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Conflictividad. La pandemia multiplica protestas y reclamos en todo el país
Gremios y organizaciones sociales se manifiestan para pedir a los gobiernos de la Nación y las provincias mejoras en los salarios –atrasados por la inflación– así como vacunas y asistencia alimentaria
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LA NACION
Desde que el Gobierno dispuso restricciones a la circulación y la actividad laboral, por la pandemia del coronavirus, las organizaciones sociales, gremios y trabajadores independientes mantienen activos sus reclamos en las calles de todo el país. Exigen al Ejecutivo nacional y a los gobiernos provinciales mejoras en los salarios, ayuda económica, asistencia alimentaria y cuidados sanitarios.
En las últimas semanas, dos sectores alzaron fuertemente su voz: los camioneros y el personal de la salud. El gremio que lidera Hugo Moyano encabezó cortes en las provincias de Mendoza –en el cruce a Chile– y Corrientes –en el cruce a Brasil–, para exigir al Gobierno que acuerde con los países vecinos flexibilizar los controles sanitarios que obstaculizan el tránsito en las fronteras y, además, que destine vacunas a los choferes. Por su parte, médicos y enfermeros de Neuquén protagonizaron un corte en el territorio petrolero de Vaca Muerta de casi un mes, en el marco de un reclamo salarial.
Por su parte, los piqueteros, que no han cesado de marchar desde el inicio de la cuarentena, realizaron una convocatoria masiva a principios de abril, en la que más de 40.000 personas bloquearon distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires y alrededores, para pedir al gobierno de Alberto Fernández asistencia alimentaria y económica, así como vacunas para los colaboradores de comedores y merenderos.
Área Metropolitana de Buenos Aires
Las organizaciones sociales de izquierda coparon las calles del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde que inició la cuarentena, para pedir al Gobierno asistencia alimentaria y sanitaria, así como un aumento en los salarios, que se desfasan a medida que crece la inflación. También, con el correr de los meses, insistieron en reclamar conectividad para los alumnos en etapa escolar y la vacunación contra el coronavirus de los trabajadores de comedores y merenderos –un compromiso que ya asumió el Gobierno–. A los reclamos se sumaron algunos temas puntuales, como el rechazo a los despidos que surgieron producto de las restricciones y a la represión en la provincia de Formosa.
Desde principio de año, los piqueteros marchan cada semana, tanto en repudio al gobierno nacional como en contra de la gestión porteña. La convocatoria tuvo un primer pico el 18 de febrero, cuando más de 25.000 personas poblaron la autopista 9 de Julio sur y encabezaron un corte total en el acceso al Puente Pueyrredón y en las inmediaciones del Obelisco.
Desde entonces, las protestas subieron su temperatura, al punto que el 31 de marzo un grupo de manifestantes tomó el Ministerio de Educación, que conduce Nicolás Trotta, mientras reclamaba herramientas de conectividad para estudiantes. “Frente a la insensibilidad absoluta del ministro Trotta y luego de petitorios y pedidos de reunión, decidimos ocupar el ministerio porque queremos estudiar y trabajar”, indicaron, en ese momento, referentes de la Juventud Piquetera. El pedido era por acceso libre y gratuito al wifi en los barrios populares, y entrega de dispositivos para continuar la formación educativa y el trabajo.
El 8 de abril, las agrupaciones de izquierda redoblaron la apuesta: 40.000 manifestantes se agruparon entre un tramo de la Panamericana, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo y el centro porteño. Los reclamos fueron similares a los anteriores. “Sin trabajo, sin vacunas y sin alimentos, no se aguanta más”, consignó el lema de la convocatoria. Ese día, a las agrupaciones que siempre dan el presente –Polo Obrero, Barrios de Pie y Movimiento Teresa Rodríguez–, se unieron el Frente Darío Santillán, el Frente de Organizaciones en Lucha, Frente de Organizaciones de Base e Izquierda Latinoamericana, entre otras.
Las marchas empiezan a sumar adeptos de áreas como la aeronáutica, trabajadores ferroviarios, personal de salud de distintos hospitales, tercerizados de Edesur y Luz y Fuerza y docentes; todos ellos acudieron a los alrededores del Ministerio de Trabajo el último martes, en el marco de la reunión del Consejo de Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Por su parte, los sindicatos también protagonizaron bloqueos en AMBA durante la pandemia. La iniciativa que produjo mayor revuelo fue la del gremio de Camioneros que obstruyó en más de una oportunidad centros de logística y distribución del Gran Buenos Aires. Sin embargo, la acción tuvo que ver con un pedido de encuadramiento sindical y no con reclamos sanitarios. En julio de 2020, los seguidores de Hugo Moyano interrumpieron cinco centros de distribución y mensajería de la empresa Mercado Libre, ubicados en Lanús, Parque Patricios, Munro y Sarandí. A fines de febrero, replicaron la acción en Parque Ader, un complejo situado en Villa Adelina, y, en los últimos días, adviritieron que avanzarán con paros y asambleas para actualizar estatutos de empleados de Walmart y Garbarino.
El resto de las veces que el gremio salió a la calle no fue en repudio sino en apoyo al Gobierno, como el 17 de octubre, Día de la Lealtad, en el que tanto camioneros, como colectiveros, taxistas y pilotos desembarcaron en Plaza de Mayo, tras una seguidilla de banderazos opositores. También, a fines de febrero, el Sindicato de Fleteros apareció en la Quinta de Olivos para contrarrestar una movilización en repudio al vacunatorio vip.
En los últimos días, sí hicieron frente al Gobierno los choferes de colectivos, que protestaron en el centro de la Ciudad y en múltiples accesos para pedir por una mejora salarial y vacunas, y desafiaron la decisión del gobierno nacional de frenar el ingreso de “movilizaciones en bloque” a la ciudad de Buenos Aires. Los militantes de izquierda también piensan desobedecer la normativa oficial: el viernes último se reunieron para diagramar “el plan de lucha” de las próximas semanas.
Neuquén
Por Paz García Pastormerlo
NEUQUÉN.- Si bien en la última semana se levantaron todos los cortes de ruta en los alrededores de Vaca Muerta, el reclamo por recomposición salarial que llevan adelante desde hace casi dos meses los autoconvocados de salud neuquinos sigue vigente. Los trabajadores mantienen un piquete en el puente sobre el río Correntoso, en la localidad de Villa La Angostura, muy cerca del Paso Internacional Cardenal Samoré.
La asamblea interhospitalaria prevista para este sábado se realizará finalmente el domingo, mientras que el viernes los autoconvocados de salud realizaron una marcha y un acto en Neuquén capital. Asimismo, protestaron en el Centro Administrativo Ministerial (CAM), donde tiene su oficina la ministra de Salud provincial, Andrea Peve: piden la devolución de los descuentos por adherir a las medidas de fuerza y la anulación de sumarios. Como la ministra no estaba, los trabajadores afirmaron que volverán la semana próxima.
La intensidad del conflicto disminuyó el miércoles pasado, cuando los autoconvocados de salud decidieron levantar todos los cortes de ruta, luego de 22 días en los que se paralizó la producción de gas y petróleo. Ahora, algunas empresas petroleras adelantaron que no podrán pagar los sueldos a raíz de los bloqueos: unos 12.000 empleados podrían sufrir descuentos salariales de hasta el 50%.
En tanto, los trabajadores sanitarios mantienen el corte de Villa La Angostura por considerarlo un punto “estratégico”. Esa medida originó una suerte de “contrapiquete” de camioneros chilenos, que aisló Tierra del Fuego durante cinco días.
Los autoconvocados de salud –quienes, en su mayoría, no pertenecen a ningún gremio– rechazaron el acuerdo salarial que el martes pasado aceptó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Neuquén. El gobierno provincial les propuso un aumento del 53,09% para este año, en cuotas –10% en mayo; 5% en julio; 5% en septiembre; 5% en noviembre y 8,12% en diciembre–, que se suma al 15% ya otorgado en marzo.
“El sistema representativo está tambaleando con ‘representantes’ que se arrogan la dueñidad (sic) de sus representados, cual patrones de estancia, y ‘acuerdan’ en contra de los intereses de los trabajadores. Luchamos no solo por los salarios de salud, sino por todos los trabajadores del Estado y por incremento de presupuesto para el sistema de salud público neuquino”, cuestionaron los manifestantes en un comunicado.
Trabajadores de distintos hospitales de San Martín de los Andes y Junín de los Andes se sumaron al corte sobre el río Correntoso. “Con la propuesta que aceptó ATE, los trabajadores estatales neuquinos quedan por debajo del índice inflacionario. Acá no hay ninguna recomposición del año 2020. El valor de esta propuesta es de 53%, y se terminará de cobrar en enero de 2022. Nuestro reclamo es también por la recomposición del año pasado. Si ese 53% lo dividís en dos años (2020 y 2021), te da un aumento promedio del 21,5% por año, cuando la inflación del año pasado fue de 46%, y la proyectada para este año es del 29%”, afirmó Ezequiel Luna, enfermero del Hospital Arraiz de Villa La Angostura y referente de los autoconvocados.
En simultáneo, el Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén (Siprosapune) realizó esta semana un paro de 48 horas. “Seguimos exigiendo el debate urgente de la ley de carrera profesional y una mesa salarial con los cuatro gremios”, informaron, en alusión al Sindicato de Enfermería del Neuquén, ATE y UPCN. Consideran que la ley permitiría revertir el déficit de recursos humanos profesionales en el sistema público de salud. El sindicato presentó en 2018 el proyecto de ley, y ese volvió a ser uno de los reclamos centrales a partir de 2020, cuando la pandemia de coronavirus “puso en evidencia la realidad del sistema de salud”, según dijo César Dell’Ali, secretario general de Siprosapune.
Chubut
Por Ana Tronfi
COMODORO RIVADAVIA.- En medio de una discusión paritaria “sin avances”, los gremios petroleros de Chubut analizan reactivar la convocatoria a medidas de fuerza después del próximo martes, día tope para la conciliación obligatoria dictada en el marco de un reclamo por la recomposición salarial de un 30%.
En esta provincia sobrevuela el fantasma de lo ocurrido en Neuquén, en donde una protesta provocó pérdidas millonarias para empresas y yacimientos. “Nosotros no podemos permitirnos una escalada de conflicto porque habría impacto directo sobre la todavía endeble economía provincial”, aseguraron a LA NACION fuentes empresarias.
Para el próximo lunes, está prevista una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación, a la espera de acercar posiciones y desactivar la convocatoria a medidas de fuerza. El secretario general del Sindicato de los Petroleros Jerárquicos, José Lludgar, indicó: “Lo que estamos pidiendo es que se evalúe el avance de la inflación. Nos golpeó muy duro al bolsillo de todos los trabajadores en general. Uno hoy va a comprar un kilo de papas y se da cuenta que el precio se triplicó. No puede dejar de comer, pero achica gastos en otras cuestiones. Lo único que hacemos es achicar la calidad de vida”.
Agregó, además, que “en la Patagonia es complejo y difícil”. Según Lludgar, la medida de fuerza es el último recurso. “Entendemos que hay yacimientos donde no se puede dejar de operar. En el caso del gas en Tierra del Fuego, intervinieron hasta los propios gobernadores y se dio la actuación inmediata del Ministerio de Trabajo”, dijo.
Por el momento, las negociaciones están congeladas. “Hoy estamos más cerca de retomar el conflicto que de llegar a un acuerdo”, aseguraron fuentes del Sindicato Petrolero Chubut. Según confirmaron, no hubo avances en los encuentros mantenidos hasta ahora, tras el paro lanzado el 14 de abril último y la inmediata convocatoria oficial para que las partes se sienten a negociar.
Sin embargo, el contexto sigue jugando en contra. Desde el ámbito empresario se aduce que no se puede reabrir la discusión sobre el acuerdo del año pasado, mientras que también la situación de conflicto en Neuquén –que obligará a reprogramar la actividad a partir de que no se podrán cumplir las metas de producción establecidas, sobre todo en materia de gas– juega en contra de la discusión salarial.
El reclamo gremial buscará correr el eje de lo que pasa en Neuquén, para centrar la discusión en el mercado de los combustibles –que en el próximo mes tendrán un nuevo aumento de precios– y recomponer márgenes de utilidad de las operadoras, al tiempo que se seguirá “congelando el salario de los trabajadores porque eso va a seguir aumentando la inflación”, según cuestionaron en la conducción petrolera.
El síndico Lludgar dijo que “en la última reunión no hubo avances, para nada” por lo que esperarán a la próxima audiencia. Indicó que los gremios buscarán respetar lo establecido en la paritaria del año pasado, pero apuntando a compensar lo que se perdió como consecuencia de la suba de precios de la canasta básica en el último año: “Nosotros tenemos un acuerdo hasta el mes de junio y lo vamos a respetar, pero no vamos a renunciar a recuperar lo que se perdió por la inflación”.
Sobre los puntos de negociación por parte de los gremios de Chubut, agregó: “Somos conscientes de que hay algunas Cámaras que vieron que el pedido (de aumento salarial) corresponde y no lo ven mal. Hay situaciones en las que venimos trabajando fuertemente, como, por ejemplo, en que tenemos trabajadores encuadrados en el art. 223 bis que cobran menos del salario que les corresponde, aunque estén en su casa, y eso no puede seguir así”.
Por último, el dirigente se refirió a la realidad ante la segunda ola de Covid-19 en el país y las implicancias que pueda tener a corto plazo: “esto realmente nos abre otro panorama; creo que los próximos 15 a 20 días van a ser vitales para saber cómo se avanza en las negociaciones, cómo se presenta la economía y qué toma como decisión cada gobernador”, aseveró.
Mendoza
Por Pablo Mannino
MENDOZA.- En medio de la pandemia por coronavirus, en la provincia de Mendoza existen reiterados reclamos y manifestaciones en los sectores de la salud, el turismo –principalmente en las áreas de gastronomía y hotelería– y el transporte de cargas internacional.
El personal de salud ha realizado numerosos paros para pedir al gobierno provincial mejoras laborales, ya que se manifiesta “agotado” y vive con “sueldos de hambre”. A los médicos y enfermeros se suman los dueños de bares y restaurantes, que están en alerta ante las restricciones a la circulación nocturna, ya que se amplió la franja de prohibición y no se puede transitar por las calles entre las 23.30 y las 5.30. En este marco, esta semana acudieron a la casa de gobierno para evidenciar su malestar y preocupación con las nuevas disposiciones.
El malestar y la incertidumbre son ahora mayores, en tanto aguardan conocer cómo impactará en la provincia el nuevo DNU presidencial que apunta a reducir aún más la actividad en zonas de alto riesgo y en alerta epidemiológica. “Se solicita la urgente instrumentación de medidas que hagan posible el mantenimiento de las fuentes de trabajo ya que, como se dijo, en caso de agravarse la situación, se tornará insostenible para los empleadores que ya vienen golpeados por la pandemia”, indicaron a LA NACION en la Unión de Trabajadores Hoteleros Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), seccional Mendoza, haciendo hincapié en la necesidad que tiene el empresariado de recibir un “ATP provincial”.
Los gastronómicos exigen que se evite el endurecimiento de medidas que, según indican, “solo afectan a nuestro sector, teniendo en cuenta que la pandemia no solo está presente a la noche sino que los principales contagios se dan con la aglomeración de gente durante el día”. En diálogo con este medio, Carolina Montivero, secretaria administrativa de la Uthgra provincial, dejó en claro la incertidumbre que reina en el sector, e indicó que definirán los pasos a seguir una vez que se conozcan los alcances locales de las medidas que determinó el Presidente, entre las que se establece la atención al público en espacios al aire libre y el cierre de locales a las 19, con la posibilidad de continuar, luego de ese horario, con la metodología “delivery”.
En cuanto al sector sanitario, en la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) elevaron un pedido al gobernador Rodolfo Suárez para que decrete un “urgente” regreso a la fase 1 de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Aspo) por 30 días, debido “al colapso y la saturación de camas”, lo que ha provocado que “emergentólogos deambularan durante cuatro horas con los pacientes en la ambulancia, sin conseguir un efector de salud que los reciba”, según explicó a LA NACION María Isabel Del Pópolo, secretaria general del gremio.
También, en Ampros hicieron hincapié en la falta de testeos y de vacunación. “La crisis sanitaria ha llevado a que los profesionales se encuentren al borde de incurrir en una mala praxis, con los riesgos que conlleva desde el punto de vista penal, civil y de su salud física y psíquica. Este cierre temporal estaría fundado en la necesidad de bajar la cantidad de enfermos para liberar camas y dar respuestas a la población”, explicó Claudia Iturbe, secretaria adjunta de Ampros. Bajo este complejo contexto, Del Pópolo agregó: “El sector privado también está trabajando al límite. La medicina prepaga, en vez de organizar un sistema que le permita atender al paciente de la mejor manera, lo dejan sin la cobertura necesaria”.
Por último, también se suman a las protestas los camioneros que deben cruzar a Chile, que se quejan por las demoras en los trámites aduaneros y las “sobreexigencias” oficiales de testeos de Covid-19, lo que complica el desarrollo de la actividad en tiempo y forma, así como el flujo hacia los países vecinos. En efecto, en las últimas semanas se han realizado varias protestas en los principales accesos a la capital provincial para exigir mayor agilidad en los puestos de atención fronterizos. Fuentes de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) indicaron a LA NACION que se trata de una queja recurrente, y advirtieron que, aunque por estos días no hay situaciones de colapso en el paso a Chile con el bloqueo de fronteras con Brasil y Bolivia, en el corto plazo emergerán los inconvenientes.
Por otro lado, días atrás, choferes y propietarios de empresas de transporte de viajes grupales efectuaron piquetes en las principales rutas de la provincia en rechazo del DNU presidencial que afectó a los micros de larga distancia.
Santa Cruz
Por Mariela Arias
SANTA CRUZ .- “Nos dicen esenciales y nos tratan como descartables”, dice la pancarta colgada en las rejas negras que separan la gobernación santacruceña de la carpa que un grupo de enfermeros montó diez días atrás. El personal de salud del Hospital Regional de Río Gallegos mantiene la protesta pese a que, en la noche del viernes, el gobierno de Alicia Kirchner anunció el acuerdo de una jornada laboral de 144 y 120 horas, como uno de los resultados de la paritaria del sector.
Los enfermeros autoconvocados no se sienten representados por ninguno de los cinco gremios que forman parte de la paritaria de Salud en la que se está discutiendo el Convenio Colectivo de Trabajo sectorial. Entre las modificaciones aprobadas hasta ahora, además de la extensión de la jornada laboral, se acordaron las condiciones para la movilidad en la función y traslados.
“La carpa la levantaremos cuando vuelvan nuestra situación a octubre del año pasado, con el reconocimiento de horas de los sábados, domingos, feriados y las guardias compensatorias, y nos paguen lo adeudado”, afirmó a LA NACIÓN Miguel Piris, referente del grupo que se moviliza. A las tardes heladas le hacen frente con un fuego y maderas acumuladas en el empedrado; las noches son las peores, pero eso no asusta a este grupo habitué de las salas de terapia intensiva de Covid-19.
Ellos rechazan la jornada laboral tal como salió aprobada en las paritarias: 144 horas para los regímenes full-time (dedicación exclusiva) y 120 horas mensuales para los part-time, y piden que les reconozcan su propia entidad sindical. Las marchas iniciaron hace más de dos meses, e incluyeron la toma pacífica del edificio del Ministerio de Salud provincial durante varias semanas. Ahora, decidieron montar la carpa, a la vez que cumplen con sus turnos y guardias en el hospital.
José “Tono” Pérez, tiene 49 años, y 22 de enfermero universitario. Su historia conmovió a Río Gallegos el año pasado, cuando sus amigos decidieron regalarle su primer auto en reconocimiento a su persona y su trabajo. “Mucha gente no se quiso involucrar y fuimos quedando marginados, otros no se animan a reclamar para no perder sus contratos, yo reclamo por nuestros derechos y porque creo que mi profesión es sagrada y la defiendo con dignidad”, sostuvo Pérez ante LA NACIÓN.
El gobierno provincial considera que el diálogo está abierto en la paritaria de Salud, en tanto que la paritaria central del gobierno ya otorgó un aumento que roza el 38% a todos los empleados estatales.
En paralelo, el 1 de mayo, los Brigadistas del Parque Nacional Los Glaciares –quienes trabajan tanto en los rescates de andinistas como en la lucha contra incendios– iniciaron una caminata para reclamar mejores condiciones de trabajo y la aprobación de protocolos de rescate. Tienen previsto caminar los 220 kilómetros que separan a la localidad cordillerana de El Chaltén y la ciudad de El Calafate, donde se encuentra la intendencia del Parque Nacional Los Glaciares, y esperan arribar el próximo martes, día nacional del Brigadista.
Tucumán
Por Fabián López
SAN MIGUEL DE TUCUMAN.- Dos conflictos salariales del sector agropecuario hicieron eclosión en las últimas semanas y generan preocupación entre los principales actores económicos de la provincia gobernada por el peronista Juan Manzur.
Cosecheros autoconvocados del limón, enfrentados con la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), salieron esta semana a cortar el paso de camiones en las rutas y a bloquear los accesos a fincas y plantas de procesamiento, para exigir la reapertura de las paritarias. El sector rechaza el aumento salarial del 40,6% alcanzado en marzo entre el gremio y la cámara patronal citrícola, por considerar que es insuficiente frente al encarecimiento del costo de vida registrado en los últimos meses debido a la pandemia. Uno de los mayores bloqueos se concreta en la ruta nacional 301, en el acceso a la citrícola San Miguel, principal empresa productora y exportadora de limones de la Argentina y del hemisferio Sur. Tucumán concentra el 80% de la producción nacional de cítricos, actividad que en 2020 obtuvo ingresos por casi 700 millones de dólares.
“Exigimos que se reabran las paritarias porque lo que firmaron es un acuerdo de hambre. Dicen que el 40% es un logro, pero es un 25% con un 15% del año pasado. Ganamos un jornal de $1.700, que, con los descuentos, queda en $1.350. No alcanza para nada”, planteó Víctor Santillán, uno de los voceros del sector que lleva adelante el reclamo. Los manifestantes exigen que el jornal se eleve a $2.500.
La medida de fuerza genera preocupación en las empresas citrícolas, justo cuando se acaba de anunciar la reapertura del mercado de la Unión Europea para el ingreso de los limones argentinos, tras nueve meses sin operaciones debido a la aparición de la enfermedad de la “mancha negra” en embarques provenientes de nuestro país.
“Esta protesta nos perjudica, porque el limón que no se vende hoy, no se podrá vender al doble mañana. Esto implica importantes pérdidas de oportunidades en los mercados para nuestro sector”, dijo a LA NACION el presidente de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (Acnoa), Pablo Padilla.
El dirigente descartó de plano una posible reapertura de las paritarias y defendió el acuerdo firmado con Uatre en marzo, que fue homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación. “La paritaria está cerrada y consideramos que es justa, porque se dispuso un aumento de más del 40%, lo que está por encima de la mayoría de lo alcanzado en otros sectores, y fue el fruto de una negociación realizada con todas las garantías legales, por lo que pedimos que se levanten los cortes para que la gente pueda volver a trabajar”, agregó Padilla. El presidente de Acnoa dijo que solicitaron al gobierno provincial y al Poder Judicial “que se adopten las medidas necesarias para defender las garantías constitucionales de poder circular en las rutas y de acceso al trabajo”.
Por su parte, el dirigente de Uatre, Enrique Ledesma, también defendió el acuerdo por un aumento del 40,6% logrado en las paritarias. “Nosotros participamos de una negociación salarial bajo la ley, con muchísimas reuniones que permitieron llegar a un acuerdo, con el visto bueno de la conducción nacional del gremio y del Ministerio de Trabajo, por una mejora superior al 40%”, argumentó el sindicalista, en diálogo con LA NACION.
Ledesma advirtió que detrás del reclamo de los trabajadores autoconvocados habría intereses políticos, en medio de la interna peronista que enfrenta al gobernador Manzur y su vice, Osvaldo Jaldo. “Acá hay intereses políticos de un sector que quiere tomar el gremio de prepo, con el apoyo de algunas organizaciones sociales. También hubo una mano negra de la política, porque hay fotos y videos que confirman que días antes de que comiencen con los cortes de rutas y los bloqueos, la gente que está en las protestas estuvo reunida con Jaldo”, aseguró el dirigente de Uatre.
Consultado sobre el supuesto trasfondo político detrás del conflicto, Padilla apuntó contra Germán Ferrari, uno de los dirigentes de Uatre que se reunió con el vicegobernador Jaldo días antes del inicio de las protestas.
“Este dirigente Germán Ferrari, que tiene diferencias con la mayoría del gremio en Tucumán, podría ser quien está encabezando los cortes de ruta. Le pedimos que deje de confundir a la gente que está en las rutas, diciendo que está negociando con Acnoa, porque nosotros ya cerramos las paritarias con la participación del secretario general de Uatre, José Voytenco, y gente del Ministerio de Trabajo de la Nación”, sentenció el presidente de la entidad rural.
Por otro lado, un grupo de transportistas de cargas lleva adelante un plan de lucha que incluye bloqueos en los accesos a centrales de acopio de granos y el bloqueo al paso de camiones con soja, con el objetivo de exigir un aumento en el valor de la tarifa de los fletes vigente.
Los manifestantes rechazan un acuerdo entre la Aceitera General Deheza y la Cámara que nuclea a los transportistas de cargas, por el cual se resolvió pagar un 15% menos del total de la “tarifa de referencia” de fletes que rige para la actividad y exigen que se abone la totalidad.
En la Asociación de Productores Agrícolas y Ganadores del Norte Argentino (Apronor) aclararon que es habitual que la tarifa de referencia nunca se pague al 100% debido a que es un valor sujeto a negociaciones entre productores y transportistas. Agregaron que ya contactaron a representantes de la empresa y al Gobierno provincial para tratar de alcanzar una solución.
Mediante un comunicado, desde la entidad rural denunciaron que, en el marco de la protesta, algunos camiones que transportaban soja fueron atacados esta semana. “La situación es tensa, hay armas de fuego, insultos, amenazas y violencia. El descontrol es total”, advirtieron. Además, recordaron que los productores necesitan vender para cumplir con sus compromisos y pagar sus deudas. “Esto hoy no es posible hacerlo. Un grupo de camioneros bloquea el ingreso a las plantas de acopio cruzando los camiones para impedir el paso y cortando las rutas. Lo que genera más dolor, bronca y tristeza es que están abriendo las boquillas de los camiones de aquellos colegas que no acompañan la protesta”, expresaron desde Acnoa.
Misiones
Por Martín Boerr
POSADAS.- En Misiones, los cortes de ruta se convirtieron, desde hace unos años, en la forma de protesta social más significativa, dada la preponderante circulación en las rutas nacionales 12 y 14. La RN12, que vincula Posadas con Iguazú y corre paralela al río Paraná, y la RN14, que atraviesa la provincia por el centro, conecta a todos los pueblos del Alto Uruguay; son las arterias por donde fluye la vida de Misiones: la actividad productiva, el turismo y el comercio.
En Misiones, prácticamente nadie realiza protestas frente a la casa de gobierno. Quizás tenga que ver con la hegemonía de la Renovación, el partido provincial que creó Rovira en 2007 y se fortaleció con la diáspora de peronistas, radicales y figuras de todos los partidos. Desde entonces, gana todas las elecciones sin el menor sobresalto.
Los buenos precios que se pagan a los productores de yerba mate hizo que la protesta y los cortes de ruta ahora los protagonicen los distintos movimientos sociales. El FOL (apadrinado por Martín Sereno, un diputado nacional del Partido Agrario y Social muy vinculado a Máximo Kirchher), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Pedagógico de Liberación y otros movimientos empezaron a realizar cada vez más cortes en la zona de Eldorado, Montecarlo y localidades aledañas. Se trata del epicentro de la actividad forestal y maderera, con cientos de aserraderos y las dos plantas de celulosa más grandes del país.
Los empresarios y vecinos, hartos de los cortes, la falta de diálogo y también la inacción de las autoridades, resolvieron tomar cartas en el asunto y radicaron una denuncia penal contra tres cabecillas de movimientos sociales que identificaron. Acusaron a estos tres hombres, ante la Justicia Federal de Eldorado, de someter a la “servidumbre” al resto de las personas a las que arrastran a los cortes, bajo amenaza de quitarles los planes sociales. “Identificamos a tres líderes, llamados Rubén Darío Ortiz, Alberto Cano y Dionisio Alves de Mora”, explicó a LA NACION, el abogado Lucas Vega, que presentó la denuncia.
Antes de Semana Santa, un grupo de organizaciones caracterizadas como Amayadap (aglutina a industrias madereras), la Asociación Civil de Productores Foresto Ganaderos, la Cámara de Comercio de Eldorado, Vecinos en Alerta Montecarlo y Productores Autoconvocados de Misiones sacaron un comunicado que distribuyó por redes sociales, como advertencia a los movimientos que planeaban cortar rutas. “No estamos en contra de la protesta, ni las manifestaciones, no las criminalizamos, pero es necesario dialogar y, además, necesitamos trabajar”, explicó Román Queiroz, empresario maderero y titular de Amayadap y FAIMA (la cámara nacional que aglutina a la industria mueblera).
“Estas acciones dieron bastante resultado, ahora no tenemos cortes en nuestra zona, pero siguen en otros lugares de la provincia”, agregó Claudio Bergmeier, integrante del grupo de autoconvocados.
A los cortes de ruta de los movimientos sociales, que mermaron en las últimas semanas, se empezaron a sumar los cortes de los gremios docentes disidentes del oficialista UDPM (Unión de Docentes de la Provincia de Misiones). El viernes 30 de abril se agruparon en la ruta 12, a la altura del peaje de Santa Ana, en las afueras de la ciudad de Posadas. Unos días antes, realizaron cortes en el Alto Paraná, también sobre la 12.
El 22 de marzo se vivió un momento de tensión entre la policía y los manifestantes, cuando un grupo de unos 200 referentes del FOL (Frente Organización de Lucha) realizó un bloqueo de la entrada de la Municipalidad de Alem. Los manifestantes, que reclamaban más asistencia social, estuvieron más de ocho horas hasta que llegó la policía antidisturbios, en un operativo relámpago y con gran determinación, los sacaron del acceso al edificio comunal.
El FOL es un movimiento social vinculado con muchas tomas de chacras en Misiones. Está identificado con una figura del Partido Agrario y Social (PAYS), que tiene como líderes a Héctor “Cacho” Bárbaro –diputado provincial– y Martín Sereno. El PAYS, que venía consolidando su lugar como tercera fuerza de la provincia, ahora se está diluyendo por una alianza forzada con el kirchnerismo, luego de que Alberto Fernández ganara las PASO en agosto del 2019.
Fernández le pidió a Bárbaro que le dejara su lugar en la lista de diputados a la ultrakirchnerista y camporista Cristina Brítez. Bárbaro aceptó, pero ni él ni sus socios advirtieron que la ambición de La Cámpora por copar todos los puestos y cargos apenas comenzaba. Inmediatamente, colocaron personas en las delegaciones de la Anses, PAMI, Migraciones y otros organismos nacionales.
Ahora, le coparon las listas para las elecciones del 6 de junio con diputados provinciales y concejales en un puñado de municipios. Los referentes del PAYS se están yendo desalentados. El problema es que La Cámpora no tiene inserción territorial ni representatividad en el interior, como sí lo tiene el PAYS.
