La Justicia confirmó la prisión preventiva dictada contra Aída Ayala
La Cámara Federal de Apelaciones de Chaco ratificó la prisión preventiva para la diputada radical Aída Ayala (Cambiemos), a quien la jueza de Resistencia Zunilda Niremperger investiga por lavado de dinero y procesó con pedido de prisión preventiva en mayo del año pasado.
El tribunal rechazó, así, un recurso de apelación de la defensa de la diputada oficialista, a cargo del doctor Ricardo Gil Lavedra, y respaldó lo actuado por la jueza de primera instancia.
Ayala es investigada por haber favorecido presuntamente en 2014, durante su función como intendenta de Resistencia, a una empresa, a través de la recolección de residuos en esa ciudad.
Los jueces Rocío Alcalá, María Delfina Denogens, Eduardo Ariel Belforte y Patricia García consideraron que existe un riesgo procesal, ya que Ayala podría entorpecer la investigación.
Ratificaron la prisión preventiva luego de que la Cámara de Casación, hace dos semanas, anulara la medida contra la diputada nacional y exintendenta Ayala.
"Al valorar la existencia o no de riesgos procesales concretos respecto de Ayala, advertimos que si bien es cierto que la misma cuenta con arraigo personal y familiar -lo que podría neutralizar su no sometimiento a la autoridad del tribunal-, los elementos reseñados, sumados a la necesidad de asegurar su comparecencia y evitar injerencias en la obstrucción de la tramitación del juicio (habida cuenta de sus vínculos y conexiones y la capacidad económica y operativa acreditada), tornan desaconsejable, por el momento, revertir el dictado de prisión preventiva en esta etapa del proceso", sostuvo el tribunal.
En la resolución, además, la Cámara indicó: "El cargo que ocupó la encartada y el que ocupa hoy en día (diputada nacional) la colocarían en posición de afectar el decurso del proceso, ya que cuenta con conocimientos y relaciones personales suficientes para la obstaculización del trámite en la etapa procesal de juicio, como ser la recepción de testimoniales durante el debate".
Hace dos semanas, la Cámara de Casación, con los votos de Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Geminiani, había anulado la prisión preventiva de la diputada, por entender que no estaba acreditada la sospecha sobre el posible entorpecimiento de la investigación. Consideraron que la diputada oficialista no debe estar detenida durante la investigación.
El asunto de la prisión preventiva de la diputada oficialista generó una fuerte controversia en el Congreso, ya que los diputados de la Coalición Cívica y de Pro apoyan la iniciativa de avanzar en el desafuero, y el bloque kirchnerista y el radical se opusieron.
El criterio en la Cámara de Diputados es que cuando un legislador tiene un procesamiento con prisión preventiva debe tratarse el pedido de desafuero para no entorpecer la investigación judicial, como ocurrió con el exministro Julio De Vido en 2017.
- La exintendenta de Resistencia (2003-2015) y actual diputada nacional (Cambiemos) es investigada en una causa por lavado de dinero, a raíz del proceso de adjudicación del servicio de recolección de residuos realizado cuando era jefa comunal en la capital chaqueña, en la que habría resultado favorecida la empresa PIMP SA