La oposición planteó la inconstitucionalidad de la ley

El proyecto de ley de abastecimiento seguirá el mismo camino que la también polémica reforma de la ley judicial: una vez sancionada por el Congreso, los sectores afectados (empresarios y productores agropecuarios, principalmente) llevarán la norma a la Justicia para plantear su inconstitucionalidad.

Podrán encontrar argumentos más que suficientes en los discursos que, a lo largo de la maratónica sesión de ayer, desgranaron distintas voces de la oposición. En líneas generales, advirtieron que la iniciativa del Gobierno vulnera la Constitución nacional porque delega en el Poder Ejecutivo, y de manera permanente, un abanico de facultades que pertenecen al Congreso. Además, atenta claramente contra la propiedad privada, señalaron.

"Estos proyectos delegan en el Poder Ejecutivo una cantidad excesiva de atribuciones, delegación que resulta inconstitucional dado que el artículo 76 de la Constitución nacional lo prohíbe -indicó el diputado Pablo Tonelli (Pro)-. Además, se prevé sancionar conductas descriptas con imprecisión, dejando en manos del secretario de Comercio la facultad discrecional de sancionar una conducta que no le guste."

En el mismo sentido se expresó la diputada Margarita Stolbizer (GEN). "Se otorga de manera ilegal a la autoridad de aplicación el poder de disposición sobre bienes de particulares y servicios prestados por terceros. Ese poder de desapoderamiento es objetable constitucionalmente", alertó.

El diputado de la UCR y vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Jorge D'Agostino, señaló que una delegación de facultades de esta magnitud en el Poder Ejecutivo sólo es posible si previamente se declara la emergencia por abastecimiento, situación que no sucedió en este caso.

"Esta ley es inconstitucional porque delega superpoderes en un secretario de gobierno para que pueda intervenir en distintas etapas del proceso de la economía de manera discrecional", abonó el diputado Adrián Pérez (Frente Renovador).

La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Diana Conti, rechazó los planteos opositores. La diputada ultrakirchnerista alegó que las constituciones del siglo XIX tuvieron un "sustento ideológico liberal", basado en particular en el derecho a la propiedad, pero la reforma constitucional de 1994 buscó morigerarlo con la incorporación de una serie de derechos y garantías, entre ellos el artículo 42, sobre derechos de usuarios y consumidores.

"El artículo 42 es la fuente que legitima una mayor intervención estatal que la que permitía la Constitución liberal originaria. Por eso venimos ahora a sancionar estas tres leyes, que dentro de estos parámetros constitucionales contribuyen a cumplir con nuestra obligación como Estado", enfatizó Conti.

Las palabras de Conti no conmovieron a la oposición, como tampoco a los empresarios, que ayer analizaban la estrategia judicial que desplegarán en la Justicia. "Es inconstitucional porque hay artículos que representan una violación a la propiedad privada", indicó Luis Etchevehere, de la Sociedad Rural.