La fractura de los grupos piqueteros complica el diálogo con el Gobierno

El gobierno nacional mira con preocupación las movilizaciones sociales, que lejos de cesar, crecen con el correr de la pandemia y con el sostén de las restricciones a la circulación y al trabajo. La cultura del reclamo en la calle –en donde, por excelencia, toma forma la izquierda– se consolida cada vez más y pone en alerta al Poder Ejecutivo por dos motivos. Por un lado, por la propagación de contagios y, por el otro, por el aumento de la cantidad de grupos de protesta.

En los últimos años, las principales organizaciones sociales se fracturaron, sobre todo, por diferencias políticas. Esto no solo multiplicó la cantidad de actores con los que el Gobierno tiene que dialogar, sino que hace surgir focos de protesta sorpresivos –y, a veces, simultáneos–, protagonizados por dirigentes que hasta entonces no habían aparecido en las mesas de negociación.

“Muchas veces, el diálogo se complejiza porque las agrupaciones atraviesan momentos de ruptura, duplicación de sellos y competencia por los mismos. Por otro lado, la pandemia es un problema porque, si bien los movimientos no son anticuarentena, a veces marchan como si lo fueran”, explicaron a LA NACION fuentes de la cartera de Seguridad nacional, que conduce Sabina Frederic.

La organización Barrios de Pie, que tiene representación en las 24 provincias, se dividió en 2018 por una disputa de apoyos electorales. El funcionario de Desarrollo Social Gustavo Menéndez lidera la facción Somos, afín al Gobierno. Sin vínculo con el oficialismo, Silvia Saravia conduce las bases de Barrios de Pie-Libres del Sur.

El Polo Obrero también se dividió en época electoral, cuando en 2019 Jorge Altamira rompió con el Partido Obrero: sus seguidores se reagruparon en el Polo Obrero-Tendencia. El año pasado, fue el turno del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), que se fracturó por disidencias respecto de la construcción de dirigentes verticalistas. Las rupturas hicieron eco en otros bloques, como el Movimiento Territorial de Liberación (MTL) y las Organizaciones Libres del Pueblo (OLP).

Desde principios de año, los piqueteros se movilizan cada semana tanto en repudio al gobierno nacional como en contra de la gestión porteña. La convocatoria tuvo un primer pico el 18 de febrero, cuando más de 25.000 personas ocuparon la avenida 9 de Julio sur y encabezaron un corte total en el acceso al Puente Pueyrredón y en las inmediaciones del Obelisco. Desde entonces, las protestas subieron su temperatura, al punto que a fines de marzo un grupo de manifestantes tomó el Ministerio de Educación, que conduce Nicolás Trotta, mientras reclamaba herramientas de conectividad para estudiantes.

El 8 de abril, tras el anuncio presidencial de nuevas restricciones, las agrupaciones de izquierda redoblaron la apuesta: 40.000 manifestantes se agruparon entre un tramo de la autopista Panamericana, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo y el centro porteño. Los reclamos fueron similares en cada ocasión: “Sin trabajo, sin vacunas y sin alimentos, no se aguanta más”. En la última gran convocatoria, a las agrupaciones que siempre dan el presente –Polo Obrero, Barrios de Pie y Movimiento Teresa Rodríguez– se unieron el Frente Darío Santillán, el Frente de Organizaciones en Lucha y el Frente de Organizaciones de Base e Izquierda Latinoamericana, entre otras.

En paralelo, ese mismo día también salieron a la calle referentes de las facciones disidentes de algunos movimientos, como los militantes del Polo Obrero-Tendencia, que, separados de la movilización troncal, marcharon en la estación Liniers, al Puente Pueyrredón y la zona norte (ruta 197 y Colectora Oeste Panamericana) para pedir por la restitución del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). En referencia a estos hechos, fuentes cercanas a la ministra Frederic indicaron: “Trabajamos muchas horas por día resolviendo reclamos de grupos más chicos, que primero marchan y después piden una reunión para articular, a diferencia de las grandes organizaciones, que tienen más claros sus objetivos, lo cual facilita el diálogo”.

Ante la administración porteña también irrumpen protagonistas de estos grupos reducidos. En efecto, semanas atrás, más de 300 personas intentaron ingresar por la fuerza al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, en Villa Lugano, de manera “intempestiva y violenta”, según indicaron entonces en el equipo de la ministra María Migliore. Los manifestantes respondían al Movimiento Territorial de la Liberación Rebelde (MTL-Rebelde) y reclamaban una continuidad en la compra de guardapolvos y frazadas que aseguran sostener con el ministerio a través de un acuerdo “de palabra”. Los voceros de Migliore afirmaron a LA NACION que “nadie sabía quiénes eran los manifestantes” y que “no existieron reclamos previos” a su aparición en las oficinas ministeriales.

Con una curva de contagios que apenas se frena y un sistema sanitario al borde del colapso, el secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fuks, advirtió la semana pasada que en la cartera que integra pondrán freno a las marchas piqueteras. Según manifestó el funcionario nacional, no se permitirán “movilizaciones que entren en bloque a la ciudad”. El Gobierno no quiere sorpresas y prioriza abrir las puertas al diálogo. Consultado por LA NACION, Fuks detalló: “De todas las marchas que se prevén, llegan un 20% a la calle porque muchas se desactivan antes, no solo por nosotros sino por Desarrollo Social”.

Aún así, las agrupaciones de izquierda no dan el brazo a torcer y buscan resistir en la calle. Saravia, la dirigente nacional de Barrios de Pie-Libres del Sur, lo remarcó ante este medio: “La necesidad principal está en poner el plato de comida en la mesa. Si no hay asistencia del Estado, la gente se va a movilizar”.

Liderada por Silvia Saravia, Barrios de Pie-Libres del Sur es una de las facciones en las que se dividió Barrios de Pie en 2018, producto de una disputa por los apoyos electorales de cara a las elecciones presidenciales. Mientras que este grupo respaldó la candidatura de Roberto Lavagna, la otra facción –Somos, encabezada por el actual funcionario nacional Gustavo Menéndez y la actual titular del Inadi, Victoria Donda–, respaldó a Alberto Fernández . La organización madre nació en diciembre de 2001 producto de la crisis y el estallido social que impulsó la salida del expresidente Fernando de la Rúa. Saravia conserva la conducción de más de 45.000 militantes, con presencia en 350 localidades del país.

Es el brazo piquetero del Partido Obrero (PO). Lo conduce Eduardo Belliboni y tiene representación en casi todo el país, con excepción de las provincias de La Pampa y San Luis. Está integrado por entre 50.000 y 60.000 personas y cuenta con unos 5000 delegados. Se dividió en 2019, cuando un grupo más reducido decidió seguir al dirigente Jorge Altamira, que se distanció del PO, y fundó el Partido Obrero-Tendencia. “Es un grupo marginal y antiunidad: ni siquiera forma parte de la Unidad Piquetera, que reúne a más de 30 organizaciones”, dispararon referentes del Polo Obrero original, en diálogo con LA NACION.

Es una organización social fundada en los años 90, que reúne a más de 10.000 personas en todo el país. Sus dirigentes la describen como “una agrupación social y política anticapitalista, antipatriarcal independiente”. Tiene dependencias en el Área Metropolitana de Buenos Aires, Buenos Aires, Salta, Jujuy, Tucumán, Mendoza, Formosa, Catamarca, Santiago del Estero, Neuquén y Río Negro. En 2020 se dividió en dos facciones, por discrepancias respecto al modo de dirigencia. Mientras en las bases predican la conducción horizontal, la facción disidente –que tiene foco en las provincias de Buenos Aires y Misiones– promueve liderazgos personalistas. Ambas llevan el mismo nombre.

Se formó en 2001, dentro del Partido Comunista (PC), y desde entonces sufrió varias fracturas. La primera fue en 2003 –año de elecciones presidenciales anticipadas por la renuncia del entonces presidente Eduardo Duhalde–, cuando el PC quiso sumarse a la campaña electoral y el dirigente social Alberto “Beto” Ibarra se apartó, a los fines de reivindicar la autonomía del partido. El segundo quiebre fue en 2005, cuando el grupo de Ibarra volvió a dividirse por “prácticas clientelares” con las que no estaban de acuerdo, según sostuvieron militantes que hoy conforman la facción disidente, MTL-Rebelde. Los mismos protagonizaron el desembarco abrupto y repentino en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, semanas atrás, para exigir la continuidad de un convenio de venta de guardapolvos y frazadas a la administración porteña.

Por Inés Beato Vassolo

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