La defensa de Adorni: dos posibles inconsistencias, una situación inverosímil y la búsqueda del comprador misterioso

En su defensa ante la Justicia, el exjefe de Gabinete y exvocero presidencial Manuel Adorni justificó que ganó cerca de 390.000 dólares entre 2014 y 2018 con la compra y venta de criptoactivos en efectivo, sin conocer a sus contrapartes y sin dejar rastros contables o financieros, y que la ganancia, sumada a los 200.000 dólares con los que había comenzado, los guardó durante años fuera del circuito bancario. Es decir, más de 590.000 dólares en su casa.

La versión de Adorni registra, sin embargo, al menos dos inconsistencias posibles y una situación inverosímil, según los expertos en criptoactivos que consultó LA NACION. La primera inconsistencia que señalaron es que registró dos veces el dinero de una misma operación; la segunda, que su contraparte en al menos una de las operaciones debería ser identificable. ¿La situación factible, pero inverosímil? Que haya intercambiado criptomonedas por casi 390.000 dólares, cash, siempre en lugares públicos.

Esos y otros ejes son los que remarcó, por ejemplo, Fernando Molina, un experto informático que colaboró con el Congreso y la Justicia local en la investigación, por ejemplo, del caso $LIBRA. “Hay cosas que no tienen sentido”, indicó. “Adorni declaró una venta [de criptomonedas] que terminó en otra wallet [billetera] de su declaración [ante la Justicia] y luego la volvió a declarar como una venta”, sostuvo. “Es como si contara dos veces la misma venta”, contabilizando dos veces el mismo capital como si fuera un ingreso nuevo.

Tanto Molina como el experto Maximiliano Firtman coincidieron, además, en que la clave es si Adorni puede justificar la tenencia de las billeteras virtuales que ahora afirma controlar al momento en que compró y vendió las criptomonedas entre 2014 y 2018.

Adorni, explicó Firtman, “demostró ante escribanos tener hoy las claves privadas de esas wallet, pero eso no garantiza titularidad en ningún momento y menos en el pasado”, y explicó que las plataformas exchange “tienen claves privadas de billeteras cuyos activos son de titularidad de sus clientes y no del que posee las claves. Para dar un ejemplo: si yo tengo la llave de un departamento, no implica que sea el dueño, además de que la tenencia hoy no garantiza la de hace 10 años”.

En el escrito de 78 carillas que presentó en los tribunales federales de Comodoro Py, el abogado de Adorni sostuvo que el exfuncionario “comenzó a incursionar en bitcoin en 2013 e invirtió a partir de 2014”, que junto con su esposa, Bettina Angeletti, “invirtieron aproximadamente US$200.000 y obtuvieron una ganancia aproximada de US$300.000 con esa operatoria, cifras cuya suma -del orden de US$ 500.000”.

El letrado de Adorni, Matías Ledesma, admitió además que no quedan registros que puedan verificarse. “El señor Adorni se encontraba personalmente con quienes le vendían las criptomonedas, oportunidad en la que estos le transferían los Bitcoin y mi asistido entregaba, a cambio, el dinero en efectivo correspondiente”, afirmó el abogado del exjefe de Gabinete. “Por razones de seguridad, esos encuentros se realizaban siempre en lugares públicos, y ninguna de las partes se identificaba, manteniéndose estricta reserva y anonimato”.

Firtman remarcó: “Un punto interesante es la comparación con el caso $LIBRA”. En aquella otra investigación, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi aplicó un criterio restrictivo para dictaminar que los denunciantes no podían ser aceptados como querellantes porque no pudieron probar fehacientemente ser los dueños de las billeteras con las que compraron aquella memecoin. ¿El juez Ariel Lijo aplicará un criterio más laxo para sí validar la titularidad a Adorni?

La nebulosa tampoco sería monolítica, según indicó Molina. ¿Por qué? Porque al menos algunas de las operaciones conllevaron movimientos en plataformas “exchanges” como Coinbase, en junio del 2017. “Coinbase puede identificar a la persona que hizo esa transferencia”, remarcó el experto. “En criollo, podrían identificar quién es la persona que en teoría operó bitcoins con Adorni”.

En efecto, las plataformas “Exchange” centralizadas como Coinbase están sujetas a regulaciones internacionales que implementan protocolos de “Conozca a Su Cliente” (KYC, por sus siglas en inglés) y a controles antilavado (AML, en inglés), por lo que Coinbase mantiene un registro interno que vincula esa salida de fondos a una cuenta bancaria, una tarjeta o un usuario identificado. En otras palabras, le abre a los sabuesos judiciales la posibilidad teórica de librar un exhorto o requerimiento de información para identificar a la supuesta contraparte de Adorni, siempre que Coinbase conserve los registros de 2017 y coopere con la Justicia argentina.

“Es una de las supuestas ventas de Bitcoin más grandes de Adorni, que de ser cierta habría cobrado casi 110.000 dólares, a través de la billetera 1JSre6fbZyr1ZPPnbbkRgzQ1XfJzp3qXUK”, indicó Molina, que verificó en el portal informativo Arkham que “la transferencia fue el 13 de junio de 2017”.

Asimismo, en el escrito que presentó en el expediente que busca determinar si Adorni se enriqueció de manera ilícita o si omitió maliciosamente datos en sus declaraciones juradas, su defensa adujo que el exfuncionario liquidó sus criptomonedas en “encuentros personales con los compradores”, bajo reserva de identidad, en lugares públicos y que cuatro operaciones fueron el 5 de agosto de 2017, que fue sábado.

Para Molina, eso es “lo más bizarro de todo esto”. ¿Por qué? Porque “Adorni declaró que todas esas transferencias fueron hechas en la vía pública con desconocidos”, remarcó. En otras palabras, habría llevado una caja o mochila con unos 110.000 dólares para pagarle “a un desconocido, en la vía pública”.

Eso no fue todo, sin embargo. En su escrito, Adorni adujo que mantuvo los más de 500.000 dólares que acumuló con la compraventa de criptomonedas “por fuera del sistema bancario y del radar de la agencia recaudadora” (actual ARCA, ex-AFIP). Para el exfuncionario, algo que “no es una práctica excepcional ni indicativa de un propósito ilícito” y planteó que cualquier controversia por ese motivo debería abordarse en el fuero Penal Económico, “a fin de que, por quien corresponda, se investigue la posible comisión de una infracción y/o delito tributario”. Buscaría así desplazar el eje de la acusación por enriquecimiento ilícito en Comodoro Py hacia un eventual delito fiscal.

Por Hugo Alconada Mon

• Manuel Adorni

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