La Justicia sospecha que Adorni sumó otro viaje: investigan si se fue de vacaciones a Aruba

El fiscal federal Gerardo Pollicita investiga un nuevo viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, esta vez al Caribe, a Aruba, mientras prepara nuevas medidas de prueba en la causa que analiza un presunto enriquecimiento ilícito del funcionario.

Si bien aún no está acreditado en el expediente, los investigadores del caso tienen datos de un viaje de Adorni a fines de 2024 a la isla holandesa del Caribe, con su familia.

Los datos que aportó la Dirección Nacional de Migraciones no registran ese destino, sino un vuelo de ida a Perú y otro de vuelta de Ecuador, pero en aquel momento no había, como ahora, vuelos directos de Aerolíneas Argentinas.

Adorni había dicho, cuando se conoció su viaje a Punta del Este en un vuelo privado: “No tengo ninguna inconsistencia y creo que en un año y medio es lo único que hice, irme 4 días con mis nenes”. Fue en una entrevista con Luis Majul, en la que el periodista le preguntó, sobre ese viaje: “¿No es este desproporcionado para para tu para tu patrimonio, no?“. Y él le respondió: “En el tiempo que le he quitado estos dos años y pico a mis hijos, no hay nada desproporcional”.

El informe de Migraciones sobre los Adorni es el resultado de una de las 12 medidas de prueba que pidió realizar la fiscalía a comienzos de esta semana cuando recibió la causa contra Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito.

El caso lo lleva el fiscal con el juez federal Ariel Lijo, de licencia por estos días.

Mientras espera estas nuevas informaciones, la fiscalía reúne nuevos documentos para interrogar como testigo el miércoles de la semana que viene a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, que intervino en la compra del departamento de Caballito y de la casa en el country Indio Cua, de Exaltación de la Cruz.

Adorni adquirió el inmueble de la calle Miró al 500, en el barrio de Caballito, por un monto declarado de 230.000 dólares. Dijo que lo hizo gracias a un préstamo de 200.000 dólares que le hicieron las propias vendedoras, dos mujeres de 64 y 72 años. A cambio, se constituyó una hipoteca sobre el departamento.

Las mujeres son Beatriz Viegas, jubilada de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64 años y que aparece en registros públicos como empleada de una editorial.

Nechevenko participó de esta operación y también de la compra de la casa de Indio Cua a nombre de la mujer de Adorni, Bettina Angeletti, justo un año antes, el 15 de noviembre de 2024.

Antes de tomarle declaración a Nevechenko, el miércoles, el fiscal espera reunir, entre lunes y martes, los documentos disponibles en los registros de la propiedad.

Más allá del interrogatorio, el fiscal prepara una nueva batería de medidas de prueba que se suman a las que ya están en marcha.

Pero el expediente judicial y sus pasos van necesariamente a una velocidad diferente que las consecuencias políticas de las revelaciones sobre Adorni, iniciadas con su viaje a Nueva York en compañía de su esposa y seguidas por sus minivacaciones durante el último Carnaval en Punta del Este, adonde viajó en un avión privado.

El Gobierno confirmó a Adorni en su cargo y busca blindarlo con una agenda nutrida de reuniones con los ministros del Gabinete.

Es que los pasos judiciales que podrían -si se confirman las sospechas- derivar en un pedido de declaración indagatoria son necesariamente más prolongados.

La causa está en una primera etapa de recolección de evidencia documental. Hay un protocolo de investigación de casos de posible enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos que prevé requerir decenas de constancias a diversos organismos públicos, privados, bancos, operadores financieros y bursátiles.

Más allá de esta información, una vez reunida la documentación, será necesario hacer un peritaje contable para determinar si es que hay gastos que no están respaldados por los ingresos del matrimonio Adorni.

Este análisis documental demoraría algunas semanas, por más que se haga imponiendo días de trabajo a los peritos para no prolongar el asunto.

Si este estudio contable lo amerita y respalda las sospechas, entonces el fiscal debería intimar a Adorni a que haga una justificación de sus bienes que no encontrarían sustento en sus ingresos.

En el delito de enriquecimiento ilícito se invierte la carga de la prueba: es el funcionario acusado el que debe demostrar que su enriquecimiento está respaldado por ingresos legítimos.

Si el fiscal entiende que la presentación del acusado no es suficiente para justificar los bienes por los que fue intimado, entonces podría pedir la indagatoria.

Pero la causa contra Adorni está recién en sus inicios y las evidencias se van sumando semana a semana, mientras el funcionario sigue en su cargo y tiene cita el 29 de abril en el Congreso para rendir su informe anual ante los diputados, que lo esperan con 4800 preguntas. Milei prometió estar allí.

Por Hernán Cappiello

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