La Justicia determinó que la explosión en Río Tercero fue intencional

La máxima instancia de la Justicia penal del país determinó que la explosión de la fábrica militar de Río Tercero fue intencional.

La Cámara Nacional de Casación avaló hoy una pericia que indicó que la voladura se trató de un hecho doloso, es decir, con intención, en contradicción con el falló de un juez de primera instancia que la semana pasada sobreseyó a todos los acusados y dejó la causa sin imputados.

La resolución fue emitida por la sala II del máximo tribunal, que desestimó un recurso presentado por la defensa de quienes estaban imputados en la causa, donde se intentó que el hecho fuese juzgado como accidental.

La información fue confirmada por fuentes judiciales a LANACION.com.

El hecho cobró nueva notoriedad el martes pasado cuando el juez ad hoc Diego Estévez, que investiga la voladura ocurrida en noviembre de 1995, sobreseyó a los seis oficiales del Ejército acusados.

Dejó sin efecto, además, la indagatoria de otro militar y concluyó que las explosiones no obedecieron a un atentado, como señalaba justamente el peritaje oficial de 2003, sino a "la grave imprudencia y negligencia profesional de quienes tenían a su cargo el control del proceso industrial" de la fábrica.

Fundamentos. Esta vez, los camaristas Juan Fégoli, Pedro David y Gustavo Mitchell entendieron que la pericia que concluyó que la voladura fue provocada y no accidental puede ser usada para impulsar la investigación y debatida en juicio oral.

Así, los magistrados antepusieron el "derecho a la verdad" de las víctimas y sus familiares -garantizado en pactos internacionales- por sobre cualquier otro argumento procesal.

La decisión avaló la investigación que se realizaba por "estrago doloso agravado por tráfico de armas" -delito que prevé hasta 20 años de cárcel- contra Carlos Franke, Edberto Gonzalez de la Vega, Jorge Antonio Cornejo Torino, Oscar Quiroga, Juan Carlos Villanueva y Marcelo Gatto.

"En este caso de gravedad institucional conocer la verdad es una expectativa que el Estado debe satisfacer", entendió la Cámara.

Apelación. En tanto, tal como lo había prometido, el fiscal federal Carlos Stornelli apeló el fallo que el martes pasado había sobreseído a los seis militares y advirtió que el juez hizo una "selectiva, parcial, arbitraria y hasta capciosa" valoración de pruebas.

El fiscal ratificó que la voladura fue provocada para ocultar un faltante de armas como parte del tráfico de armas a Croacia y Ecuador cometido entre 1993 y 95, durante el gobierno de Carlos Menem.

"No encuentro motivos para excluir -como el fallo lo hace- la posibilidad de que los imputados hubieran integrado una estructura criminal en cualquiera de los grados de participación penalmente reprochables", consideró Stornelli.

El 3 de noviembre de 1995, una serie de explosiones destruyó la fábrica cordobesa que recibía y cargaba en contenedores el armamento del Ejército que, entre 1991 y 1995, se contrabandeó a Croacia, hecho por el cual está acusado, entre otros, el ex presidente Carlos Menem.

Ahora, con el aval dado a la pericia por parte de la Cámara de Casación, se volverán a evaluar las responsabilidades de la explosión, que dejó siete personas muertas y cientos de heridos.