La expansión del Inadi: más presupuesto, nuevas delegaciones y un incremento en pasajes y viáticos

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) fue objeto de críticas por haber difundido un manual para los periodistas que cubrirán el mundial de fútbol de Qatar destinado a evitar del uso de expresiones, cánticos y estereotipos en la transmisión de los partidos. La oposición cuestionó el uso de recursos para su elaboración y señaló que el manual es poco efectivo y vulnera la libertad de expresión; además, pidió informes sobre la gestión del organismo.

Con Victoria Donda al frente, el Inadi creció en dimensiones. Tiene una sede central y 43 delegaciones en todo el país. Antes de la pandemia eran 27 las delegaciones. Cuando comenzó la gestión del Frente de Todos, había 398 personas empleadas por el Inadi. Durante los últimos tres años el organismo aumentó más de un 15 por ciento su plantel. LA NACION se comunicó con un vocero de Donda que dijo que ella no haría declaraciones. A diferencia de otras dependencias estatales, que tienen la nómina de personal disponible en su sitio, el Inadi no difunde esa información. Las fuentes oficiales consultadas por LA NACION respecto de la cantidad de personal dijeron que responder sobre ese tema “sería irresponsable” y que no pueden brindar ese dato sin un trámite previo de pedido formal de acceso a la información pública.

Según la memoria anual brindada por el organismo en lo que refiere a 2021, la cantidad de denuncias por discriminación iniciadas durante ese año se mantuvo dentro de los valores históricos, con 2525 ingresos. Durante 2021 fueron emitidos 210 dictámenes, y de ellos, 158 fueron positivos, es decir, casos donde el instituto entendió que sí existió discriminación de acuerdo a lo estipulado por la ley 23.592, que reprime los actos discriminatorios como delitos.

El Inadi tiene un presupuesto vigente de 736 millones de pesos, que tuvo modificaciones. Inicialmente, era de $461 millones. De acuerdo con la plataforma Presupuesto Abierto, la ejecución hasta ahora es de 556 millones de pesos, casi un 75 por ciento de lo otorgado, es decir, un ritmo normal para lo que va del año de gestión. La mayor parte se destina al pago del personal.

En los rubros pasajes y viáticos, hubo un incremento de 2021 a 2022: de 1,2 millones de pesos que recibió el año pasado, a la dependencia conducida por Donda le dieron ahora 5.034.000 pesos.

“Se reactivaron todas las comisiones de servicios y viajes que no se pudieron realizar producto de la pandemia. Asimismo, producto de la inflación hubo un importante incremento en el precio de los pasajes y de los viáticos”, respondieron fuentes oficiales a la consulta de LA NACION.

En el rubro pasajes hay un presupuesto vigente de 2,66 millones de pesos, pero se llevan ejecutados 3,14 millones de pesos, o sea, una sobre ejecución del 118 por ciento.

Otro gasto que sobresale en lo que refiere a la ejecución presupuestaria del Inadi es el rubro “correos y telégrafos”, al que se le asignó un presupuesto de 380.000 pesos, pero que ya lleva ejecutado 3.380.000 pesos: un aumento de 901 por ciento. En el Inadi no dieron información sobre a qué se destina lo consignado en este rubro.

El organismo, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, está intervenido desde 2000, con las excepciones de dos gestiones, la de Enrique Oteiza y la de María José Lubertino. El gobierno de Cristina Kirchner ordenó su intervención en 2011 y desde entonces la situación nunca fue normalizada. Durante el macrismo fueron interventores Javier Bujan, que hoy es juez, y el abogado radical Claudio Presman. A lo largo de esas gestiones no se avanzó en normalizar la situación ni se sancionó una nueva ley antidiscriminatoria (la vigente fue sancionada en 1988). Tampoco se hizo durante la gestión de Donda, que fue designada interventora por Alberto Fernández.

Existe un proyecto de ley elaborado por el diputado Maximiliano Ferraro que busca incorporar motivos tales como el antisemitismo, el género y la orientación sexual como razones objeto de los actos discriminatorios, pero no hubo avances para introducirla al debate de la política.

En más de una oportunidad desde la oposición cuestionaron el carácter partidario que se le imprimió a la gestión del Instituto. Durante la pandemia el Inadi se metió en la pelea entre la Nación y la ciudad de Buenos Aires por la presencialidad en las aulas, y puso a disposición la línea de Asistencia a Víctimas de Discriminación, Racismo y Xenofobia (168) para que pudieran ser denunciadas las escuelas que presionaran para volver a la presencialidad. También se le reclamó al organismo que conduce Donda, por ejemplo, intervenir más activamente frente a situaciones de violencia institucional en la provincia de Formosa.

Apenas poco tiempo después de asumir, Donda quedó envuelta en el escándalo por la situación en la que se encontraba su empleada doméstica. Fue denunciada por haber ofrecido a su exempleada doméstica resarcirla con un plan social y un cargo en el Estado para ella o su hermana, y luego sobreseída por el juez Sebastián Casanello. El magistrado reconoció en su fallo el accionar incorrecto de Donda pero consideró que no implicaba el delito denunciado.

En cuanto a la polémica desatada por la difusión del manual para periodistas, que Donda defendió, el extitular del Inadi Claudio Presman dijo: “Lo importante es tener un enfoque amplio y que no se le hable solo a la tropa propia. Yo hice una gestión más austera, pero se trató de vincular el organismo con todo lo que tiene que ver con la educación. Firmé convenios con cárceles, con la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), con clubes de fútbol. Además, es necesaria una nueva ley antidiscriminatoria y terminar con la intervención”.

Por Candela Ini

• INADI
• Victoria Donda

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