La fiscal León frenó la última arremetida de los acusados para debilitar el juicio por corrupción

Exfuncionarios, con Cristina Kirchner a la cabeza, y empresarios que se beneficiaron con la obra pública arremetieron en las últimas audiencias del juicio de los Cuadernos de las Coimas con una maniobra para debilitar el juicio: pretendieron valerse de las declaraciones de los periodistas de LA NACION que revelaron la corrupción para denunciar un supuesto complot, pero la fiscalía los frenó y exhortó al tribunal a terminar con ese intento de un “juicio dentro del juicio”.

En un dictamen que lanzó en la última audiencia, la fiscal Fabiana León le reclamó airadamente al tribunal “contener el desborde” de las defensas, que buscan hacer “un juicio dentro del juicio“ para sembrar dudas sobre la investigación del juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli e intentar poner en tela de juicio el vínculo con los periodistas que revelaron el caso.

La semana pasada abrieron la ronda de testigos el periodista de LA NACION Diego Cabot, que comenzó la investigación que expuso el caso, y la periodista Candela Ini, que colaboró en las averiguaciones.

En las últimas dos audiencias, los abogados de los acusados los interrogaron por más de veinte horas y los sometieron a preguntas repetidas, capciosas, o inapropiadas en algunos casos, para intentar establecer que había un supuesto complot entre los investigadores o conductas inapropiadas de parte de los periodistas.

Arremetieron contra los testigos como si se trataran de delincuentes, cuando en realidad eran los abogados defensores de los verdaderos personajes acusados de delinquir. Muchos de ellos incluso confesaron haber cobrado coimas y otros dijeron haberlas pagado.

El jueves pasado declaró la periodista Candela Ini y las chicanas arrancaron desde el comienzo, en un intento por lograr que se contradiga o confrontándola en busca de detalles sobre recuerdos de hechos ocurridos hace 8 años.

En un cuarto intermedio, sola en una sala contigua al tribunal, se recuperó tras el interrogatorio y regresó para responder preguntas hasta que se hizo de noche.

Fue entonces cuando pidió la palabra la fiscal Fabiana León para exigir la “contención de los desbordes” de las defensas de los acusados, que ocupaban el micrófono pidiendo la incorporación de supuestas nuevas pruebas.

El objetivo de la estrategia es probar supuestas presiones indebidas de Bonadio y Stornelli a los empresarios para que declararan como arrepentidos y otras supuestas irregularidades que ya fueron rechazadas en primera instancia en la Cámara Federal, en la Cámara de Casación y en la Corte Suprema de Justicia. Lo volvieron a intentar.

Por eso, para dar un corte al asunto, la fiscal León denunció que el verdadero objetivo de las defensas es “que el tribunal abra una auditoría general de la instrucción dentro del juicio oral”. “Están pidiendo un juicio dentro del juicio sobre cómo se investigó la causa”, y eso, dijo, no es el objeto del debate, que se encuentra en su etapa final.

De todos modos, León recordó que por más que algunos “arrepentidos” dicen ahora que declararon por temor a ir presos “otros 58 imputados mantuvieron sus versiones, sostuvieron sus acuerdos, no denunciaron coacción o directamente no acompañaron esta narrativa”.

También remarcó que sus confesiones no fueron en soledad, sino actos de su voluntad expuestos ante sus abogados que presentaron escritos y los defendieron.

“Convertir ahora todo en ‘coacción’ exige mucho más que una afirmación tardía; implica describir un acto concreto: quién lo hizo, cuándo, cómo, qué se dijo, qué se exigió, qué consecuencia se impuso y cómo eso determinó causalmente la declaración”, sostuvo León para descalificar la estrategia de las defensas.

“El tribunal de juicio no es un tribunal de alzada permanente de la instrucción”, señaló León, que recordó que todos los planteos de los defensores fracasaron: y reiterarlos ahora no los va a validar.

“Lo que ahora se intenta es volver sobre ese recorrido, pero no por las vías de revisión propias, sino bajo la forma de prueba nueva, ese desplazamiento debe ser rechazado”, señaló y advirtió del “riesgo institucional concreto”. Se refería a que si el tribunal admite o rechaza estas ideas ahora, adelanta cuestiones propias de la sentencia.

“Si cada declaración, testimonio o incidencia habilitara automáticamente una nueva ronda de prueba, el debate se vuelve ingobernable”, dijo la fiscal, pues las declaraciones de Cabot e Ini precipitaron una catarata de pedidos de nuevas pruebas, que son en realidad excusas para plantear cuestiones ya resueltas, que buscan voltear la causa.

“Lo que no corresponde es admitir, bajo apariencia de prueba nueva, una investigación paralela sobre la investigación”, reclamó León a los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.

La fiscal enumeró que la coacción, el miedo a la detención, la actuación del juzgado y del fiscal, las críticas al origen de la causa, las condiciones de las indagatorias y la falta de registro audiovisual no nacieron en estas audiencias. “Fueron temas conocidos, planteados, litigados, ofrecidos como prueba, rechazados, diferidos o reservados para valoración final, por lo que no pueden reeditarse, ni usarse para introducir nuevas evidencias, que no son nuevas”, aseveró.

El tribunal no está llamado ahora a decidir si esos relatos son verdaderos o falsos, sino si las medidas pedidas por las defensas son nuevas y excepcionales, o intentos de realizar una auditoría sobre cómo se investigó la causa. “No se puede hacer un juicio dentro del juicio”, reclamó la fiscalía.

Por Hernán Cappiello

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