La libertad de De Vido, en las manos de un camarista federal

La Justicia tiene divergencias acerca de si mantiene presos y procesados al exministro y diputado sin fueros Julio De Vido y a quien fue su segundo en el desaparecido Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, en la causa por la que están acusados de la compra con sobreprecios de cargamentos de gas licuado.

Ambos fueron procesados con prisión preventiva por el juez federal Claudio Bonadio, que, tras un peritaje, entendió que los funcionarios aprobaron compras, entre 2008 y 2015, con sobreprecios de US$7000 millones. El gas se compraba líquido a través de Enarsa y era regasificado en las plantas de Ingeniero White, puerto cercano a Bahía Blanca.

El juez basó sus conclusiones en un estudio según el cual los sobreprecios son del orden del 50%, aunque el trabajo fue criticado por las defensas y por técnicos ajenos a la causa. Ahora, la Cámara Federal debe decidir si confirma el procesamiento y mantiene presos a los acusados.

Para De Vido es un tema importante, aunque no determinante. Es que también se encuentra bajo prisión preventiva en la causa por el desvío de fondos del yacimiento carbonífero de Río Turbio.

La situación es diferente para Baratta: consiguió su libertad en la causa de Río Turbio y solo sigue preso por las compras de gas.

Los jueces que deben decidir el futuro de De Vido y Baratta son los de la Sala I Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia.

El primero se inclinaría por revocar los procesamientos de ambos y, consecuentemente, disponer el fin de la prisión preventiva. Entiende Ballestero que el punto débil de la construcción de Bonadio es el peritaje, falto del rigor necesario para mantener las detenciones.

El juez Bruglia también piensa que el peritaje no se sostiene científicamente y que no alcanza para sustentar que hubo un delito.

La investigación del juez está basada fundamentalmente en la evaluación del perito David Cohen, un ingeniero en petróleo inscripto en el registro judicial, que concluyó que entre 2008 y 2015 se pagaron casi US$7000 millones de manera ilegal en la importación de gas. Pero la metodología técnica empleada en el trabajo es discutida.

Sin embargo, Bruglia rescata que existe en la causa un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que señala irregularidades en la contratación de los barcos. que llegaban al país cargados de gas.

Es más, Bruglia cree que el informe de la AGN alcanza para sostener la existencia de un delito y, por lo tanto, se pronunciaría por confirmar el procesamiento con las prisiones preventivas.

Duro informe

La AGN había analizado el período 2008-2010 y concluyó que no se realizaron un adecuado control y seguimiento de la operatoria, y que no se cumplió con los procedimientos administrativos para garantizar la correcta adjudicación a los proveedores.

El informe destaca, además, la existencia de informes de gestión presentados fuera de término ante el Ministerio de Planificación Federal, plazos incumplidos en la presentación de los estados contables y la carencia de especificación de los datos de la cuenta bancaria a la que fueron girados los fondos del Estado nacional para la compra del gas, como tampoco los recaudados por Enarsa por la venta posterior del combustible.

Como si todo esto fuera poco, la AGN sostiene que no hay correspondencia entre los montos informados por Enarsa en concepto de transferencias del Tesoro y los depósitos en el Banco Nación.

"Los precios de los cargamentos aumentaron progresivamente, a pesar de que el marcador de referencia, Henry Hub (HH), se mantuvo estable e incluso disminuyó para alguno de los períodos involucrados", destaca el informe de los auditores en uno de sus pasajes.

En otro, se señala que "se ha verificado la ausencia de supervisión y control por parte de Enarsa en el puerto de Ingeniero White, donde se realiza toda la operación de regasificación".

Con un voto en favor de De Vido y Baratta y otro en contra, los camaristas convocaron a un tercer juez para decidir.

Fue sorteado Martín Irurzun, el presidente de la Cámara Federal, que no se sabe cómo votará.

La defensa de De Vido ya cuestionó la designación, ya que Irurzun es el autor de la doctrina que contempla que, en el caso de los exfuncionarios, existe riesgo de que pueden obstaculizar la investigación por el poder que alguna vez tuvieron.