La historia del Banco Provincial de Santa Fe: el fraude de 500 millones de dólares, una causa de 31 años y ningún imputado
El vaciamiento de la entidad estatal es uno de los mayores escándalos de la provincia; el mes pasado un juez, hijo de uno de los principales deudores de la entidad, archivó la investigación y ahora un equipo de fiscales busca reabrirla
LA NACION
La Justicia calcula que hubo un fraude al Estado estimado en unos 500 millones de dólares. Las sospechas apuntan a políticos y funcionarios que gobernaron una de las provincias más ricas del país. La causa se abrió en 1990 y, luego de estar cajoneada durante varias décadas por diferentes juzgados, un magistrado la archivó el mes pasado. Nunca hubo un imputado y ahora un equipo de fiscales intenta que el expediente siga vivo.
El escandaloso vaciamiento del ex Banco Provincial de Santa Fe, en épocas del peronismo en esa provincia y del menemismo en la Rosada, terminó en una privatización que más de tres décadas después todavía busca culpables. Los responsables estuvieron en el poder político, pero también en la Justicia.
La semana pasada, cuando se cumplieron 31 años de la denuncia original, el Ministerio Público de la Acusación santafesino reclamó que la causa –cerrada hace casi un mes– siga abierta ya que la extinción de la acción penal impide continuar con la persecución de delitos de “extrema gravedad”. El reclamo ante la Oficina de Gestión Judicial de los tribunales de la capital santafesina lleva las firmas de los fiscales Carlos Arietti, Mariela Jiménez y Jorge Nessier.
En diálogo con LA NACION, la fiscal Jiménez destacó que se debe “comprender la gravedad institucional, lo que significó para la provincia el vaciamiento del banco y que a 31 años todavía sigue despertando interés lo que pasó”. Y reclamó que “la investigación debe continuar para evitar la impunidad de un sin número de hechos ilícitos”.
La maniobra
Los fiscales santafesinos buscan probar el fraude, orquestado desde el directorio de la entidad entre 1983 y 1990, que llevó al vaciamiento. Según la fiscal Jiménez, la modalidad delictiva se basó en el otorgamiento de préstamos de altísimo riesgo, de muy difícil o imposible recuperación y sin justificativos razonables a beneficiarios VIP. Y detalló, además, que también se hizo una transferencia de recursos del banco hacia el gobierno provincial, la cual “fue considerada como el golpe de gracia a la entidad”.
En las primeras dos décadas desde la recuperación democrática en la provincia, el peronismo se alternó en el poder. Primero fueron las gobernaciones de José María Vernet y Víctor Reviglio, salpicadas por varios hechos de corrupción, denuncias y sospechas de delitos nunca comprobados. Justamente bajo esas dos administraciones es donde se concentra la investigación, ya que los directorios de la entidad eran nombrados directamente por el poder político. Sin embargo, muchos de los funcionarios apuntados siguieron trabajando en los gobiernos sucesivos de Carlos Reutemann y Jorge Obeid.
La denuncia se presentó en agosto de 1990 por integrantes de la Comisión Gremial de Empleados del Banco Provincial de Santa Fe. En ese entonces, la gobernación de Reviglio estaba envuelta en otro escándalo: su vice, Antonio Vanrell, había sido destituido unas semanas antes a través de juicio político tras ser denunciado por irregularidades en la compra de juguetes y zapatillas.
Para apuntalar la línea investigativa del vaciamiento, el cuerpo de fiscales sostiene que en julio de 1991 el banco se privatizó. Es decir, la entidad se transformó en una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Mientras la ola privatizadora avanzaba desde la Rosada, la provincia estaba en plena campaña electoral. Ese mismo año, el radical Horacio Usandizaga fue el candidato más votado, pero el elegido de Carlos Menem se transformó en el nuevo gobernador, favorecido por la controvertida ley de lemas. Era el turno de Reutemann, a quien también lo siguieron las sospechas por la oscura privatización.
Causa cajoneada
¿Qué pasó en los últimos 31 años en los tribunales? El derrotero de la investigación fue tan escandaloso como la maniobra que se investiga. “La denuncia estuvo inmovilizada durante 14 años en el juzgado Civil y Comercial de la Sexta Nominación de la justicia provincial, y otros cinco años más en la secretaría del juzgado federal número 1 de Santa Fe”, detalló Jiménez. En junio de 2013, el juez federal Reinaldo Rodríguez declaró extinguida la acción penal.
Sin embargo, tres años después, la Cámara Federal de Rosario revocó esa resolución del juez Rodríguez. Recién en 2019 el expediente llegó a la Justicia provincial tras un planteo de incompetencia presentado ante los tribunales federales. Desde entonces, el Ministerio Público de la Acusación está trabajando en la investigación.
El viernes 27 de agosto pasado, a más de tres décadas de la denuncia original, los fiscales debieron presentar una apelación porque un magistrado volvió a declarar la prescripción de la causa tras el pedido de una de las defensas. El hecho sumó un nuevo capítulo oscuro a la investigación. El juez Pablo Busaniche fue quien dictó la medida. Se trata del hijo de Dante Busaniche, propietario de Piedras Blancas SRL, uno de los principales deudores del banco.
En su apelación, los fiscales Jiménez, Nessier y Arietti detallaron entre los agravios del fallo “la afectación de las garantías de imparcialidad e imparcialidad del juzgador”, porque “el juez que resolvió la prescripción debería haberse apartado, ya que tiene un vínculo familiar muy estrecho con uno de los 30 principales deudores que más perjuicio le causaron al banco”.
Informe desclasificado
Los investigadores se encuentran ahora con varios obstáculos, además de lograr que la Justicia revea la última decisión sobre la prescripción de la causa. El tiempo transcurrido es una de las principales trabas, ya que algunos de los investigados fallecieron, otros son muy mayores, aunque algunos todavía están vinculados a la función pública. La fiscal Jiménez sostiene que tienen una herramienta muy útil en sus manos: el informe que realizó la comisión Nogueras.
La Comisión Investigadora del Banco de Santa Fe, que presidió Alfredo Nogueras, finalizó un exhaustivo trabajo en 1997. Ese informe recolectó información sobre el procedimiento que llevó al vaciamiento del banco pero su contenido no fue público durante muchos años: el ex gobernador Obeid decretó que su contenido debería ser secreto hasta 2028. Con el socialismo en el poder, comenzó la desclasificación de la información, hasta que en 2016 Miguel Lifschitz ordenó que los ocho tomos puedan descargarse libremente de la página oficial de la gobernación.
La fiscal Jiménez estima que resultará dificultoso encontrar culpables, aunque considera que es positivo contar con el trabajo de la comisión Nogueras. “Ha recolectado mucha información, muchos testimoniales, participaron distintos actores de la sociedad santafesina”, evaluó.
¿Podrá llegar a algo la Justicia en uno de los mayores fraudes de guante blanco al Estado? “Lo más importante es comprender la gravedad institucional del hecho, a 31 años todavía sigue despertando interés sobre lo que pasó con el banco”, destaca la fiscal. Y aclara: “Es un caso que tiene mucha repercusión para todos los santafesinos. Todos tenemos derecho a saber qué pasó. Estamos hablando de un vaciamiento de recursos por más de 500 millones de dólares”. Por ahora, nunca hubo un imputado.
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