes claros a los incrédulos: la carta de hace una semana en la que lustró su antimacrismo fue, en rigor, una advertencia sobre sus reparos (para llamarlos de un modo elegante) hacia el organismo. Luego, para que no quedaran dudas, Carlos Zannini, jefe de los abogados del Estado y fiel subordinado de la vicepresidenta, le pidió a la jueza federal María Eugenia Capuchetti que llamara a declarar a los funcionarios del Fondo que habían participado del crédito otorgado a Mauricio Macri. El jefe directo de esos funcionarios internacionales era David Lipton, entonces subdirector ejecutivo del Fondo. Ahora, Lipton es jefe de asesores de la poderosa secretaria del Tesoro norteamericano, Janet Yellen. Yellen tiene en sus manos gran parte del acuerdo o el desacuerdo del Fondo con la Argentina; es la que controla la opinión final de la actual directora ejecutiva del Fondo, Kristalina Georgieva, porque esta le debe a Yellen la continuidad en su actual cargo. Georgieva fue seriamente cuestionada por decisiones que tomó en sus anteriores funciones en el Banco Mundial; estaba a punto de caer en el Fondo cuando Yellen la tomó de los pelos y la sacó del agua. Yellen, además, es la que ordena la posición de Estados Unidos en el organismo multilateral y en su directorio. Lipton conoce el caso argentino de primera mano. En esos berenjenales se metió Zannini, como un guerrero ciego y empedernido de guerras ya perdidas.

Pero, ¿por qué Cristina cree que un acuerdo con el Fondo sería peor que cualquier otra alternativa? Los técnicos del organismo han planteado que el país debe empezar a bajar el déficit de sus cuentas públicas. Nadie le cree a Guzmán cuando se pavonea asegurando que el año pasado logró bajar el déficit. El déficit bajó, en efecto, pero gracias al impuesto especial a la riqueza, que fue excepcional, al buen rendimiento de las exportaciones agropecuarias y al monumental ajuste que les hicieron a los ingresos de los jubilados. El 70 por ciento de los jubilados cobra hoy menos de 30.000 pesos por mes; es decir, menos de 150 dólares, según el precio del billete norteamericano en el mercado paralelo. El 70 por ciento de los jubilados está bajo la línea de la pobreza, de acuerdo con el nivel de ingresos que fija el propio Indec para establecer quién es pobre en la Argentina.

El Fondo reclama una política más seria para reducir los gastos del Estado, pero, sin embargo, no le pide déficit cero, como se lo pidió a Macri. Y también plantea la necesidad de una devaluación del peso frente al dólar oficial de, al menos, el 20 por ciento para empezar a normalizar el mercado cambiario, que tiene múltiples precios para el dólar. Una anomalía, a todas luces. La supuesta autocrítica del Fondo al modo en que el organismo le dio el crédito a Macri señala, con otras palabras, que fue muy concesivo y no exigió reformas estructurales. Algunas de esas reformas se la están reclamando a Alberto Fernández. Cristina se sacude de furia en su sillón vicepresidencial.

Con todo, lo que más le molesta a Cristina son las revisiones trimestrales que suele hacer el Fondo en los países con los que tiene un acuerdo por créditos otorgados. O que el organismo no postergue vencimientos, sino que otorgue nuevos créditos para pagar aquellos vencimientos y para hacer un nuevo programa. Pero esas son condiciones que están en el reglamento del Fondo. “Discutirle a Fondo su reglamento es como discutirle sus resoluciones a la AFIP. No sirve de nada”, dice un economista que conoce los mecanismos del organismo internacional. Es probable que Cristina tenga razón en una conclusión: un programa con el Fondo podría significar, a la larga, la derrota del Gobierno en las elecciones presidenciales de dentro de dos años. Pero hay un problema sin solución: la opción, una ruptura sin programa, sería mucho peor. Incapaz de reconocer sus propios errores, la vicepresidenta (en esto la acompaña convencido el Presidente) prefiere culpar solo a Macri de la infame encerrona en la que está. Pero Macri heredó, a su vez, el descalabro económico que le dejó Cristina Kirchner. Si esos dos líderes antitéticos pudieran coincidir en el diagnóstico, la solución sería menos complicada de lo que parece.

Cuando más lo necesita a Joe Biden, el presidente argentino no está dispuesto a renunciar a su visita a Putin ni al boato propio de los encuentros presidenciales. Entre Biden y Putin no hay una simple discordia; hay aprestos de guerra entre esos líderes. Hay tropas movilizadas a uno y otro lado de la frontera de Ucrania con Rusia; hay personal diplomático norteamericano que debió abandonar precipitadamente Ucrania. ¿Imagina Alberto Fernández que conseguirá un crédito del gobierno ruso? Difícil. Rusia no es una potencia económica y necesita ahora de todos los recursos que tiene, aunque solo esté armando el teatro de una guerra. La otra escala del Presidente será China, un país que tampoco cuenta con la simpatía de Biden. Más bien, el presidente norteamericano considera a China como el competidor real de Estados Unidos por la influencia en el mundo y, sobre todo, en América Latina. ¿Alberto Fernández le pedirá a China un préstamo? Quienes conocen la complicada nomenclatura china sostienen que solo podría haber un anticipo de inversiones ya programadas por unos 5000 millones de dólares. Pero tampoco sería una alternativa al Fondo Monetario, porque los chinos lo mandarán al Presidente a arreglar de una buena vez por todas con los técnicos del organismo. China es el tercer accionista del Fondo. Cuando el gobierno discute de dinero con el Fondo, está discutiendo también sobre dinero de los chinos. Como discute dinero de los norteamericanos, los alemanes, los japoneses, los franceses o los españoles, entre muchos más, porque todos aportan con sus impuestos a las arcas del Fondo Monetario. El Gobierno hasta podría negociar con el Fondo, si está bien predispuesto, la devolución de los pagos por casi 3000 millones de dólares que le hizo en los últimos dos años. Sería la senda racional, pero la política argentina es irracional por naturaleza.

¿Qué significarían 5000 millones de dólares de China? Mucho y poco. Mucho frente a la sequía actual de dólares, pero poco al ritmo en que el Banco Central debe deshacerse de reservas en un clima de desconfianza colectiva y de compromisos productivos. En los dos años de Alberto Fernández se evaporaron casi 30.000 millones de dólares del Banco Central. Macri dejó reservas netas por 13.000 millones de dólares (las nominales eran de casi 44.000 millones) y el año pasado hubo un superávit comercial de casi 15.000 millones de dólares. Ahora no quedan reservas netas, aunque las nominales están en 38.000 millones. ¿Se quedó el Gobierno con esos dólares? No. ¿Se los llevaron los amigos de Alberto Fernández o de Cristina Kirchner? Tampoco. Solo sucedió que el Gobierno pagó vencimientos de deuda pública, que los argentinos reclaman siempre dólares para atesorar y que la estructura productiva del país está atada a los insumos importados, que se pagan con dólares. Ese es el país que Cristina no ve o no quiere ver, cegada por la ideología, los prejuicios y las supersticiones.

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