1
La Justicia le habilitó al Gobierno dejar de pagar el plan social “Volver al Trabajo” y reemplazarlo por vouchers
La Cámara Federal de San Martín revocó una medida cautelar del juez federal de Campana que mantenía el beneficio de $78.000, que cobraban unas 900.000 personas; el Ministerio de Capital Humano prevé reemplazarlo por cursos de capacitación
5 minutos de lectura'
LA NACIONJavier Fuego Simondet
Los jueces Juan Pablo Salas, Marcelo Darío Fernández y Marcos Morán, integrantes de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, revocaron una medida cautelar que había dispuesto el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que ordenaba al Gobierno mantener el pago del Plan Volver al Trabajo a unos 900.000 beneficiarios, que cobran $78.000.
El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, había dispuesto el cese de ese beneficio para reemplazarlo por vouchers de capacitación, y los movimientos sociales nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) habían impulsado la presentación judicial para evitarlo.
En un fallo de este lunes, los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín avalaron el reclamo que presentó el ministerio de Pettovello contra la decisión de Charvay, que el 21 de abril había dictaminado a favor de un amparo colectivo presentado por trabajadores de la economía popular y había ordenado al Gobierno “que mantenga la vigencia de las prestaciones económicas que percibían los beneficiarios del Programa Volver al Trabajo” hasta el momento en que “se dicte sentencia definitiva”.
Los camaristas de San Martín consideraron que “los diferentes programas sociales que la demandada [por el actual Ministerio de Capital Humano] fue implementando, se encuentran debidamente sustentados en la legislación que dispuso expresamente su instauración, por manera que, el mayor o menor acierto o error, mérito o conveniencia de la solución adoptada por la autoridad administrativa, constituyen puntos sobre los que no cabe al Poder Judicial pronunciarse”.
En su argumentación, los jueces Salas, Fernández y Morán indicaron que el Gobierno “dictó la resolución número 295/26, mediante la cual instituyó un nuevo programa llamado ‘Programa Formando Capital Humano’, buscando con ello promover el desarrollo de calificaciones y habilidades laborales de personas con problemáticas de empleo, mediante el acceso a cursos de formación laboral y profesional que les permitiera incrementar sus oportunidades de inserción en el mercado laboral”.
“Si bien la actora pretende la continuidad de la vigencia de las prestaciones económicas percibidas, al entender que su sustitución por eventuales ‘vouchers para capacitación’ no constituye una alternativa idónea ni equivalente, lo cierto es que, al haberse instituido dicho programa en ejercicio de la potestad que prevé el inciso 2 del artículo 99 de la Constitución Nacional [que establece que el Presidente expide instrucciones y reglamentos para la aplicación de las leyes], tales cuestiones deberán ser objeto de un pormenorizado análisis al momento del dictado de la sentencia definitiva”, se aclaró en el fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.
“Desde esta perspectiva, advirtiéndose además que el órgano ministerial, mediante la resolución número 84/24 (que implementó el “Programa Volver al Trabajo”), ya había instituido su finalización al transcurrir los 24 meses a partir de su aprobación -no habiendo ello sido oportunamente cuestionado por los actores-, en el ‘sub-lite’ la acreditación del presupuesto de la verosimilitud del derecho remite a un complejo examen en torno a la razonabilidad de las medidas implementadas por el Gobierno Federal, circunstancia que exige un ámbito de debate y prueba que excede ampliamente el ceñido marco de un proceso cautelar", consideraron los magistrados.
“En este orden de ideas, a raíz de todo lo expuesto precedentemente, en este estado liminar de las actuaciones, no está verificada la verosimilitud del derecho, con el grado de certeza requerido para este tipo de medidas innovativas, por lo que corresponde hacer lugar a las quejas vertidas por la accionada en este punto”, concluyeron los jueces al revocar la medida cautelar de Charvay, juez federal de Campana que, entre otros casos, tuvo a su cargo expedientes vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su titular, Claudio “Chiqui” Tapia.
La UTEP, que lidera el dirigente del Movimiento Evita Alejandro Gramajo, criticó la decisión judicial. “La Cámara priorizó la ‘burocracia de las políticas públicas’ y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables. La Justicia avaló, así, el argumento oficial de que el programa tenía un ‘vencimiento de 24 meses’ y habilitó al Gobierno a reemplazar un salario de subsistencia por los ‘vouchers de capacitación’ del nuevo programa Formando Capital Humano, eventuales e insuficientes para cubrir necesidades básicas”, cuestionó la organización gremial de cooperativistas y otros trabajadores de la economía popular, que informó que el plan dejará de cobrarse el mes próximo.
El Gobierno anunció el 17 de marzo el fin del programa Volver al Trabajo (VAT) y su reemplazo por vouchers de capacitación, en tren de impulsar la inserción laboral. Se trata del plan exPotenciar Trabajo. El ministerio prevé engrosar su presupuesto disponible, a partir de este ahorro. Cuando el presidente Javier Milei llegó a la Casa Rosada, se dispuso el congelamiento de diferentes programas sociales. Uno de ellos fue el exPotenciar Trabajo, que se ancló en los $78.000 desde diciembre de 2023 a la actualidad.
Según datos de la UTEP, la provincia de Buenos Aires concentra la mayoría de los beneficiarios del Plan Volver al Trabajo, con 430.824. La segunda provincia con mayor cantidad de personas alcanzadas por el plan es Tucumán, donde lo perciben 56.421.
Más leídas de Política
