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La Justicia ordenó reincorporar a 10 trabajadores de PepsiCo
El fallo descolocó al Gobierno, que lo atribuyó a una maniobra política; la Cámara laboral dijo que la empresa no cumplió con el procedimiento preventivo de crisis
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PARA LA NACIONIván Ruiz
Apenas dos horas después del violento desalojo de la planta de PepsiCo en Vicente López, la Cámara Nacional del Trabajo ordenó el jueves que la empresa alimentaria reincorporara a diez de los trabajadores despedidos, una sentencia que ayer causó desconcierto y preocupación en el Gobierno.
La Sala VI de la Cámara concedió la medida cautelar impuesta por una decena de trabajadores sindicalizados y dispuso, además, que se cumpla con el "deber de ocupación" de los empleados despedidos. Es decir, los jueces obligaron a la empresa a asignarle trabajo de manera inminente en la planta que permanece cerrada y dispusieron una multa diaria para PepsiCo de $ 5000 en caso de desobediencia.
Los camaristas Juan Carlos Fernández Madrid y Luis Raffaghelli concluyeron que PepsiCo no cumplió con el "procedimiento preventivo de crisis", el proceso legal que deben tramitar todas las grandes empresas ante el Ministerio de Trabajo previo a los despidos. Los jueces sostienen que este procedimiento prevé que la compañía "como mínimo" tenga que "explicitar las medidas" que propone para superar la crisis o atenuar sus efectos, algo que la empresa -sostienen los magistrados- no había hecho hasta ahora.
El fallo beneficia a diez trabajadores sindicalizados, incluso algunos de ellos son miembros de la comisión interna que domina la militancia de izquierda. Desde Trabajo remarcaron que cuatro de esos diez trabajadores ya acordaron su salida de la empresa. LA NACION intentó comunicarse con PepsiCo, pero desde la compañía prefirieron no hacer declaraciones. Tampoco confirmó la información el abogado de la comisión interna de la empresa.
La sentencia expuso al Gobierno, que interpretó la decisión judicial como una jugada política para reavivar el tema en medio de la campaña electoral. La noticia, de hecho, tomó por sorpresa hasta al ministro Jorge Triaca, que estaba en un timbreo de Cambiemos en San Miguel, según pudo reconstruir LA NACION.
Desde Trabajo insistieron en que PepsiCo "cumplió perfectamente" con todos los pasos del "procedimiento preventivo de crisis", atribuyeron la decisión a una motivación política y hasta deslizaron una supuesta influencia de la jueza Graciela Craig, la mujer del diputado kirchnerista Héctor Recalde, que se desempeña como magistrada en la Sala VI de la Cámara Nacional del Trabajo. La jueza Craig no firmó el fallo.
"La sentencia es una aberración no sólo para PepsiCo, sino para todo el sector empresarial", repetían anoche en Trabajo. "Es un fallo impracticable. Si la planta ya está cerrada ¿vas a poner a trabajar a cinco personas solas?", se preguntaban, con resignación.
El Gobierno había celebrado ayer otra decisión en los tribunales, pero de la justicia penal, cuando la jueza de Garantías de San Isidro Andrea Rodríguez Mentasty ordenó el desalojo de la planta de PepsiCo en Vicente López, que enseguida puso en marcha la policía bonaerense.
Edgardo Moyano, abogado de la comisión interna de los trabajadores de PepsiCo, celebró el fallo de la Cámara Nacional del Trabajo. "Así como el jueves se cumplió la sentencia de desalojo, ahora esperamos que se cumpla esta", sostuvo.
Los 691 trabajadores de PepsiCo de la planta Vicente López habían sido despedidos el 20 de junio. La empresa fundó su decisión en "cuestiones logísticas y de producción": 155 de esos empleados fueron relocalizados, pero el resto negocia su indemnización. Según los números que expuso la empresa, más de 400 empleados acordaron su salida.
Rechazo a la violencia
El obispo de San Isidro, Oscar Ojea, rechazó a través de un comunicado "el uso de la violencia en cualquier circunstancia como un medio para la resolución de los conflictos". De esa forma aludió al operativo policial que el jueves desalojó a los trabajadores que habían ocupado la planta de PepsiCo en Vicente López.
"Los que sufren por la falta de trabajono pueden ser considerados como un número", enfatizó el texto del comunicado del Obispado de San Isidro.
Por Iván Ruiz
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