La Justicia cerró de forma definitiva una causa contra Axel Kicillof por la supuesta manipulación de datos oficiales

La Justicia cerró hoy, en forma definitiva, una causa penal promovida contra el gobernador Axel Kicillof por una supuesta manipulación de datos oficiales cuando era ministro de Economía de Cristina Kirchner.

A Kicillof se lo acusaba de haber cambiado, en 2004, el método de medición del PBI para evitar el pago de un cupón a tenedores de deuda pública. Ese cambio tuvo como efecto un índice más bajo de crecimiento económico y provocó que no se gatillara el pago del cupón PBI a los bonistas.

El sobreseimiento de Kicillof fue firmado por la jueza María Servini y confirmado, por dos votos contra uno, por la Cámara Federal. Contra esa decisión, el fiscal José Luis Agüero Iturbe presentó el mes pasado un recurso: pidió que la Casación reabriera el caso y profundizara la investigación. Pero el fiscal de Casación Javier De Luca, en un dictamen presentado hoy, desistió del recurso de Agüero Iturbe. Consideró que no había delito por investigar. Así, el fallo de la Cámara Federal quedó firme y el caso, definitivamente cerrado.

De Luca se remitió a los argumentos a los fallos de Servini y la Cámara Federal, y sostuvo que “no puede haber delito de administración fraudulenta o infiel si no se genera o produce un perjuicio económico para el patrimonio administrado [el Estado]” y si ese perjuicio no es consecuencia de alguna conducta dolosa.

El fiscal consideró que los denunciantes no explicaron cómo Kicillof podría haber perjudicado a las arcas públicas. Según la denuncia, el “ardid” de Kicillof habilitaría “reclamos millonarios que excederían ampliamente lo que debiera haberse abonado oportunamente”. Según De Luca, nada de esto está probado en la causa.

“En efecto, si se considerase que el funcionario generó las condiciones para que los bonistas demandaran al Estado Nacional, se observa que ese razonamiento omite considerar que el reclamo no podría superar los montos que deberían haber cobrado con el guarismo del crecimiento PBI anterior. Los demás reclamos que pudieran hacerse son los corrientes de cualquier demanda judicial por una deuda impaga”, afirmó el fiscal.

De Luca dijo además que un cambio de criterio en el modo de medir el PBI no puede ser considerado como un falseamiento “per se”. “Se trató de la adopción de medidas dentro de las facultades legales de un ministro de economía”, manifestó. Para el fiscal, Kicillof fue acusado de un delito “jurídico-penalmente imposible”.

De Luca advirtió que su análisis no incluía un juicio sobre la necesidad ni la conveniencia de la medida que tomó el gobernador cuando era ministro. “Una eventual mala decisión en esos ámbitos no genera responsabilidad penal por sí sola”, dijo.

Y afirmó: “La hipótesis de la denuncia solo podría ser considerada si se presupone la connivencia o contubernio de los funcionarios y los acreedores, para que estos inicien demandas contra la Argentina para cobrar mayores acreencias que las que les hubiera correspondido inicialmente. En esta hipótesis, los acreedores serían partícipes necesarios de la administración fraudulenta. Pero eso no es lo denunciado aquí, donde se considera como perjuicio (para la administración pública) el reclamo por una eventual deuda impaga a esos acreedores”.

Hace un año, Kicillof había conseguido el cierre de otra causa que lo investigaba por hechos de su gestión como ministro de Economía de Cristina Kirchner: la causa por el manejo del dólar futuro, un caso que había llegado más lejos porque Kicillof había sido procesado.