La jugada electoral de Cristina Kirchner que alteró las paritarias

Salvo alguna excepción, la amplísima mayoría de los acuerdos salariales que se cerraron este año en el sector público y privado contemplan una cláusula de revisión por inflación entre septiembre y noviembre. Se trata de paritarias guiadas inicialmente por la pauta oficial del 29% trazada en la ley de Presupuesto o de aumentos que llegaron hasta 35%, que fue la suba que el Gobierno, en su rol de empleador, les otorgó a los estatales nacionales. Rompió con estas referencias Cristina Kirchner al habilitar la semana pasada un incremento de 40% para el personal legislativo. Con esta maniobra, la vicepresidenta elevó la vara salarial para las negociaciones en curso, como la de los camioneros de Hugo Moyano (reclamó ayer un 50%), y adelantó algunas revisiones, como sucederá pasado mañana con la de los bancarios o con los docentes bonaerenses.

Con fino cálculo político, la estrategia kirchnerista fue rediseñar el mapa paritario para adelantar el debate por las recomposiciones en los rubros que ya advierten otra derrota contra la inflación. Pero también para despegar la pulseada por los sueldos del calendario electoral. Reconocieron la maniobra dos fuentes sindicales que orbitan por el Instituto Patria.

La intención es que los aumentos adicionales se concreten antes de las elecciones legislativas para generar un mejor clima social antes de ir a las urnas. Avanzar con el plan de vacunación contra el coronavirus y reducir al máximo el impacto de la crisis económica son las dos preocupaciones que desvelan hoy al kirchnerismo. La épica de ganar la elección en pandemia y época de escasez. Tal vez la oposición se lamente más adelante de haber pactado la postergación de los comicios.

Detrás del aumento salarial de 40% para los empleados del Congreso que otorgaron Cristina Kirchner y Sergio Massa se distingue nítida la necesidad oficial de alinear salarios, jubilaciones y hasta planes sociales con los precios de los alimentos y las tarifas. Allana el desafío el hecho de haber forzado una estabilidad cambiaria mediante diferentes versiones de cepo, aunque siempre está en falta una receta certera para domar a la inflación. El frágil acuerdo con los supermercados no muestra aún referencias claras del valor de la mercadería. Ni siquiera de insumos básicos, como el de los alimentos.

Cristina y Massa actuaron de manera deliberada para enterrar definitivamente la pauta salarial que había proyectado Martín Guzmán. Casi no hubo negociación con Norberto Di Próspero, el jefe desde hace 17 años de la Asociación del Personal Legislativo. El gremialista, amigo frecuente de Amado Boudou, demandó un 35%, pero sus empleadores lo sorprendieron con el 40% más algunos adicionales. Un irónico enroque de roles entre la patronal y los trabajadores.

Un mensaje a Martín Guzmán

La vicepresidenta le advirtió su jugada salarial al ministro de Economía, vía Axel Kicillof. No habría habido objeciones de Guzmán, a quien gremialistas y empresarios comienzan a observar cada vez con mayor desconfianza.

En la CGT barruntan que su salida se daría después de las elecciones, con o sin acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En la Unión Industrial Argentina (UIA) no hacen por ahora futurología, pero advierten con desconcierto sobre el incumplimiento de algunas reglas. El flamante jefe de la entidad fabril, Daniel Funes de Rioja, condicionó la reactivación económica a que se levanten medidas como la prohibición de despidos o la doble indemnización. “Fue el propio Gobierno el que decidió no cumplir la pauta inflacionaria de su propio presupuesto; los ejemplos del Congreso y del PAMI [hubo un aumento de 43%] disparan la presión gremial”, planteó un dirigente bancario, ajeno a las disputas internas de los industriales.

Al nuevo mapa paritario le falta todavía lo que negocien dos aliados del Gobierno, como los son Héctor Daer y Hugo Moyano. A Daer, jefe del gremio de la sanidad, los empresarios de la salud le pidieron directamente suspender la paritaria. Limitado, Claudio Moroni gestiona atajos para evitar que la negociación de un sector clave y esencial en la pandemia desencadene un conflicto.

La situación económica del transporte de cargas es diferente. Si Cristina dio un 40% para los empleados del Congreso y el PAMI otorgó un 43%, Moyano aspira con rozar el 50% de suba de los salarios para los camioneros. Después de la primera conversación entre las partes bajo el paraguas del Ministerio de Trabajo, el acuerdo se anticipa complicado. Moyano, sin embargo, apelaría a sus estrechos vínculos con algunos referentes de la Federación de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl) para afinar números y forzar un trato. La Faetyl, que es hoy la cámara de más influencia, surgió durante el macrismo tras una pelea interna entre empresarios del sector de la que el gremio no resultó ajeno.

Malestar sindical con Alberto

La pelea por los salarios se acerca a la cima de la tensión cuando en la CGT son cada vez más voces las que enumeran con fastidio las promesas incumplidas de Alberto Fernández. La preocupación central de los sindicalistas pasa por la caja de la salud.

José Luis Lingeri, el dirigente gremial que más conoce del tema por su paso en el área durante el menemismo, cruza números y hace cuentas de los días que pasaron desde que el Presidente les prometió más fondos para afrontar los gastos por los tratamientos a discapacitados. Lingeri también se queja, y no es el único, por la demora en la oficialización del decreto que modificaría el sistema de libre elección de la obra social. La normativa conversada entre el Gobierno y la CGT apunta a que cada nuevo trabajador registrado deberá permanecer como mínimo un año en la obra social de su actividad antes de disponer de la transferencia de los aportes a otra entidad de salud. Sería ir en contra de las prepagas. También contra la voluntad de alguien que opta por otro servicio.

La susceptibilidad gremial está tan a flor de piel que hasta hubo reproches a Fernández por no haber invitado a la CGT a los agasajos oficiales por la visita de Pedro Sánchez. El enojo fue expresado durante un almuerzo en el séptimo piso de la sede de la Uocra con los dos dirigentes gremiales españoles que integraron la comitiva del presidente de su país. Intercambiaron sobre los efectos de la pandemia y la crisis, pero no hablaron de indios ni barcos. Cuando Fernández tuvo su tropiezo retórico, los sindicalistas hablaban animadamente de otras cuestiones. La televisión ni siquiera estaba encendida.