La Justicia ordenó que se cite a una audiencia a la Nación y la Ciudad por las restricciones de circulación

La Justicia ordenó que se convoque a una audiencia a la ciudad de Buenos Aires y a la Nación para definir si se violaron garantías constitucionales con el decreto que dispuso limitaciones para la circulación nocturna dictado por Alberto Fernández el 8 de abril pasado.

La Cámara del Crimen resolvió que se tramite un habeas corpus presentado por un grupo de abogados que denunciaron al Presidente por el decreto de necesidad y urgencia 235, que impedía la circulación entre las 0 y las 6. Hoy, esas restricciones se agravaron y la prohibición de circular rige de 20 a 6.

La Cámara revocó la decisión del juez de instrucción Diego Slupski, que había rechazado el habeas corpus “in limine” (es decir, sin darle trámite) y le ordenó al juez que convocara a la Nación, la Ciudad, el fiscal y los abogados a una audiencia. El objetivo es escuchar a las partes y luego decidir si el primer decreto de Fernández es violatorio de las garantías constitucionales porque establece una suerte de toque de queda.

La decisión de revocar el fallo del juez Slupski la tomaron los camaristas Magdalena Laiño, Ignacio Rodríguez Varela y Julio Lucini.

La presentación había sido realizada por los abogados Lucas Bruno, Alan Riedmaier, Flavia Collado, Beatriz Adela Albertelli, Antonio Aimar Fratamico, Javier Mariano Areco, Esteban Pablo Barila, y Lautaro Tomás Massimino, que cuestionaron el DNU 235/21.

Señalaron los camaristas que la decisión del juez Slupski fue prematura y que la gravedad del asunto exige que se tramite el habeas corpus con las audiencias previstas en la ley.

Los jueces de la Cámara del Crimen dijeron que “no es posible soslayar” que las limitaciones cuestionadas por los abogados “han sido recientemente ampliadas”. Los magistrados afirmaron que se “impone necesariamente un análisis actual e integral de la situación, con participación de todos los interesados”.

En la audiencia -explicaron los camaristas- el Estado Nacional podrá formular sus objeciones y la Ciudad podrá expresar su parecer, ya que la medida se aplica en su territorio.

“Solo así será posible analizar la razonabilidad y proporcionalidad de lo decidido por el Poder Ejecutivo Nacional”, indicaron y dijeron que el gobierno nacional deberá presentar en esa audiencia las constancias del tratamiento dado en el Congreso para convalidar los DNU.