La Justicia condenó a Reynaldo Bignone a 25 años de prisión común

La Justicia condenó a Reynaldo Benito Bignone, último presidente de facto que tuvo la Argentina antes del restablecimiento de la democracia, a 25 años de prisión común por haber cometido crímenes de lesa humanidad contra 56 personas en Campo de Mayo, donde funcionaron dos centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar.

El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín sentenció al dictador como coautor de allanamiento ilegal, en 11 oportunidades, robo agravado por el uso de armas, privación ilegitima de la libertad agravada por amenazas, en 15 hechos.

Santiago Omar Riveros, de 83, ex comandante de Institutos Militares; Fernando Ezequiel Verplaetsen, de 84 años, ex jefe de inteligencia de Campo de Mayo, fueron condenados a 25 años de prisión.

El tribunal fijó la pena de 20 años de prisión para Carlos Tepedino, ex jefe del Batallón 601 de Inteligencia; Eugenio Guañabens Perelló, de 83 años, ex director de la Escuela General Lemos; 18 años para Jorge Osvaldo García, ex director de la Escuela de Infantería, y 17 años para Eugenio Guañabens Perelló.

El tribunal absolvió al Germán Montenegro, de 78 años, jefe de la comisaría de Bella Vista en 1977.

Los veredictos a los ex comandantes, quienes no estaban presentes en el lugar, fueron leidos en una repleta cancha de fútbol 5 de una sociedad de fomento barrial de Florida, partido de Vicente López, donde se llevó a cabo el juicio oral y público.

Antes de la sentencia. Todos los acusados habían coincidido en sus últimas palabras en que se consideraban "condenados de antemano" y que lo único que restaba era la "graduación de la pena".

Horas antes de la sentencia, Bignone había dicho que en la década del 70 hubo una "guerra irregular" en la cual las Fuerzas Armadas "tuvieron que intervenir en la lucha para derrocar al terrorismo".

"Que fue una guerra nadie puede ponerlo en duda", había dicho al sentarse frente al tribunal para leer un escrito durante 40 minutos.

"Se machaca con la cifra de 30.000 desaparecidos y hasta una jueza de la Corte [por Carmen Argibay] figura en un listado. A esa cifra la dejaron asentada como verdad incontrastable y nunca se demostró más de ocho mil y se barajan 500 robos de bebés pero no llegan a los treinta y ninguno cometido por personal militar", había deslizado.

"Se nos tilda de represores y genocidas. En principio, el término represión no es descalificante: la autoridad tiene el deber de reprimir los delitos de cualquier tipo. Y lo de genocida no resiste el menor análisis porque lo ocurrido en nuestro país no se ajusta en lo más mínimo a la definición internacional del delito de genocidio, sólo voceros del odio pueden sostener esto", había señalado, en declaraciones consignadas por Télam.

"Legítimas". Al igual que Santiago Omar Riveros, quien lo precedió en la palabra, Bignone se hizo responsable por todas las órdenes impartidas a sus subordinados, aseguró que todas fueron "legítimas" y recordó que en la justicia militar existía hasta la pena de muerte para la desobediencia.

Sentado de cara a los jueces y de espaldas a las pancartas levantadas con fotos de víctimas de la dictadura enarboladas por militantes y familiares que ocuparon el polideportivo de la sociedad de fomento José Hernández en la localidad bonaerense de Florida, el dictador había sostenido que "se insiste por distintos medios que se trataba de jóvenes idealistas, esto es una tergiversación de la realidad".

"Existían clandestinas organizaciones terroristas cuyos integrantes no eran ni demasiado jóvenes ni idealistas", había lanzado.

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