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La oposición presiona para apurar el tratamiento del decreto que aumenta los gastos reservados de la SIDE
Se reúne la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y se debatirá sobre el aumento de recursos que dispuso Milei para el área de inteligencia; convocarían a una sesión especial en Diputados
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LA NACIONLaura Serra
El oficialismo enfrentará hoy el primer paso de una ofensiva opositora cuando, en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, una mayoría integrada por los representantes del kirchnerismo, la UCR y Hacemos Coalición Federal busquen apurar el tratamiento del decreto de necesidad y urgencia por el que se aumentaron en $100 mil millones los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). En paralelo, la oposición más crítica del Gobierno busca voluntades para convocar a una sesión especial con el propósito de rechazar sin más el polémico decreto.
El mayor problema que afronta el Gobierno es que el 15 de este mes vencen los plazos que prevé la ley 26.122 -que regula el tratamiento de los decretos presidenciales- para que dicha comisión bicameral emita el respectivo dictamen. De no hacerlo, ambas cámaras estarán habilitadas para llevar el decreto en cuestión al recinto para tratarlo de oficio: podrán avalarlo o derogarlo con solo la simple mayoría de los votos.
El oficialismo busca demorar como sea esta instancia. Logró excluir del temario de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo -que se reunirá hoy, desde las 14- los tres decretos que dictó el presidente Javier Milei relativos a la SIDE: dos de ellos (el 614/24 y el 615/24) se refieren a la reestructuración del sistema de inteligencia, mientras que el tercero (el 656/24) dispone el incremento en los gastos reservados. En cambio, y para enojo de la oposición, el presidente de la comisión, el senador libertario Juan Carlos Pagotto, incluyó tres decretos de la presidencia de Mauricio Macri, 31 de la gestión de Alberto Fernández y solo cinco de estos siete meses del gobierno de Milei.
La jugada dilatoria del oficialismo se topará con el planteo unívoco de la oposición -dialoguistas incluidos- para priorizar el tratamiento de los tres decretos de la discordia. Por las dudas, el kirchnerismo llevará preparado un dictamen de rechazo ante la eventualidad de que venzan la resistencia de los libertarios y sus aliados de Pro. Tienen seis votos; para alcanzar la mayoría necesitarían otros tres avales. Hasta ahora solo el diputado Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal, anticipó que se suma a la embestida.
Los dos representantes de la UCR, en cambio, tendrían posturas dispares. El senador Víctor Zimmerman no es partidario de apretar el acelerador y su correligionario, el diputado Francisco Monti, aunque crítico del decreto que aumenta el presupuesto de la SIDE, aún no definió su posición a la espera de consensuarla con su bloque.
Sesión especial
Lo importante, sin embargo, no pasará por lo que suceda hoy en la Comisión Bicameral pues, como se dijo, ambas cámaras estarán habilitadas a tratar de oficio los decretos de marras a partir de la semana próxima. Massot y sus compañeros de bloque de Hacemos Coalición Federal convocarían a una sesión especial en Diputados; de hacerlo, se descuenta que los 99 representantes de Unión por la Patria bajarán al recinto, al igual que la izquierda y un sector de la UCR.
De todas maneras, el eventual rechazo que le propine la Cámara de Diputados al decreto no será suficiente para dejarlo sin efecto: la ley 26.122 exige que ambas cámaras se pronuncien en el mismo sentido.
El kirchnerismo pretende no solo rechazar la norma que incrementa los gastos reservados de la SIDE sino que, además, apuntan a obstaculizar el DNU 614/2024, que modifica íntegramente la estructura de Inteligencia. En efecto, esa medida dispuso la creación de cuatro órganos desconcentrados bajo la órbita de la SIDE: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI).
La UCR y Hacemos Coalición Federal, en cambio, prefieren focalizar su embestida contra el DNU 656. No solo porque, a su juicio, vulnera facultades propias del Congreso al disponer asignaciones presupuestarias en materia de gastos reservados; sostienen, además, que un aumento de $100.000 millones para el área de inteligencia resulta cuanto menos irritante en un contexto de fuertes restricciones presupuestarias.
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