La Justicia comercial decretó la quiebra del Correo Argentino

Veinte años después de iniciado el concurso de acreedores, la Justicia decretó la quiebra del Correo Argentino SA, empresa icónica del grupo Macri. Ordenó la inhibición general de la compañía y el embargo de todas sus cuentas, cuyos fondos quedaron a partir de ese momento bajo control de los tribunales, como paso previo a iniciar la liquidación de todos sus activos para pagar sus deudas.

La jueza en lo Comercial, Marta Cirulli, también dispuso la prohibición de salir del país a los directivos de la empresa. Lo ordenó tras concluir que el Grupo Socma no alcanzó las mayorías requeridas entre sus acreedores para sellar un acuerdo que le permitiera salvar a la empresa. Su quebranto, por tanto, era “la única forma legal posible, sin ningún margen de duda”, escribió.

Cirulli compartió así, los criterios de la fiscal en lo Comercial, Mónica Mauri; de la fiscal general del fuero, Gabriela Boquín; y del procurador General del Tesoro, Carlos Zannini; como también de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que coincidieron en que debía ordenarse la quiebra de la empresa.

Para el Grupo Socma, la decisión judicial representó una nueva muestra de lo que considera una persecución política orquestada por las máximas autoridades del Gobierno -bajo órdenes de Cristina Kirchner- contra el expresidente Mauricio Macri y sus familiares directos.

“El Gobierno busca venganza y tiene como objetivo a mis hijos”, afirmó ayer el exjefe de Estado, en una carta en la que sostuvo que “la Justicia está manipulada” por Zannini, al punto de haber rechazado el último intento que el Grupo Socma presentó en tribunales, ofreciendo pagarle el 100% de lo adeudado a sus acreedores privados.

“¿Por qué Zannini hace esto? Porque si aceptara que la deuda fuera pagada no podría pedir la quiebra. ¿Y por qué quiere pedir la quiebra? Porque mis hijos fueron accionistas. Esa es la razón. Es la forma de atacarlos para atacarme. Esta es la verdad. No es justicia, es persecución y venganza”, argumentó Macri.

Sin extensión de la quiebra

Al declarar la quiebra del Correo Argentino SA, sin embargo, la Justicia no ordenó extender el quebranto al holding controlante, el Grupo Socma. Pero sí estimó que existían “dudas razonables sobre la capacidad de pago” del Correo para cumplir con su propuesta de devolverle el 100% de lo adeudado a sus acreedores que había presentado semanas atrás.

“La conducta desplegada por la deudora [por el Correo Argentino SA] a lo largo del dilatado trámite concursal no auspicia -desde la perspectiva del acreedor- la necesaria confianza en el cumplimiento fiel de lo prometido, tanto más frente a la falta de concreción definitiva que ha caracterizado sus sucesivos ofrecimientos”, explicó la jueza Cirulli en su resolución de 44 fojas, en la que remarcó que buscó explayarse en términos sencillos para colaborar con el “lector común”.

“A ello se une, que la concursada [por el Correo] no tiene actividad comercial, se encuentra en una situación ruinosa, en los términos informados tanto por la Sindicatura Controladora, como por la señora Interventora y el Estudio Evaluador, sin poder afrontar mínimamente sus ahora reducidos gastos ordinarios -que se satisfacen mediante donaciones societarias- y con un desmesurado pasivo concursal y postconcursal”, abundó la magistrada.

Por el contrario, la jueza consideró entendible que el Estado plantee dudas sobre la verdadera capacidad de cumplimiento de la empresa. Por eso mismo, “concluyo que no hay elementos en la causa […] que permitan considerar al proceder del Estado nacional como actuación concursal jurídicamente reprochable”.

Para los Macri, la quiebra del Correo Argentino SA significa un duro traspié que buscaron evitar hasta el final. Su último intento se frustró el viernes, cuando la Cámara de Apelaciones del fuero Comercial rechazó, en muy duros términos, que el expediente se enviara a la Justicia porteña.

El holding familiar recurrirá ahora a la Cámara de Apelaciones, mientras que también procura acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la máxima instancia del país, donde confía que podría reencarrilar el proceso y terminar con lo que, insiste, se trata de una persecución por motivaciones políticas.

Con la declaración de la quiebra, en tanto, la jueza Cirulli extendió las funciones de quienes ya se desempeñaban como síndicos durante el concurso, en tanto que la interventora deberá presentar su informe final de gestión, como paso previo para iniciar la etapa de liquidación de activos para pagar las deudas de la empresa.